77 instituciones educativas rurales, de ocho provincias de la Sierra y Oriente, fueron aprobadas por el COE Nacional.
La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), para que 77 unidades educativas rurales retomen los programas piloto de asistencia presencial a clases.
“Esta decisión expone innecesariamente a los niños, niñas y adolescentes, por ende, a sus familiares directos”, señaló la institución.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a revocar la medida para el retorno progresivo a las clases y que en su lugar se garantice el acceso a Internet en las zonas rurales. Uno de los argumentos es que el proceso de vacunación en el país aún es limitado.
COE defiende el retorno
Durante una entrevista televisiva, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, detalló que el proceso fue previamente estudiado y que las instituciones que retornaron son aquellas que no tiene mayores complicaciones de Covid-19, agregando que los docentes pertenecen a la misma comunidad.
“Existen informes de la Unicef sobre el problema afectivo que tiene los estudiantes”, dice Zapata, quien señala que con esto se puede evitar crear episodios depresivos.
Además, resaltó que el plan piloto es voluntario y está sujeto a revisión.
En el mismo espacio, Monserrath Creamer, ministra de Educación, detalló que desde agosto se han aprobado pilotajes y que por cuatro meses las escuelas que volvieron progresivamente a clases “funcionaron muy bien”. (AVV)