La seguridad sigue sin ser un tema urgente en la Asamblea

DECISIÓN. La reforma constitucional iría a debate en el Pleno de la Asamblea
DECISIÓN. La reforma constitucional iría a debate en el Pleno de la Asamblea

En la Comisión de Enmiendas Constitucionales se estima que el informe para el segundo debate estará en el pleno el 28 de abril.

Mientras todos los asambleístas parecen correr para lograr enjuiciar al Presidente de la República, Guillermo Lasso, el tratamiento de la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra las mafias, el crimen organizado y la delincuencia común sigue en espera desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Ejecutivo lo remitió con el carácter de «urgente» e «importante».

La aprobación de la normativa permitiría que los uniformados coordinen acciones de seguridad para frenar los índices de delincuencia sin necesidad de decretar el estado de excepción.  Este es solo un ejemplo de los proyectos de ley que tiene pendiente aprobar el Parlamento en materia de seguridad.

Este 4 de abril de 2023, la Comisión de Enmiendas Constitucionales, esperaba la comparecencia de Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia para recoger observaciones, pero el funcionario se excusó de asistir. La mesa legislativa planifica que hasta el 28 de abril la propuesta de enmienda será puesta a consideración del Pleno para el segundo y definitivo debate.

Lo que se debate

Algunas líneas del documento que fue conocido en primer debate en el Pleno, a inicios de marzo, determinaba que para la intervención de los militares en seguridad pública se deberá cumplir tres pasos: una solicitud del Comandante de Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado; un informe motivado del Consejo; y un decreto emitido por el Presidente de la República.

Además, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo complementario a la Policía Nacional bajo los estándares: extraordinaria, subordinada y complementaria y regulada. Asimismo, respetar el ordenamiento jurídico vigente y ceñirse a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados; y existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no se vulneren los derechos.  Durante el segundo debate, los legisladores decidirán mantener o no estas observaciones. En caso de ser aprobado, el proyecto irá a referendo.

 Otro proyecto

En la Asamblea también está a la cola un proyecto sobre la Seguridad Privada. La iniciativa busca fortalecer a los guardias de seguridad privada, pero no para que se enfrenten con los delincuentes, sino para prevenir delitos, aclaró Ramiro Narváez (Izquierda Democrática).

Hasta ahora, la Asamblea ha aprobado el proyecto de Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, la ley que regula nueve cuerpos legales que establece, por ejemplo, prohibición y sanciones por reclutar a menores de edad, destrucción de droga incautada, entre otros. (SC)

Varios instrumentos internacionales

La propuesta para el apoyo militar propuesto por el Ejecutivo invoca disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional o el Índice Global del Crimen Organizado.

Además, se respalda en datos de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la ONU e incluye cifras del Foro Económico Mundial. En 2014, ese ente internacional cifró en $3 billones el valor anual de la delincuencia organizada transnacional comparado con el mercado global ilícito de alrededor de 10 a 12 billones a 2022.

En la lucha contra el crimen organizado, los Estados combaten fuerzas económicamente poderosas con un alto nivel de incidencia y adquisición de armas de defensa que les convierte en las más exitosas de su fin para blanquear activos en las estructuras ilícitas, argumenta también el Foro Económico.

En la propuesta, el Ejecutivo insiste a la Asamblea en la necesidad de que se tome en cuenta los peligros de la proliferación del crimen organizado que no pueden ser subestimados, porque no solo afectan la dignidad y los derechos humanos de las personas, sino que constituyen una de las amenazas más grandes para el desarrollo.

Además, se reporta que en Ecuador el 73,1% de muertes violentas en 2021 se efectuó con armas de fuego, lo cual es observado, no como una coincidencia ya que las organizaciones criminales nacionales se han visto inmersas en actividades terroristas pues se hallan dotadas de armamento, municiones y explosivos suficientes para enfrentarse entre sí, y en contra del personal de la Fuerza Pública.

Con la firma del Decreto 615, el Ejecutivo espera que se permita disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada.