La deuda del Estado con el Banco Central se comenzará a pagar en 2023 y complicará las ya ajustadas finanzas estatales

Finanzas. La autonomía del Banco Central se restauró en los últimos dos Gobiernos
Finanzas. La autonomía del Banco Central se restauró en los últimos dos Gobiernos

Entre las obligaciones que dejó Rafael Correa están los préstamos de liquidez que el Banco Central dio para mantener el alto gasto público.

Durante la década de Rafael Correa en el poder, el gasto público más que se duplicó. Desde 2014 comenzaron a escasear los recursos para financiar ese gasto, que en gran parte se fue en clientelismo, ineficiencia, corrupción y despilfarro.

Ante el agotamiento del segundo boom petrolero, Correa echó mano de recursos de otras instituciones públicas como el IESS y el Banco Central del Ecuador (BCE) para mantener la ficción de una economía en crecimiento.

En su momento, Marcos López, como representante del Gobierno de Lenín Moreno ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, aseguró lo siguiente:

“Tenemos una deficiencia de reservas internacionales que no permiten afrontar ‘shocks’ externos. Se manipularon los balances, se llegó a tener una deuda con el Estado de más de $6.000 millones por préstamos de liquidez. Una parte de esa deuda se rebajó de manera tramposa con acciones de la banca pública. Estos son solo unos ejemplos para establecer que la falta de autonomía en el BCE es lo más nefasto que puede existir en dolarización”.

Esos malos manejos tendrán que comenzar a pagarse en el Gobierno de Guillermo Lasso. Además, en los últimos dos gobiernos, con reformas como la Ley de Defensa de la Dolarización, y un manejo responsable de las reservas internacionales, se ha cerrado la puerta para que el BCE vuelva a ser prestamista del Gobierno de turno para financiar el gasto público.

Cronograma de pagos

De los más de $6.000 millones que se malgastaron del dinero del BCE, alrededor de $3.000 millones se deben pagar desde 2023 y se terminarán de saldar en 2026.

Manuel González, economista, puntualizó que ese monto corresponde a préstamos de liquidez que se dio al Gobierno de Correa entre enero y mayo de 2017.

“Sus seguidores creen que tuvo una gestión económica magnífica. Lo que hizo realmente Correa fue tomarse hasta el agua del florero y dejar a los gobiernos futuros el ajuste”, aseveró.

Así, en 2023 se deberá desembolsar $700 millones; los pagos sumarán $1.180 millones en 2025; y llegarán a los $1.210 millones en 2026.

El Gerente del BCE, Guillermo Avellán, ha señalado que los depósitos en esa institución no pueden volver a utilizarse de manera populista. También ha recalcado que tener reservas internacionales sólidas es clave para la reactivación económica y el aumento del crédito.

Sin embargo, ahora le toca a la actual administración asumir los errores del correísmo, y eso pone más presión para que el manejo responsable de las cuentas públicas, lo que incluye la reducción del déficit fiscal (más gastos que ingresos), permita generar espacio para pagar deudas.

Tramposo pago con acciones

El 18 de mayo de 2017, a través de la Resolución Reservada No. 359-2017-M de la ex Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el régimen de Correa obligó al BCE a aceptar acciones de la banca pública como parte de pago por los préstamos de liquidez.

Con eso, se bajó artificialmente la deuda del Estado con esa institución. En concreto, se recibieron $1.605,97 millones en acciones de la CFN; $261,55 millones en acciones de la Conafips y $510,1 millones en acciones de BanEcuador.

Esos papeles no le sirven de nada al Banco Central. Tampoco los $3.000 millones que se deben pagar entre 2023 y 2026, el actual y los próximos gobiernos deben convertir en pagos en efectivo los $2.377 millones en acciones.

Así, según la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Defensa de la Dolarización, publicada el 3 de mayo de 2021, se estableció que: «El Banco Central del Ecuador transferirá al ente rector de las finanzas públicas las acciones de la Corporación Financiera Nacional, BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, mediante un contrato de compraventa a plazos, donde se definirán términos y condiciones, que deberá ser suscrito hasta el 30 de junio de 2021”

A fin de dar cumplimiento a esa disposición legal, el 30 de junio de 2021 se suscribió un contrato de compraventa de acciones mediante el cual el BCE transfirió al Ministerio de Economía las acciones de la banca pública por $2,377 6 millones.

A su vez, esa cartera de Estado adquirió el compromiso de realizar pagos de capital al BCE en un plazo de 14 años, con un periodo de gracia de cinco años.

De esta manera, la deuda será cancelada hasta 2035, y los primeros desembolsos comenzarán en 2026. Ese año puede ser catastrófico para las finanzas públicas porque también se comenzarán a pagar importantes vencimientos de la deuda externa en bonos, la cual se renegoció en el periodo de Lenín Moreno. (JS)

Banco Central tiene a disposición dos líneas de crédito para emergencia

En medio de un ambiente de gran inestabilidad interna, pero sobre todo externa, con una recesión en ciernes, el Banco Central ha conseguido líneas de liquidez para emergencia de dos de las instituciones con más prestigio a escala mundial.

La primera línea, por $1.000 millones, acaba de ser concedida por la Reserva Federal (FED) de EE.UU. y permite acceder a recursos en caso de emergencia. No es un cheque en blanco, como explicó Vicente Albornoz, decano de economía de la UDLA, pues requiere redescontar documentos.

Esto sirve como un seguro que no debería usarse nunca y que existe para dar tranquilidad a los mercados. Para un país dolarizado, el respaldo de la FED es algo que no tiene precio.

La segunda línea de crédito es del Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza. Esta línea ya existía, pero se duplicó el año pasado de $420 a $840 millones. El BIS es una especie de banco de bancos centrales y es de lo más sólido que hay en la economía.

En resumen, de acuerdo con Albornoz, el Ecuador cuenta ahora con líneas de crédito que permitirían “acceder a una liquidez equivalente a casi 2% del PIB y eso es como tener un auto con un gran seguro y un enorme guardachoque”.

En 2026 se deberá pagar uno de los montos más altos de amortizaciones de deuda pública. El valor suma $6.692 millones.