El sector naturalista cuestiona que no exista un plan de transición ecológica y, contrario a lo expresado previamente, se busque aumentar la frontera petrolera.
A través de un comunicado, el colectivo Yasunidos expresó su frustración con respecto a la nueva política petrolera emitida por el presidente Guillermo Lasso, a través del decreto No 95 del 7 de julio 2021.
«El Gobierno de Lasso se enuncia como el de la transición ecológica, pero en el momento de la verdad, se pliega a los intereses petroleros«, dice el colectivo.
Una de las principales críticas es que, a pesar de lo dicho en campaña, hasta ahora no hay ningún plan, ni siquiera una mención en el decreto, sobre la transición progresiva a energías más limpias. Por el contrario, todos los esfuerzos se encaminan a la meta de duplicar la explotación hidrocarburífera, sin cambiar, en lo sustancial, el enfoque de los Gobiernos de los últimos 20 años.
«Esta política va dirigida contra los pueblos y nacionalidades indígenas que se verán afectadas por la ampliación de la frontera petrolera en el suroriente de la Amazonía y en el Yasuní; el evidente irrespeto de sus derechos como el de la consulta previa libre e informada, así como a los de la naturaleza y todos sus animales», aseguran los Yasunidos.
¿Buen negocio para el Estado?
Otro cuestionamiento está dirigido al cambio en la modalidad de contratación petrolera, pasando de la prestación de servicios al de participación. Verónica Aguirre, economista con especialización en manejo ambiental, explicó que está construyendo un esquema en donde cada vez más porcentaje se quedará con las empresas privadas, y menos pasará al Estado.
Todo esto en nombre de hacer «más atractivas y llamativas» las inversiones petroleras. De acuerdo con Yasunidos, el porcentaje que quedará no será ni siquiera suficiente para cubrir los costos sociales y ambientales de ampliar la explotación hacia zonas con gran presencia de comunidades indígenas.
Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, afirma que las inversiones en petróleo se vuelven cada vez más riesgosas y caras, debido, entre otras cosas, a las crecientes presiones a nivel mundial para reducir las emisiones de C02.
Esto hace que cualquier compañía que decida poner su capital en proyectos en Ecuador pida más rentabilidad en comparación a los niveles anteriores.
Sin embargo, según norma constitucional, el Estado debe recibir, al menos, el 50% de las utilidades de cualquier explotación petrolera.
Más dudas que certezas sobre concesiones y ventas
En el decreto No 95 se dispone que se hagan todos las modificaciones legales necesarias para viabilizar y facilitar que activos del Estado pasen a manos privadas para mejorar la eficiencia y eliminar gastos improductivos para el país.
Sin embargo, no hay claridad de bajo qué criterios se escogerá que se concesiona o no. El Gobierno anterior dejó a medias los procesos de entregar la administración de la Refinería de Esmeraldas y de campos petroleros como Sacha.
En ninguno de esos casos se han hecho públicos informes técnicos u otro tipo de sustentos sobre qué resulta mejor para el país.
Por parte de los Yasunidos, los cuestionamientos se extienden al anuncio de la venta de las 48 gasolineras de propiedad de Petroecuador.
Al respecto, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), ha puntualizado que esas gasolineras no cumplieron sus objetivos de controlar el contrabando en zonas de frontera; y tampoco han sido rentables para el Estado.
Menos bancos para financiar la explotación petrolera
Esa decisión fue consecuencia de un informe de las organizaciones ambientalistas norteamericanas Stand.earth y Amazon Watch, donde se cuestionaba el financiamiento sin controles sobre los daños a la naturaleza y la vida de las comunidades aledañas a los proyectos.
Este 8 de julio 2021, un nuevo informe pone la alerta sobre instituciones financieras importantes como Natixis, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank, y HSBC.
En este contexto, la industria petrolera está bajo presión para mejorar sustancialmente sus estándares socio ambientales, con el fin de evitar que la explotación se vuelva cada vez más un negocio caro y de alto riesgo. (JS)
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