La entidad de derechos humanos hace una exhortación, en cada uno sus ámbitos, a manifestantes, a la fiscalía, y a la fuerza pública.
Cuando la movilización iniciada iniciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cumple este 18 de junio de 2022 su sexto día, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, expresó su “total preocupación” por las múltiples denuncias de amenazas y agresiones que han sufrido en el contexto del paro nacional, servidores públicos, trabajadores, personal de la salud, deportistas, entre otros, en el ejercicio de sus labores públicas o privadas.
La Defensoría se refirió así, por el hecho de que ciertos manifestantes estarían exigiendo el pago de “salvoconductos” o “dádivas” para permitirles cumplir sus actividades de trabajo.
La Defensoría consideró que estos hechos transgreden los preceptos constitucionales recogidos en los artículos 33 y 325 de la Carta Magna en los cuales se garantiza toda modalidad de trabajo público o privado, dependiente o independiente. Precisamente, el 17 de junio de 2022, el ciclista profesional Jhonatan Narváez denunció ataques de manifestantes mientras realizaba un entrenamiento en Quito.
#DPEenTerritorio |La delegada provincial de #Chimborazo, Dra. Mónica Bonilla, durante la tarde y noche del viernes 17 de junio, verificó el estado de pacientes heridos producto de las manifestaciones en #Riobamba y constató el estado de cada uno de ellos. pic.twitter.com/fSpGcJredS
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) June 18, 2022
Exhortación a manifestantes
- A ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica dentro del marco constitucional del respeto a los derechos humanos.
- A abstenerse de amenazar u obligar a otras personas a que se sumen a su protesta dejando a salvo su derecho a la resistencia.
- A no impedir ni obstaculizar las labores de los profesionales de la salud, equipos de rescate y cualquier otra actividad laboral reconocida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. b.
A la Fiscalía General del Estado
- A investigar las denuncias de amenazas, agresiones y limitaciones al ejercicio del derecho al trabajo; y de las labores de rescate de profesionales de la salud, en el contexto del paro nacional, garantizando el debido proceso conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente.
A la fuerza pública:
- A tomar acciones de forma profesional acorde con su rol en el marco del respeto a los derechos humanos y evitar hechos de violencia en sus respectivos procedimientos. d. A la administración de justicia
- A ejercer y aplicar el marco constitucional y legal garantizando el debido proceso en sus acciones. (SC)