En la mayoría de casos, las medidas no significan más gasto desde el Estado, pero sí cambios reglamentarios y trabajo con el sector privado.
Luego de la profunda caída provocada por la pandemia, la economía ecuatoriana solo ha recuperado la mitad de la actividad perdida. Por eso, se necesitan medidas urgentes para generar más empleo de calidad y para que más ecuatorianos tengan condiciones mínimas para emprender y mantener sus negocios.
Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), explicó que las soluciones deben enfocarse en la menos en cinco ejes: aumentar las fuentes de financiamiento, reducir trámites y bajar la estructura de costos, dar mejores condiciones al emprendimiento y el mercado laboral; y establecer mecanismos más efectivos de incentivos y reducción de cargas tributarias.
Evitar castigos
A través del reglamento de la Ley de Emprendimiento, se debe normar para no castigar al emprendedor que fracasa, debe cerrar por algún motivo y quiere reintentar con un nuevo enfoque o actividad. Una buena normativa para el cierre de negocios es uno de los principales temas pendientes para dar seguridad jurídica a los emprendedores del país, según Andrés Zurita, director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI)
Actualmente, el cierre es un problema porque el micro y pequeño empresario no tiene recursos para pagar los despidos intempestivos, que es la carga más alta de obligaciones. Por eso se demora, en promedio, 5,3 años en cerrar un emprendimiento. Eso hace que decida quedarse pequeño, contratar poco, y mantenerse total o parcialmente en la informalidad.
Hay experiencias como las de Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos pueden replicarse para establecer el proceso que se debería seguir para calificar un cierre o quiebra de buena fe. También para fortalecer y ampliar las opciones de incubadoras y aceleradoras de emprendimiento
Actualmente, Ecuador cuenta con dos clubes de ángeles (inversionistas de riesgo) en Quito y Guayaquil y dos crowdfundings. También hay un par de incubadoras y aceleradoras privadas y en el sector público están Épico en Guayaquil y Conquito en Quito.
Para fortalecer lo que ya existe y ampliar las opciones, se debe trabajar en el establecimiento de un Fondo Nacional de capital semilla y capital de riesgo. Se necesita al menos entre $250 millones y $300 millones anuales para que los emprendimientos se financien sin endeudarse en sus inicios, sino con socios inversionistas. Los fondos disponibles ahora no superan los $40 millones.
Como el Gobierno no tiene recursos para fondear estas iniciativas, la solución debería ir en la línea de dar incentivos para que las grandes empresas reinviertan un pequeño porcentaje de sus utilidades en programas de innovación, de la mano con las universidades y compren participaciones en emprendimientos con potencial. Esto a cambio de menos tramitología y menos requisitos innecesarios.
Además, a través de cambios a reglamentos y normativa secundaria, se puede ampliar el campo de acción en el mercado de valores para atraer capitales extranjeros, tanto públicos como privados, para inyectar liquidez en la economía nacional.
Liberar recursos
Las Cámaras de industrias, luego de un trabajo conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), han establecido tres medidas concretas para que el sector financiero privado tenga más recursos disponibles para crédito productivo.
Así, se pueden eliminar los excesivos requerimientos de fondos de liquidez exigidos a los bancos. Esto se lograría bajando el porcentaje de encaje bancario que se debe mantener en el Banco Central del Ecuador (BCE).
En segundo lugar, se puede ajustar el nivel de recursos que se mantiene en el Fondo de Seguro de Depósitos. Es decir, solo dejar el mínimo técnico requerido y el resto enfocarlo a más préstamos para los microemprendimientos.
En tercer lugar, en la línea de facilitar la llegada de bancos extranjeros, ampliar las posibilidades de inversión y de más fondos para el mercado de valores. Se puede excluir a Panamá de la lista de países considerados paraísos fiscales.
Con más recursos disponibles para préstamos, una de las consecuencias directas es que se reducen las tasas de interés sin necesidad de controles e intervenciones nocivas desde el Estado.
La reactivación económica de 2021, aunque insuficiente sí generó una mayor liquidez en la economía y permitió que las tasas de interés bajen, en promedio, alrededor de 1,5%, mientras en otras economías de la región la tendencia es al alza. (JS)
Reducir trámites e incentivar la inversión
El presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Carlos Loaiza, puntualizó que el Gobierno debe realizar cambios en la normativa laboral a través de reglamentos, decretos y normativa secundaria. El objetivo es flexibilizar los horarios de trabajo, eliminar sobrecargas en costos y trámites innecesarios.
Además, desde las Cámaras de Industrias se apunta a reformas al reglamento de las Alianzas Público-Privadas (APPs), de la Ley de Desarrollo Económico y de la Ley de Simplicidad Tribuataria. El objetivo es eliminar requisitos y trámites paras las inversiones, establecer mecanismos efectivos para devolución y beneficios tributarios para proyectos productivos, y sacarle el mayor provecho posible a figuras como los contratos de inversión, entre otros.
Asimismo, se puede depurar temas como los horarios de atención de los comercios, el reglamento de sustancias químicas, manejo del portafolio de inversiones del Biess (impulso al sector de la construcción), flexibilización, según el tipo de actividad, de requisitos de licencias, permisos y otros.
‘Si la Asamblea no ayuda, mejor que no estorbe’
La Asamblea no solo se ha convertido en una barrera para las principales reformas estructurales que busca el Gobierno de Guillermo Lasso, sino que además pretende impulsar leyes nocivas para el entorno emprendedor del país.
En este sentido, Andrés Zurita, director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI), explicó que, en último caso, si no aportan con soluciones, por lo menos no empeoren las cosas.
Por eso, se busca que los legisladores revean o anulen dos iniciativas nocivas. Por un lado, una Ley de Fintech que “destruirá lo poco de Fintech que hay en el país”. Por otro lado, una Ley de acceso a mercados que, entre otras cosas, pretende imponer que, desde un cierto nivel de ventas, los negocios dejen de comercializar sus productos en retail y tiendas de barrio. Es decir, se quiere obligar al emprendedor a quedarse pequeño porque si crece mucho lo sacan de la percha.