Precandidatos correístas tienen señalamientos en la Contraloría. El Observatorio Legislativo dice que esto abona a la desconfianza en las elecciones.
Precandidatos a ocupar cargos de alcaldías y prefecturas en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 tienen observaciones en la Contraloría General del Estado (CGE).
Por ejemplo, Pabel Muñoz, quien será candidato del movimiento Revolución Ciudadana para la Alcaldía de Quito.
El jueves 8 de septiembre de 2022, Muñoz renunció a su curul en la Asamblea Nacional como representante de la provincia de Pichincha. Lo hizo para postularse a la primera dignidad de la capital..
Muñoz enfrenta una investigación administrativa confirmada/impugnada, en sede judicial, por más de $13.600; y una glosa civil confirmada/impugnada, en sede judicial, por $15’087.861.
Esto se habría producido mientras ocupaba el cargo de Secretario Nacional de Planificación, como miembro del directorio de TAME-EP. Las irregularidades se cometieron durante el arrendamiento del Airbus A330 con matrícula HC-COH, la certificación de la aeronave y su tripulación, entre otros.
Muñoz se defiende
Pabel Muñoz calificó a este señalamiento como una “barbaridad jurídica” y un “sin sentido”. Alegó que el tema fue impugnado, desvirtuado y dado de baja en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). “El tribunal no encontró fundamentos, además que hubo violación de los procedimientos como, por ejemplo, el tiempo en el que se deben realizar las notificaciones, los estudios, auditorias, por lo que no hay argumento para una sanción (…) una de las impugnaciones ya gané”, subrayó.
Tras aclarar que la observación de la Contraloría no ha sido ejecutoriada, comentó que incluso, en el caso de la ruta Quito-Nueva York se le quiere sancionar al directorio de TAME cuando la responsabilidad sería de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Director provincial
Similar situación es la del candidato a la Alcaldía de Chone (Manabí), Marlon Humberto Vera Delgado, también del movimiento Revolución Ciudadana. En su caso se contempla una sanción administrativa previo paso a estudio por $2.702, en el cargo de director provincial del CIE.
José Leonardo Orlando Arteaga, según información que está en poder de este Diario, registra sanciones administrativas confirmadas/impugnadas en sede administrativa por $1.125, previo paso estudio por un valor de $5.940,00, y una glosa civil en la que se interpuso un recurso de revisión e impugnada en sede judicial, por terceros, por $3’795.140.
Esto habría sucedido durante su mandato como prefecto de Manabí, por el movimiento Revolución Ciudadana, específicamente por un manejo de los recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Correspondencia Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Alexandra Arce y Paola Pabón
Alexandra Manuela Arce Plúas, candidata para la Alcaldía del cantón Durán (Guayas) por UNES, registra una responsabilidad “civil culposa” observó la Contraloría.
Paola Pabón Caranqui (del movimiento Revolución Ciudadana), es actual prefecta de Pichincha, y también fue “observada” por la Contraloría con presuntos indicios de responsabilidad penal, pero, en los datos a los que accedió este Diario, no especifica el caso. (SC)
Cuestionamientos a candidatos
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), dijo que desde el punto de vista legal, los precandidatos no son, por el momento, culpables de nada. Agregó que lo que estos son indicios y presunciones, y hasta que no exista una sentencia ejecutoriada o una resolución administrativa que ordene el cobro de una glosa, son personas que están inmersas en una investigación y pueden candidatizarse a cualquier dignidad de elección popular.
En su análisis, el experto aclaró que desde el enfoque de lo que hoy se vive en materia de democracia el hecho de que existan cuestionamientos a los candidatos abona mucho más a la desconfianza de los ciudadanos en los comicios.
De acuerdo con el indicador de confianza en las elecciones que publicó en 2021 el sistema de información Latino barómetro, más del 60% de las personas no confían en el sistema de elecciones, y estas presunciones y los problemas en la administración pública que pueden haber tenido los candidatos generan más desconfianza. Al final del día, esto provoca que la democracia y el sistema se debiliten.
Celi contó además que en los países europeos, cuando un candidato o político pierde la confianza en los ciudadanos, no se presentan porque están involucrados en casos de corrupción, y lo que hacen es dedicarse a resolver esos problemas para retomar la lid electoral.
En las últimas horas trascendió que jueces de la Corte de Justicia de El Oro habrían negado la apelación a la acción de protección interpuesta por Carlos Falquez, candidato del Partido Social Cristiano (PSC) a la alcaldía de Machala por glosas determinadas por la Contraloría.