Con esto se busca reducir el hacinamiento en los centros de rehabilitación del país, que supera el 50%. También se anuncia redistribución de presos.
El Gobierno dio a conocer, a breves rasgos, las acciones que planea implementar para buscar una salida a la crisis carcelaria que vive el país.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, señaló que una de estas acciones será bajar el hacinamiento de personas privadas de la libertad (PPL) en los centros de rehabilitación; para ello se prevé tramitar el indulto de, al menos, 2.000 personas a escala nacional.
Según el funcionario, el hacinamiento en las cárceles del país supera el 50% y un poco más del 60% solo en la ‘Penitenciaría del Litoral’.
«De este recurso legal serán beneficiados las personas adultas mayores, mujeres que padezcan alguna enfermedad o embarazadas, personas con discapacidad y con enfermedades terminales», precisó Garzón.
Además, dijo que se habilitarán escáner de carga para evitar el ingreso de contrabando a la cárcel de Guayaquil y de otras ciudades. Estos aspectos ya fueron anunciados por el exdirector del organismo, Fausto Cobo, tras el anuncio de que el Gobierno entregará 75 millones de dólares para superar la crisis en las cárceles.
Según Garzón, el Ministerio de Finanzas realizó un primer desembolso de recursos económicos, que están siendo utilizados para rehabilitar el centro penitenciario de Cotopaxi, y que unos 12 millones de dólares serán destinados para la ‘Penitenciaría del Litoral’.
Garzón aseguró que dentro del plan está también dividir y redistribuir a los privados de la libertad y que se repatriarán a privados de la libertad extranjeros a sus países de origen. Afirmó que en este proceso se encuentran 82 casos.
En tanto, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que 3.600 efectivos entre policiales y militares están distribuidos en los centros penitenciarios de todo el país a fin de mantener el control y garantizar la seguridad interna en el marco del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Además, pidió la colaboración de los medios de comunicación para que se difunda la lista de personas fallecidas, heridas e ilesas, que está elaborando el SNAI, para que sea conocida por los familiares.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, fue designada como delegada del presidente Lasso ante el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. (RR)
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