Solo una institución, entre 26 adscritas a la Función Ejecutiva, tiene una ejecución presupuestaria mayor al 50%. Las trabas y problemas de gestión son estructurales.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, es una excepción dentro de un Gobierno sin capacidad efectiva de comunicación. Con un discurso claro y directo, bajo el slogan de ‘Orden con enfoque social’, refresca de alguna manera, según Tania Caicedo, consultora en comunicación política, la imagen de una administración pública, que a veces ni siquiera entiende lo que quiere decir.
“Este es un paso adelante en el Gobierno de Lasso; y le aporta algo de fuerza de cara a los ciudadanos; pero eso es insuficiente si a la par no hay una estrategia conjunta con todo el resto del sector público; pero sobre todo si la misma realidad desmiente ese discurso bienintencionado”, puntualizó.
Así, a pesar de que, desde su posesión y su primera rueda de prensa, Arosemena puso un énfasis especial en que se pondría manos a la obra para que el gasto se ejecute rápido y de manera eficiente, la realidad parece rebasar esos propósitos.
Poca ejecución
Según el último informe del Observatorio del Gasto Público, titulado ‘Gastar lo recaudado’, con más de la mitad del año a cuestas, la ejecución presupuestaria (lo que efectivamente se va traducido en bienes, servicios y obras) tiene un bajo desempeño.
Solo el Ministerio de Telecomunicaciones ha ejecutado más del 50% de lo presupuestado. En el otro extremo, ministerios importantes como el de Energía, o el de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni siquiera llegan al 10%.
El Observatorio determinó que sí se han hecho mayores asignaciones en sectores prioritarios; pero existen ‘cuellos de botella’ que impiden que los planes se vuelvan resultados.
Aníbal Andrade, economista y consultor internacional, comentó que el mayor peligro para el Ministro de Economía es que su discurso sencillo y coloquial se desgaste rápidamente porque los problemas en la administración pública son más complejos de lo que parecen. Esto también podría afectar otros propósitos como una importante reducción de gasto improductivo en el presupuesto para 2023.
Ingresos versus malas prácticas
De acuerdo con el Observatorio del Gasto Público, en lo que va de 2022, los ingresos petroleros aumentaron un 24% y los ingresos tributarios (impuestos) un 28%. Esto, en total, representa alrededor de $2.131 millones adicionales.
Sin embargo, los resultados no se concretan en obras y servicios porque existen malas prácticas y trabas en la administración pública.
Leonardo G. Ponce, coordinador del Observatorio, puntualizó que la problemática abarca temas cómo la falta de agilidad para concretar las transferencias de recursos y la inoperancia de funcionarios en todos los niveles del sector público.
Otro asunto es que, luego del aumento de los casos de corrupción en la contratación pública durante la primera etapa de la pandemia, los controles aumentaron, pero se han convertido en un lastre que burocratiza y entorpece de manera excesiva los procesos.
Además, se siguen haciendo las cosas a última hora, es decir, se espera hasta la última fase del presente año para firmar contratos al apuro, los cuales muchas veces no son para que las obras se hagan con eficiencia, sino para justificar el presupuesto para el siguiente año.
La reactivación es menor de lo que dice el Gobierno
A través de su Twitter oficial, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, resaltó que la reactivación se visualiza en el aumento de las ventas (más del 11% con respecto a 2021) y 112.000 nuevos empleos adecuados.
Esas cifras son cuestionadas porque solo cuentan una parte de la realidad. Así, por ejemplo, Manuel González, economista, explicó que, si se quita el efecto de la inflación y otras distorsiones, el crecimiento real de las ventas promedia solamente el 2,4%.
En otras palabras, la reactivación económica en realidad es mucho menor, y por eso los niveles de empleo, a pesar de una mínima mejora, siguen muy por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia. (JS)
Desempeño en ejecución presupuestaria
Más de 50%
Ministerio de Telecomunicaciones: 54,42%
Entre 40% y 50%
Ministerio del Deporte: 49,86%
Ministerio Relaciones Exteriores: 47,40%
Ministerio de Inclusión Económica y Social:46,30%
Vicepresidencia de la Pública: 42,84%
Ministerio de Defensa: 41,02%
Ministerio de Cultura: 40,54%
Ministerio de Salud: 39,89%
Entre 30% y 40%
Ministerio de Educación: 38,03%
Secretaría de Gestión de Riesgo: 36,94%
Secretaría de Planificación: 32,75%
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad: 32,14%
Ministerio de Gobierno: 31,54%
Entre 10% y 30%
Ministerio de Producción: 29,32%
Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 27,88%
Secretaría de Derechos Humanos: 27,86%
Ministerio de Agricultura: 27,72%
Secretaría de Educación Superior: 27,44%
Ministerio de Ambiente: 26,95%
Ministerio de Turismo: 26,05%
Ministerio de Trabajo: 21,43%
Presidencia de la República: 20,90%
Ministerio de Economía: 19,86%
Menos de 10%
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades: 9,69%
Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda: 7,83%
Ministerio de Energía: 5,01%