Nota actualizada el 9 de noviembre a las 08:00
Pese a que la denuncia pública ya no avanza por “acuerdos reparatorios”, la organización Unidad Popular, quien hizo la denuncia, ya recibió una respuesta por parte de la Fiscalía.
Luego de casi dos meses desde que los dirigentes de Unidad Popular ingresaran un pedido de investigación a la Fiscalía, sobre el caso de supuestos cobros por la gestión de permisos de operación de la Compañía de Taxis Sangay S.A., de Quito, por parte del hermano del concejal Orlando Núñez (Mauricio Núñez) y su exasesora Janet Lascano; la Fiscalía finalmente emitió una respuesta.
En un documento, enviado el 08 de noviembre por parte de Unidad Popular, la Fiscalía, a través del fiscal provincial Alberto Santillán Molina, determina designar a un “equipo de investigadores que practiquen las siguientes diligencias: reconocimiento de lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del personas del Sistema Especializado Integral de investigación (…)” así como también recibir la versión del sospechoso, de la víctima y de quienes presenciaron los hechos, entre otros temas relacionados con la investigación del caso.
Para este trámite, la Fiscalía entrega un plazo de 30 días contados desde el 05 de noviembre de 2021 para la entrega del informe correspondiente.
Aunque Jorge Lugmaña Llumiquinga, presidente de la Compañía de Taxis Sangay S.A, dijo, a través de un comunicado, que no va a continuar con la acción legal en contra de Mauricio Núñez y Janet Lascano, por el cobro de $10.000 por permisos de operación, este proceso legal no quedaría aquí.
Si bien los abogados de Núñez devolvieron a Lugmaña el dinero solicitado, los delitos no dejan de existir porque haya una reparación hacia la víctima, señala Pablo Encalada, abogado penalista.
“El delito existió, aunque hubo reparación. Y este delito es contra la administración pública, entonces, en este caso, el delito se consumó en el momento en el que hubo la transacción económica (…). Por eso, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de investigar y más si existe una denuncia”, explica Encalada.
Pese a que la denuncia pública inicial que fue realizada por Lugmaña, frente a la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, ya no continuaría con su trámite, Natasha Rojas, di- rigente de Unidad Popular (UP), solicitó un pedido de investigación a la Fiscalía para que, según Rojas, se descubra a los autores, cómplices y encubridores de un posible delito de tráfico de influencias, cohecho y estafa.
Solicitamos a la Fiscalía se investigue al Concejal de #Quito #OrlandoNúñez por los cobros ilegales denunciados por los socios de la Coop. de Taxis Sangay para entregar permisos de operación.@marcocadenaup @cucomitae73 pic.twitter.com/VZKYHWQxnG
— Natasha Rojas (@natasha_rojas) September 19, 2021
“Estamos en la espera que la Fiscalía nos convoque al reconocimiento de la firma y rúbrica para que continúe todo el proceso de investigación frente al pedido que solicitamos”, resaltó Rojas y añadió que este tipo de acciones no pueden quedarse en el olvido.
Estado de la denuncia
Al momento la denuncia se encuentra en etapa de indagación fiscal que podría durar hasta un año. No obstante, según explica el abogado penalista Joffre Campaña, este proceso no debería demorar más de 3 meses porque habría suficiente evidencia del delito, “debería ser un tema relativamente rápido y, de esta manera iniciar un proceso penal para sancionar una conducta tan grave porque no solo está en juego un tráfico de influencias sino la conducta de funcionarios que utilizan los cargos públicos para enriquecerse”, finaliza Campaña.
Una vez que la Fiscalía haga este llamado, los dirigentes de UP, deberán presentar elementos de hecho y de derecho, es decir, las pruebas correspondientes que sustenten la denuncia y aporten en el progreso de la investigación.
Marco Cadena, abogado de Unidad Popular, explicó que presentarán pruebas de la entrega del dinero por parte de la cooperativa a Mauricio Núñez y Janet Lascano. Además, mencionó que quien estaría a cargo de este caso es el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina.
Este diario intentó comunicarse con el concejal Orlando Núñez, sin embargo, no tuvo respuesta. Lo último que se conoció del funcionario y su hermano fue que habrían salido del país, el 23 de septiembre, a una gira musical. Desde entonces no ha habido pronunciamientos por parte de los involucrados.
Asimismo, se buscó opiniones de los concejales integrantes de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, para saber cómo avanza la investigación dentro del Municipio de Quito y tampoco se obtuvo respuestas.
Por su parte, Natasha Rojas y Marco Cadena aseguran haberse reunido con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para solicitarle que, a través de Quito Honesto, también se envíe un pedido de investigación respecto a esta denuncia.
“El alcalde nos dijo que tendrá las puertas abiertas para que puedan fluir los temas de lucha contra la corrupción y nosotros le tomamos la palabra”, finalizó Cadena.
Lo que dice la ley
El artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina que en la fase de investigación previa “se reunirán los elementos de convicción de cargo y descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa”.