El Secretario Jurídico de la Presidencia indicó que la oposición no cuenta con los votos necesarios para la destitución. La OEA hizo un llamado a respetar la constitucionalidad.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene todo preparado para asistir este 16 de mayo de 2023 a la Asamblea Nacional para hacer frente a la acusación por el presunto delito de peculado, a través de la empresa pública Flopec, encargada del transporte de crudo.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, dijo a LA HORA que «el Presidente sí acudirá y nuestra línea de defensa es desvirtuar toda la acusación en cuanto al tema del supuesto peculado surgido entre Flopec y Amazonas Tanker”, apuntó.
Ortiz indicó que el mandatario sostendrá que esta contratación se realizó en 2018 y fue renovada en 2020. “No hay peculado porque en ese contrato, luego de adoptarse las recomendaciones dadas por la Contraloría, en este Gobierno comenzó a generar utilidades”, remarcó.
Acotó que dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador, el peculado es un delito que solo puede ser cometido por parte del funcionario que tenga a su cargo el patrimonio, condición que no se cumple. “El Presidente nunca ha estado a cargo del patrimonio de Flopec”, precisó.
Los votos
El Secretario Jurídico de la Presidencia manifestó que a pesar de la votación del pasado 14 de mayo, cuando se renovaron las autoridades del Parlamento. Los votos obtenidos no tendrían relación con la votación para la destitución del jefe de Estado.
“La elección de las autoridades del Parlamento es un tema completamente independiente y son procedimientos internos que toma la Asamblea Nacional”, asegura Ortiz.
“Lo que nosotros vemos es que no tienen los votos, el pedido de juicio político arrancó con la firma de 104 votos, luego la firmaron 54 asambleístas para remitir a la Corte Constitucional y el martes, en una sesión completamente ilegal y contraria a la Constitución, votaron 88”, recordó.
Según Ortiz, luego de que exponga el Presidente y haga uso de su derecho a la Defensa, “los Asambleístas verán de mejor manera y razonarán su voto”.
Desafío a la Corte
El Presidente y su defensa están a la espera del pronunciamiento que la Corte Constitucional (CC) debe emitir luego de que el pasado viernes pidió a través de un escrito el seguimiento a las actuaciones de los asambleístas y del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.
Para Lasso, los asambleístas estarían incurriendo en un desafío al dictamen de la CC, pues promoverían “ventilar un debate referido a aspectos relativos a la confianza en el Gobierno, al endeudamiento externo y a otros temas que se apartan del objeto del juicio”.
Al cierre de la edición de este 15 de mayo, la CC se mantenía sin responder a la solicitud presidencial.
Fuentes de la Corte indicaron que, ante un pedido concreto, los jueces se pronunciarán.
Muerte cruzada
Sobre la activación de la muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional por parte del Presidente, el Secretario Jurídico de la Presidencia reiteró que está es una alternativa constitucional.
“La muerte cruzada es una facultad que otorga la Constitución al Presidente, él la podrá utilizar cuando lo crea conveniente, él decidirá cuándo”, puntualizó.
La Constitución de 2008 establece, en su artículo 148, la posibilidad de que el Presidente disuelva la Asamblea Nacional mediante un decreto en caso de grave crisis política o conmoción social.
Fuentes cercanas a Carondelet indicaron que dentro del Gobierno ya estarían revisando el momento idóneo para anunciar la medida.
Se conoció, además, que en horas de la mañana estaría previsto un encuentro del Alto Mando de las Fuerzas Armadas para planificar las acciones a tomar en resguardo de la seguridad de la nación. (ILS)
Respaldo a la Constitucionalidad
Durante la jornada previa a la comparecencia del presidente Guillermo Lasso ante la Asamblea diversos sectores nacionales e internacionales hicieron llamados a respetar la institucionalidad y a actuar conforme a los lineamientos constitucionales.
La Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado exhortando a la Asamblea Nacional a ofrecer “todas las garantías de justicia y respeto a las normas del debido proceso”.
En el comunicado reiteran que es importante el respeto de los mandatos de los presidentes electos por el voto popular y que los plazos y términos se ejerzan “de más pleno derecho, sin presiones, ni amenazas”.
Finalizó haciendo un llamado a la “responsabilidad y la mesura” por parte de los actores que participan en este proceso.
Por su parte, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador emitió un comunicado en el que rechazó el ambiente de desconcierto e inestabilidad que es generado por “unos pocos que someten a la mayoría de la población”.
En el escrito se indica que la Asamblea Nacional “debe tener presente que el país está vigilante de un accionar responsable, con apego irrestricto a la ley y a las instituciones”.
Asimismo, pidieron a la Corte Constitucional que “dé seguimiento a los lineamientos que estableció en el dictamen de admisibilidad del juicio político”, para que se cumpla a cabalidad “y se sancione su eventual incumplimiento”.