Defensa de Guillermo Lasso busca abrirse paso en medio del bloqueo de la oposición

Edgar Neira insistirá que se incluya como prueba los documentos de los contratos para el alquiler de embarcaciones entre Flopec y Amazonas Tanker desde 2018.

Dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, la defensa del mandatario busca abrirse paso en medio de un bloqueo de la oposición que no accedió que se incluyan como pruebas, entre otros, los documentos de los contratos para el alquiler de embarcaciones entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker desde 2018 (administración del expresidente Lenin Moreno).

Edgar Neira, abogado de Lasso anticipó que insistirá ante la Comisión de Fiscalización para que, en base a la garantía de debido proceso, se practiquen las pruebas que son “indispensables” y puedan ser valoradas previo a la expedición del informe.

“No es jurídicamente admisible, ni éticamente aceptable que la Comisión de Fiscalización desestime el derecho que tiene el encausado a presentar pruebas de descargo”, dijo Neira en el espacio de entrevista en la cadena radial FM Mundo, hoy 11 de abril de 2023.

Remarcó que, para que los asambleístas (UNES, PSC, ID, Pachakutik) cuenten con mayores elementos de juicio podrían solicitar a Flopec toda la información y los antecedentes previos a la suscripción del contrato en diciembre de 2018.

Según los acusadores de Lasso, la adenda del contrato para el transporte de crudo entre Flopec y Amazonas Tanker se habría firmado en marzo de 2020 sin la autorización del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), ni informes técnicos, legales, ni financieros.

Pero Neira, aclaró que, el contrato original se suscribió en diciembre de 2018, y en marzo de 2020 se firmó un convenio modificatorio o adenda.

Esto ocurrió meses antes de que Guillermo Lasso asuma el ejercicio del poder. “Desde ese punto de vista, el presidente no tiene ninguna razón para responder por un contrato que fue negociado y ejecutado antes de asumir el mando”.

Incluso, dijo, la Contraloría, en noviembre de 2021 elaboró un examen especial donde alerta sobre ciertas condiciones relacionadas con este contrato, pero en ningún momento determinó indicios de responsabilidad penal, ni recomendó la terminación del contrato que está sometido a un arbitraje internacional.

“Si se cometía la irresponsabilidad de dar por terminado el contrato, las consecuencias económicas para el país habrían sido perjudiciales para los recursos públicos porque habría que pagar penalidades e indemnizaciones por daño emergente a una empresa extranjera”.

En su examen, la Contraloría también recomendó la negociación de nuevas condiciones favorables al erario público, y Flopec (en la actual administración) acogió las sugerencias que ha ido generando un mayor ingreso para la empresa pública con una utilidad de más de $180 millones, aseguró el abogado.

“Por lo tanto, no existe perjuicio al Estado, ni puede afirmarse que existe peculado, ni responsabilidad política que se le pueda imputar al jefe de Estado”.

Mientras tanto, Viviana Veloz (UNES) anunció que están dentro del plazo para presentar las pruebas de cargo, y cuando se inicie el proceso de sustanciación se comprobará, dijo, que el presidente es responsable político al haber permitido que se desvíen fondos del Estado en Flopec para favorecer al proveedor Amazonas Tanker. (SC)

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