El concejo municipal de Cuenca está esperando que el Ministerio de Ambiente apruebe las zonas donde estarán prohibidas las actividades mineras. Inversiones por más de $500 millones, incluido el proyecto Loma Larga, no podrán avanzar.
El pasado 2 de junio de 2021, la alcaldía de Cuenca envió la solicitud al ministerio de Ambiente para que se aprueben las zonas de recarga hídrica en donde estarán prohibidas las actividades mineras. Esas zonas están relacionadas con los ríos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui, Machángara y Norcay.
Diego Morales, concejal de ese cabildo, explicó que con esa aprobación se dará el paso más importante para que se hagan realidad los resultados de la consulta popular del 7 de febrero pasado.
«Lo que necesitamos es que el ministerio de Ambiente le dé celeridad al proceso. El concejo tiene hasta el 10 de septiembre para concluir todos los trámites y establecer las normativas para que se aplique la decisión de más del 80% de los cuencanos», dijo.
Esa aplicación, según Morales, también incluye el envío, en el menor plazo posible, de otra solicitud al ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para que ya no se emita ni un solo permiso de concesión ni explotación a proyectos existentes ni futuros.
Más de $500 millones en inversiones están en riesgo
La posición de la alcaldía de Cuenca es que deben quedar prohibidas todas las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica y en las recientemente creadas Áreas de Conservación y Uso sostenible.
En total, alrededor de 40.000 hectáreas quedarían vetadas definitivamente, sin importar si hay proyectos y concesiones en fases de exploración desde hace décadas.
Así, por ejemplo, se cerraría el paso a cualquier avance en el proyecto Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha), donde se prevén inversiones de $400 millones para iniciar la construcción de la mina en 2022.
«El caso de Quimsacocha tiene actualmente permiso para exploración. Ellos están tramitando permiso de explotación, pero eso es lo que justamente todo Cuenca se ha opuesto. No está en discusión, no hay fase de negociación», aseguró Morales.
Esa postura va en contra de lo manifestado desde la Cámara de Minería del Ecuador. La presidenta ejecutiva, María Eulalia Silva, ha sido categórica al defender que la prohibición de la actividad minera no puede ser retroactiva.
En otras palabras, el gremio considera que no se puede impedir que proyectos anteriores a la consulta pasen a la explotación. Eso provocaría demandas millonarias al país por incumplimiento de contratos; además frenaría la llegada de más capitales
Asimismo, los representantes del sector rechazan que Loma Larga pueda causar afectaciones ambientales y menos aún contaminación de afluentes de agua.
«Ya existe la tecnología necesaria para minimizar el impacto de la minería y hacer una explotación responsable. Si se cierra la puerta a la actividad formal, la posta la tomará las operaciones ilegales, las cuales si son destructivas», acotó Silva.
Actualmente, hay 23 concesiones, entre medianas y grande en fase de exploración, en Cuenca. Más de $500 millones en inversiones ya no se concretarían si se cumplen las intenciones de la alcaldía.
Además, de acuerdo con el concejal Morales, estarían en trámite alrededor de un centenar de concesiones adicionales.
«No nos oponemos a la minería, sino cualquier actividad en fuentes de recarga hídrica y zonas sustentables. La alcaldía, la ciudanía en general y los diversos colectivos saldrán a las calles si se no se cumple», acotó. (JS)
El DATO.- La empresa municipal etapa fue la encargada de establecer las áreas de recarga hídrica donde estarán prohibidas las actividades mineras.