La Procuraduría General es la institución encargada de la defensa jurídica del interés público y el patrimonio estatal.
Iñigo Salvador, Procurador General del Estado (PGE), en funciones prorrogadas desde el 31 de julio de 2022, está a punto de ser reemplazado en el cargo. En las próximas horas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), designará a su reemplazo de una terna propuesta por el Ejecutivo.
En uno de sus últimos eventos públicos, Salvador, quien asumió el cargo el 31 de julio de 2018, comentó que la suma de todas las demandas de las que es objeto el Estado alcanza los $57.000 millones hasta el año 2021. Esas demandas involucran procesos judiciales en sede nacional, procesos arbitrales internacionales y procesos judiciales en sede extranjera.
Nuevo modelo de gestión
Frente a ese panorama, el Procurador consideró “indispensable” cambiar el enfoque del nuevo modelo de gestión, sin dejar de lado la defensa del Estado llegado el momento de ir a los tribunales. Para eso se necesita cambiar una matriz que abarque todas las etapas de la defensa jurídica: prevención, solución amistosa, representación, patrocinio y la recuperación de activos.
El principal instrumento estratégico de la nueva concepción en la defensa jurídica del Estado es la organización y funcionamiento de un sistema encaminado a coordinar acciones entre todos los procuradores y equipos jurídicos del sector público.
Salvador puntualizó estos detalles durante la presentación, en septiembre, del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. La normativa busca reducir la conflictividad del Estado en procesos judiciales, asegurar el buen uso de los recursos públicos, y evitar acciones adoptadas por los gobernantes que terminan en laudos arbitrales, pues “no hay arcas fiscales que soporten semejante riesgo”.
Desde que inició su gestión, en julio de 2018, dijo que se buscó hacer frente a los desafíos de la defensa del interés público como la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos, la tutela de los derechos humanos. También trabajó para dotar a la Procuraduría de herramientas acordes con la nueva forma de ejercer el derecho en los tribunales. “Ahora, la responsabilidad del abogado del Estado es más exigente y contrasta con una serie de limitaciones que debe enfrentar el sector público como las carencias financieras y tecnológicas”.
La manera de actualizar la defensa del Estado se concreta en el proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está en fase de implementación.
En lo que va del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, se han efectivizado dos procesos en contra del Estado ecuatoriano: El relacionado con la empresa Perenco, a la que se deberán pagar $374 millones. La demanda de Perenco se dio tras una medida implementada por el expresidente de la República, Rafael Correa en un momento de alza de los precios del crudo. Un decreto firmado en 2007 aumentó hasta el 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros. Otra tiene relación con el caso Chevron Texaco en la que se podría llegar a pagar $3.000 millones.
También está el caso del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, quien fue acusado de actos de corrupción, pero que nunca canceló las multas y la reparación integral que se le impuso. Los montos ascienden a $365.000 de forma individual y más de $50 millones por el caso de asociación ilícita.
A esto se suma la demanda de indemnización por daños y perjuicios de $2 mil millones planteada por los hermanos Isaías, y que según Salvador fue un intento de sentar al Estado a negociar. “El Estado no se sentó a negociar para un supuesto arreglo amistoso”. El funcionario confiaba en que los tribunales del Ecuador harían justicia, pero eso no ocurrió. “Lamentablemente, se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a presión política y, probablemente, esto no lo puedo asegurar, a presión económica”.
Su gestión
Uno de los hitos de la gestión de Salvador se registró en 2019 cuando solicitó una reparación para el Estado de $22,5 millones por los hechos de corrupción en el caso Sobornos dentro de la sentencia por cohecho que recibieron Rafael Correa y Jorge Glas, entre otros. Dos años después, colocó una placa al costado derecho del Palacio de Gobierno, en la esquina de la calle Chile y García Moreno, centro de Quito, como parte de la reparación inmaterial que consta en la misma sentencia. (SC)
Impugnaciones archivadas
Juan Izquierdo Intriago, Yolanda Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo para la designación de la autoridad de la Procuraduría presentarán hoy, 20 de octubre de 2022, el plan de trabajo que implementarían en caso de ser elegidos. Esta resolución la adoptaron los consejeros del Cpccs una vez que rechazaron y archivaron las impugnaciones presentadas.
En la sesión prevista para hoy, los postulantes expondrán sus propuestas y responderán las preguntas de los consejeros en una audiencia. El Pleno resolverá quién ejercerá la titularidad de la Procuraduría, dentro del término de un día (este viernes), una vez culminada la audiencia oral. Después de que el Cpccs designe al nuevo funcionario, notificará de su decisión a la Asamblea Nacional para su posesión.
El presidente Guillermo Lasso remitió el 11 de agosto de 2022, su terna para la designación del nuevo Procurador.