El Gobierno envió al Registro Oficial el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. Con este paso, este proyecto se convertirá en ley y entrará en vigencia desde enero de 2025.
José de la Gasca, ministro de Gobierno, anunció la decisión hoy durante una entrevista en radio Centro, de Guayaquil.
“Debo decirle al país. Acabo de regresar del despacho del señor Presidente (Daniel Noboa), quien ha firmado el decreto ley. Está próximo a ser enviado para su publicación en el Registro Oficial”, refirió De la Gasca
Se refiere al Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, que el Gobierno denomina ‘Ley Antipillos’. Este proyecto fue debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero fue archivado tras ese primer análisis. Esta resolución legislativa fue remitida al Registro Oficial y se publicó el 28 de noviembre.
Sin embargo, el Gobierno insistió en que se agote su tratamiento en un segundo debate durante los 30 días de plazo que la ley le faculta a la Asamblea, desde que recibe un proyecto de carácter económico urgente. Este plazo feneció el 8 de diciembre de 2024.
Gobierno defiende su ‘Ley Antipillos’
El ministro justificó que el Gobierno, con su decisión de enviar el proyecto al Registro Oficial, cumple su compromiso de “poner al país por delante, de luchar denodadamente en contra de las mafias”.
Cuestionó que en la Asamblea Nacional se trató de “disfrazar a la ley de algo que no era”. En la Asamblea se argumentó que dicho proyecto perjudicaría con más impuestos a la compra y venta de vehículos usados.
De la Gasca defendió el objetivo del Gobierno a través del proyecto. “Creo que el pueblo lo va a entender. Vamos a poder, ahora sí, con más recursos, más tecnología, más eficiencia ahogar y sofocar el financiamiento de los grupos narcoterroristas”.
El funcionario dijo que ayer, 8 de diciembre, se solicitó a la Secretaría de la Asamblea Nacional que certifique si se cumplió con el segundo debate, pero que hasta hoy no hubo respuesta. “Eso nos habilita totalmente para tener los argumentos en cualquier escenario”, advirtió.
La decisión del Gobierno se concretó en el Decreto Ejecutivo 477, que esta noche se vio reflejado en la plataforma de decretos presidenciales. En el artículo 1 del Decreto se establece que:
- «La presente ley tiene como objeto la prevención, localización y eliminación del delito de lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía del mercado local y nacional del Ecuador, con el fin de debilitar la economía criminal, y mejorar la recaudación tributaria del Estado».
De la Gasca dijo que la ley regirá a partir del 1 enero de 2025, pero que «hay una materia pequeña que debe ser reglamentada». Esta ley establece un impuesto a la transferencia de vehículos motorizados usados, destinados al transporte terrestre. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y jurídicas que adquieran la propiedad de vehículos usados. La incluirá una tarifa que no supere el 5%, de acuerdo a una tabla progresiva que se expedirá en el reglamento de esta ley.
Asamblea pide al Registro Oficial no publicar la ley
Como un “apagón jurídico en Carondelet”, así calificó la Asamblea Nacional, en un comunicado, a la decisión de la Presidencia de la República por emitir el decreto ley.
La Asamblea argumentó que se incumple con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución. “Dicho artículo establece que los proyectos calificados como económicos urgentes sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos; y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios, desde el año 2014”, justificó.
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Para la Asamblea, si había alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley urgente en materia económica, la Presidencia debió activar mecanismos constitucionales para que, en última instancia, sea la Corte Constitucional la que aclare la interpretación.
“Solicitamos enérgicamente al Registro Oficial que no publique esta ley, que afecta la economía de todos los ecuatorianos, y que respete las decisiones tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional”, se expone en el comunicado de la Asamblea.
El movimiento Construye, cuyo legislador Jorge Peñafiel propuso la moción de archivo del proyecto, también cuestionó a la Presidencia. “El Presidente (Daniel Noboa) propuso una ley en la que esconde nuevos impuestos de hasta el 5% para compra de vehículos usados. La Asamblea la negó y de todas maneras ¿quieren publicarla y cobrar impuestos no aprobados? P.D.: De ‘antipillos‘ solo tiene el nombre”, expresó la organización política. (KSQ)