La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en una reciente entrevista con LA HORA volvió a cuestionar medidas como la subida del IVA y la reducción del subsidio a los combustibles. Abad considera que, en una economía en crisis, esas medidas son «un cuchillo en el corazón de los ecuatorianos». Un analista financiero, con experiencia en bancos de inversión, explica por qué ese tipo de declaraciones juegan en contra del empleo y la inversión en Ecuador.
Durante una entrevista con LA HORA, desarrollada el pasado 4 de diciembre de 2024, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dijo lo siguiente con respecto a la subida del IVA al 15% y la reducción del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís (todas medidas tomadas por el presidente Daniel Noboa dentro de un acuerdo de financiamiento con el FMI):
«Ningún subsidio es bueno para la economía del país. En eso estamos clarísimos. Pero resulta ser que en este momento del Ecuador, donde el ecuatoriano promedio no tiene trabajo, en donde en este momento sacar para un pasaje de bus para un estudiante de universidad no lo tiene. Esas son realidades sociales. Usted no puede alzar impuestos, subir combustibles. Esto es un cuchillo en el corazón de los ecuatorianos. Tenemos que pensar en que momento hacer las cosas. Usted no puede quitar los subsidios mientras no fortalezca la economía».
???????? | La vicepresidenta Verónica Abad (@veroniabad) menciona que el alza de impuestos y de los combustibles es como un cuchillo al corazón de los ecuatorianos. ¿Retirará el subsidio a la gasolina en caso de llegar a la Presidencia?
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— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) December 3, 2024
Las declaraciones de Abad, según el criterio de Andrés Luna, economista y exconsultor de varias bancas de inversión, reflejan un dilema político y económico clásico en países en desarrollo: el balance entre atender necesidades sociales inmediatas y seguir políticas macroeconómicas sostenibles.
Abad, que ha sido suspendida de su cargo a través de un acto administrativo del ministerio de Trabajo, hecho que ha sido cuestionado por decenas de abogados en el Ecuador, ha repetido en varios ocasiones que, si llega a la presidencia, desmontaría medidas como la subida del IVA y la reducción del subsidio a las gasolinas.
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Desde el punto de vista de un analista de un banco de inversión como JP Morgan, estas afirmaciones pueden tener implicaciones importantes sobre la percepción de riesgo del país, la confianza de los inversores y el desempeño económico general, acotó Luna
1. Incremento en la percepción de riesgo: La contradicción entre las declaraciones de Abad y las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) introduce incertidumbre sobre el compromiso del gobierno ecuatoriano con las reformas estructurales necesarias.
Esto puede:
-Aumentar el riesgo país: Las dudas sobre la coherencia y sostenibilidad de las políticas económicas pueden llevar a un alza en los rendimientos exigidos por los inversionistas para adquirir deuda ecuatoriana. «Si Abad llegara a la presidencia, y emitiera un par de decretos, por ejemplo, para desmontar la reducción del subsidio a los combustibles y bajar el IVA al 13%, inmediatamente el riesgo país podría aumentar a los 2.000 puntos o más. Solo eso ya complicaría seriamente cualquier proyecto de inversión en el país e incluso el financiamiento externo de los bancos«, puntualizó Luna.
-Generar desconfianza en el cumplimiento del acuerdo con el FMI: Los acuerdos con el FMI suelen ser interpretados como una señal de estabilidad, pero si el cumplimiento está en duda, esto afecta la percepción de Ecuador como un destino para inversiones.
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2. Ahuyentar la Inversión Extranjera Directa (IED): La inversión extranjera es particularmente sensible a señales de inestabilidad política y económica. Las declaraciones que sugieren descoordinación dentro del gobierno pueden:
-Reducir la confianza en las instituciones: Si no hay claridad en la dirección económica, las empresas pueden dudar en comprometer capital en el país.
-Desincentivar la planificación a largo plazo: La falta de medidas como la reducción de subsidios podría interpretarse como un retraso en la consolidación fiscal, lo que afecta la sostenibilidad de la economía.
3. Efecto sobre los ecuatorianos y el ciclo de pobreza: Si las políticas para eliminar subsidios no se implementan con un plan de transición estructurado y coordinado, y no son consideradas políticas de Estado, que se respetarán sea quien sea el gobernante, las consecuencias pueden ser graves:
-Persistencia del déficit fiscal: Los subsidios representan una carga significativa para las finanzas públicas. Si no se eliminan gradualmente, el déficit puede agravarse, llevando a mayor endeudamiento y eventualmente a inflación o devaluación.
-Limitación de recursos para inversión social: El gasto en subsidios reduce los recursos disponibles para programas de generación de empleo o inversión en infraestructura.
-Mayor desigualdad: La incertidumbre y el estancamiento económico pueden empujar a más ecuatorianos a la informalidad o al desempleo.
Desde un enfoque de análisis financiero, Luna recomienda las siguientes acciones para evitar un mayor deterioro de la imagen del Ecuador a nivel internacional:
-Coherencia en el discurso político: Es crucial que el gobierno envíe mensajes claros y coordinados para reducir el riesgo de desconfianza de los mercados.
-Planificación de transición: Si los subsidios deben mantenerse en el corto plazo, es fundamental delinear un cronograma creíble para su eliminación, acompañado de medidas compensatorias como transferencias directas a los más vulnerables.
-Reformas estructurales: Complementar la reducción de subsidios con políticas que fortalezcan el empleo formal y atraigan inversión extranjera.
-En última instancia, las declaraciones contradictorias dentro de un gobierno generan ruido que puede traducirse en mayores costos financieros para el país y en la postergación de medidas esenciales para el crecimiento sostenible. Para evitar esto, es necesario un liderazgo que articule claramente las prioridades a corto y largo plazo.
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Un gobierno desfinanciado agrava el problema
Efecto en el empleo y la inversión privada: Cuando un gobierno no paga a sus proveedores, genera una cadena de impagos que afecta directamente a las empresas contratistas y, por ende, al empleo formal.
En el Ecuador, el atraso en pagos a proveedores del Estado ha afectado a sectores como la construcción y la salud, donde muchas empresas dependen del gasto público para operar.
Impacto en la credibilidad: La incapacidad de un gobierno para honrar sus obligaciones deteriora la confianza de los inversionistas, aumenta el riesgo país y eleva el costo de financiamiento para el sector público y privado. Actualmente, el riesgo país del Ecuador fluctúa entre los 1.200 y 1.300 puntos, solo economías como Venezuela y Bolivia son vistas como más riesgosas.
Subsidios y gastos ineficientes perpetúan la crisis
Distorsión económica: Los subsidios a los combustibles, aunque buscan proteger a los más vulnerables, tienden a beneficiar desproporcionadamente a sectores de mayores ingresos. En Ecuador, los subsidios a combustibles representan más del 3% del PIB en 2022, recursos que podrían redirigirse a inversión social y generación de empleo.
Sostenibilidad fiscal: Mantener subsidios y otros gastos ineficientes sin una fuente de financiamiento estable lleva a un mayor déficit fiscal y endeudamiento, lo que limita la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis.
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El IVA como fuente inmediata de ingresos
Rápida recaudación: Subir el IVA permite al gobierno incrementar sus ingresos fiscales de manera más predecible y menos distorsionadora que otros impuestos. Aunque esta medida puede ser regresiva, su impacto puede mitigarse con programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Estabilidad macroeconómica: Una mayor recaudación mejora la solvencia fiscal, reduce la necesidad de emitir deuda y genera confianza en la economía.
Consecuencias de evitar reformas
Mayor informalidad y pobreza: Sin recursos suficientes, el gobierno no puede implementar políticas activas de empleo o invertir en infraestructura productiva. Esto perpetúa la informalidad laboral, que en Ecuador afecta a más del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA).
En el contexto ecuatoriano, evitar reformas estructurales ha resultado en situaciones críticas como:
Dependencia de financiamiento externo: Ecuador ha tenido que recurrir al FMI y otros organismos internacionales para cubrir sus déficits, lo que limita su soberanía fiscal. Actualmente, la deuda externa con organismos multilaterales supera con creces los $25.000 millones y sigue subiendo año a año.
Impacto social del estancamiento económico: Los retrasos en pagos a proveedores han afectado la calidad de servicios esenciales como la salud y la educación, aumentando el descontento social. (JS)