Medio centenar de organizaciones aseguran que decretos emitidos por el presidente Guillermo Lasso son inconstitucionales. Analizan acciones legales.
Bajo la consigna “100 días para desmantelar el país con los decretos 95 y 151”, organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos aseguran que el Decreto 95 (política petrolera) y el Decreto 151 (política minera) son inconstitucionales porque no fueron consultados a los pueblos y nacionalidades indígenas.
El Decreto 95 busca impulsar una mayor participación del sector privado y duplicar la producción petrolera; mientras que el de Decreto 151 brinda seguridad jurídica y garantías para la implementación del Plan de Acción Minera.
Silvia Bonilla, integrante del Frente de Ambiente (conformado por 50 colectivos), señaló que estas dos políticas son impuestas porque no se ha garantizado el derecho a la participación de todas las personas en asuntos de interés nacional.
Bonilla recordó al Estado que la Corte Constitucional en el año 2010 resolvió que la consulta prelegislativa a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas se la debe realizar en todos los actos normativos.
“Es decir desde una ordenanza hasta un Decreto Ejecutivo, la consulta no solo se debe garantizar en la Asamblea Nacional – dice Bonilla-, sino también en estos decretos porque ha vulnerado la forma del procedimiento que tenía que seguirse”.
Así el Estado tiene la obligación de realizar la consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas antes de la adopción de una medida que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
Las organizaciones precisan que tampoco se ha garantizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos; pese a que el presidente Lasso se comprometió a garantizar este derecho.
El 2 de abril de 2021, Guillermo Lasso firmó un acuerdo con el Frente de Ambiente donde se comprometió a:
- Respetar la consulta previa vinculante
- Crear una veeduría para el Yasuní
- A no explotar la minería a cielo abierto
- A no explotar en zona sensible: fuentes de agua, pajonales, páramos.
De estos acuerdos, el presidente Lasso solo se ha pronunciado sobre el último. Ha ratificado su compromiso de no explotar en lugares donde hay fuentes de agua.
Ante esta situación, las organizaciones aseguran que analizan demandar no solo estos decretos, sino la política extractiva ante la Corte Constitucional y ante jueces constitucionales ordinarios para garantizar los derechos.
Además hacen un llamado a la Corte Constitucional para que resuelva los casos que se encuentran en sus despachos en relación a la consulta previa.
Cinco décadas de explotación
En junio de 2022 se cumple 50 años de la extracción del primer barril del petróleo en el norte de la Amazonia ecuatoriana. Alberto Acosta, economista y exasambleísta constituyente, hace un balance en relación a los impactos ambientales y sociales en la zona.
Asegura que hay contaminación del agua, el aire y el suelo, lo que ha generado problemas de salud en las personas como el aumento de casos de cáncer.
Además, enfatiza que tras la explotación petrolera, dos pueblos de la zona desaparecieron en su totalidad: Tetete y Sansahuari, que habitaban en la provincia de Sucumbíos.
Íntag: un pueblo que resiste
Para Carlos Zorrilla, miembro de Colectivo Caminantes, el Decreto 151 solo toma en cuenta lo que está debajo de la tierra, pero no considera lo que hay en la superficie como la diversidad ecológica y las fuentes de agua que hay en el territorio y -asegura- se han visto afectados por la minería.
Zorilla vive desde hace 45 años en Íntag, zona ubicada en la provincia de Imbabura donde se ejecuta el proyecto minero Llurimagua. Afirma que hasta el año 2019, alrededor de 41 bosques protectores fueron afectados por la minería y casi 300 especies animales se encuentran en riesgo.
Desde la década de los 90, los habitantes de Íntag han luchado para que las empresas mineras no ingresen a su territorio. No obstante, en 2014 la empresa Enami –Ep, con resguardo policial y militar, logró ingresar.
La ejecución del proyecto ha sido cuestionada por las comunidades de la zona. Incluso en un informe de la Contraloría General del Estado (2019) se observó que el Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto y plan de manejo sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. (MC)
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