La reactivación económica y el aumento de las ayudas sociales directas han mejorado los ingresos de los más pobres.
Con corte a junio de 2022, el porcentaje de pobreza en Ecuador bajó del 32,2% al 25%, con respecto a igual periodo de 2021.
En el caso de la pobreza extrema, el porcentaje de la población que vive con menos de $49,35 de ingreso personal, o $197,4 de ingreso familiar al mes, se redujo del 14,7% al 10,7%.
Según un último estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hasta finales de 2022, Ecuador será uno de los tres países que más reducirá la pobreza extrema en la región.
Así, el porcentaje cerrará diciembre de este año en 9,7% de la población. Esta es una noticia positiva si se toma en cuenta que el país, aún antes de la estrepitosa caída de 2020 de la mano de la pandemia, ya llevaba una senda de crecimiento económico casi cero (0,5% del PIB en promedio) desde 2015.
“Ecuador llevaba una senda de seis años de deterioro económico y social antes de la reactivación, con un crecimiento de más del 4% en 2021. Esa reactivación, obviamente, no es suficiente para solucionar todos los problemas acumulados por el mal manejo de años, pero si es un cambio en la tendencia. Ecuador llevaba a cuesta una recesión continua desde que se agotó el modelo de gasto público y endeudamiento con (Rafael) Correa”, puntualizó Jenifer López, economista y consultora en temas de desarrollo social.
Los actuales niveles de pobreza son menores a los de los primeros años de la década correísta, a pesar de que en esos momentos se disparó el gasto público.
Ventas y ayudas sociales
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, resaltó que las ventas en la economía ecuatoriana superaron los $140.000 millones hasta agosto de 2022. El dato exacto del Servicio de Rentas Internas (SRI) es de $142.021 millones.
Hasta finales de este año, se espera llegar a la cifra récord de $180.000 millones. Este dinamismo tiene un impacto discreto en el aumento del empleo formal o adecuado (un poco más de 131.000 afiliaciones nuevas al IESS); pero, por el otro lado, ha incrementado de manera significativa el movimiento y los ingresos en la economía informal.
Así, en promedio, un trabajador informal ecuatoriano, sobre todo en sectores como el comercio, la agricultura y los servicios, ha aumentado sus ingresos en entre 10% y 30%. Esto quiere decir que tiene más dinero en su bolsillo, pero sus ingresos familiares mensuales no superan los $500 mensuales.
Pablo Vera, economista y emprendedor, recalcó que sí ha existido una mejora en la economía llamada subterránea.
“Con un poco más de ingresos, una porción de la población deja de ser considerada pobre porque gana más de $87,57 mensuales, o $49,35 para la pobreza extrema. Eso no quiere decir que cubre todas sus necesidades, o que incluso su calidad de vida haya mejorado sustancialmente, pero su situación monetaria está al menos en un mejor nivel. Así, a falta de más empleo adecuado, la informalidad impide un mayor deterioro porque la otra opción es el desempleo”, dijo.
Además, la mejora en los niveles de pobreza también es resultado de mayores subsidios o transferencias de dinero a través de bonos. Esto representa un gasto anual de más de $2.000 millones desde el Estado, sin tomar en cuenta los más de $4.000 millones necesarios para mantener bajos los precios de los combustibles.
En el último año, alrededor de 500.000 beneficiarios más se sumaron al sistema de protección social.
Los mayores esfuerzos en temas de generación de empleo, más actividad económica y mejores beneficios sociales se deben enfocar en la ruralidad donde la pobreza extrema bajó del 28% al 22,7%. Esos niveles siguen siendo altos frente al promedio nacional.
Gestión del gasto público
Los mayores recursos en los bolsillos de los ecuatorianos se esfuman en gran parte porque la mala calidad del gasto (que no inició con el Gobierno de Guillermo Lasso) provoca bajos niveles de servicios públicos.
Así, lo poco adicional que se gana, se va en suplir servicios de salud, educación y otros que no son adecuadamente proporcionados por el Estado.
De acuerdo con el ministro Arosemena, el gasto social ampliado, que incluye todos los recursos destinados a temas con enfoque social en todo el sector público, llegará a alrededor de $13.000 millones en 2022.
El funcionario asegura que esa metodología para contabilizar el gasto social fue establecida en la Senplades de la década correísta. Asimismo, recalca que el promedio con Correa llegaba a los $8.000 millones y con Moreno superó los $9.000 millones.
Sin embargo, Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, cuestiona esas cifras y asegura que, en primer lugar, más del 80% del gasto social se va en gasto corriente y menos del 20% en inversión para mejorar los servicios o temas como el abastecimiento de medicinas.
Además, Cordero apunta a que el verdadero presupuesto en el sector social, solo tomando en cuenta los presupuestos de los ministerios de salud, educación e inclusión social, es de $9.672 millones para 2022.
“El incremento con relación a 2021 es de $801 millones para inversión. Sin embargo, hasta septiembre únicamente se asignaron $184 millones. Así es imposible lograr bienestar, menos aún prosperidad”, aseveró. (JS)
Ejecución presupuestaria en lo social
En comparación con las cifras de junio de 2022, la ejecución presupuestaria sí ha mejorado hasta septiembre, aunque sigue siendo insuficiente. En educación, el porcentaje llegó al 51% de un presupuesto inicial de $4.861 millones; en Inclusión Social se ubicó en un 62% de $1.640 millones; en Salud quedó en el 54% de $3.162 millones, y en Vivienda llegó al 75% de $74 millones.
Una persona que vive con menos de $49,35 al mes se encuentra en pobreza extrema.