Las posibilidades de atraer inversión se esfuman y, de un aumento del PIB cercano al 3%, se cae a escenarios de menos del 2% para 2022 y 2023.
Si está en la fila para entrar al cine, pero se da cuenta que en la taquilla hay un comunicado en el que se advierte que en la sala hay un pequeño comité que puede decidir cambiar la película que usted quería ver o pedirle que salga antes de tiempo, la reacción natural sería desistir de todo.
Este ejemplo hipotético, aunque llevado al absurdo, grafica cuál es el ambiente de inversiones que está quedando, tanto para el sector petrolero como minero, luego de los acuerdos entre el Gobierno y el movimiento indígena en las llamadas mesas de diálogo.
Según Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Informe Semanal, se ha configurado una especie de gobierno paralelo, el cual toma realmente las decisiones por encima de los ofrecimientos, e incluso los contratos, que se puedan establecer entre el Ejecutivo, sus ministerios y los inversionistas internacionales que tanto necesita el país.
“La Conaie consiguió la conformación de una «mesa técnica de evaluación» con carácter vinculante para revisar las licencias ambientales, contratos mineros y petroleros, entre otros. Desde ahora, se tendrá que pedir permiso a Iza para poder invertir en el país. Que en las urnas más del 50% de los votantes haya aprobado un plan de gobierno para duplicar la producción petrolera no cuenta. Ahora la Conaie forzó a cambiar esa política”, puntualizó.
Economía en picada
Así, informes internacionales de entidades como JP Morgan o Citi Research apuntan a que el crecimiento económico se desplomará desde las proyecciones ya bajas. De un 2,7% de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 se pasaría a 1,5% o menos; y en el caso de 2023, se iría del 2,3% establecido por organismo como el Fondo Monetario Internacional (FMI) a 1,9% en el mejor de los casos.
Esta situación está directamente relacionada a la dependencia que la economía ecuatoriana mantiene con la producción petrolera; y ahora cada vez más con la creciente producción minera.
Santiago García, docente universitario y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que, por ejemplo, para sustentar un crecimiento económico de entre 3% y 4% anual se habría necesitado una producción petrolera de más de 514.000 barriles diarios en 2022.
Para 2023, la producción debería estar, como mínimo, entre 530.000 y 540.000 barriles al día.
Actualmente, la producción apenas promedia los 492.000 barriles al día, y el mismo Gobierno de Guillermo Lasso, consciente de las malas condiciones para la inversión, está elaborando un Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 en el que se proyecta un aumento de la producción petrolera de no más del 8% desde los actuales niveles.
El exministro de Energía, Fernando Santos, y el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, Fernando Reyes, han repetido en varias oportunidades que el Gobierno se ha perdido en grandes anuncios y ha perdido la ventana de oportunidad de los altos precios internacionales del petróleo para atraer inversiones.
Para el próximo año, el PGE se estaría construyendo sobre el supuesto de menos de $65 por barril de crudo ecuatoriano. (JS)
Los tres acuerdos que afectan a la economía
1.- La mesa técnica de evaluación tendrá carácter vinculante y revisará las licencias ambientales, los contratos petroleros y los derechos mineros que han sido otorgados. Desde el 17 de octubre de 2022, esta mesa tendrá facultades legislativas y de control que no están establecidas ni en la Constitución. Se conformará con representantes de la Conaie, Feine, Fenocin, ministerios del área energética, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, la Corte Interamericana de Justicia de la ONU.
2.- Esta mesa técnica también definirá a quién se entrega y a quién no las autorizaciones de impacto socio ambiental en los campos en busca de inversionistas en la llamada Ronda Intracampos, en nuevas concesiones en el sur oriente de la Amazonía y hasta en 13 bloques que el actual Gobierno buscar delegar a la iniciativa privada dentro de sus planes para aumentar la producción. Asimismo, también se puede vetar los proyectos mineros a gran escala y cortarle las alas a otros que están a puertas de comenzar la construcción de minas como Loma Larga, La Plata y Curipamba.
3.- Se establece la moratoria a las nuevas actividades mineras y petroleras por al menos 12 meses, o hasta que se apruebe una ley de consulta previa, libre e informada. Pero para elaborar esa ley también se debe conformar otra mesa técnica desde el 25 de octubre de 2022 con la participación de todos los movimientos sociales.
4.- Más mesas técnicas. Los acuerdos disponen que se habiliten otras mesas técnicas para que se redacten un paquete de reformas legales a la Ley de Hidrocarburos, ley de Minería, ley Orgánica para la planificación Integral de la Amazonía; e incluso la creación de una Ley específica para Petroecuador.
Las malas decisiones ahondan la crisis
Según el último informe del Banco Mundial, Ecuador es el único país de Sudamérica que todavía no ha recuperado sus niveles prepandemia. Ese escenario se complica aún más con las malas expectativas que generan los acuerdos en las mesas de diálogo.
Así, en el peor escenario, recién en 2025 se tendría el tamaño de la economía anterior a la crisis desatada por la COVID-19. Eso quiere decir un año más que en las proyecciones previas. Los mayores niveles de ventas, e incluso de recaudación de impuestos, solo alcanzan para cubrir las pérdidas, y parte del estancamiento que se arrastra desde 2015, pero nos dejan a la cola de la región.
Seguimos en fase de promoción
Ante los cuestionamientos de cuál realmente es el proceso para atraer inversiones al Ecuador, y por qué no se ven resultados concretos hasta ahora, el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una entrevista en Tc Televisión del pasado 3 de octubre de 2022, solo atinó a decir que se sigue promocionando.
“¿Que hemos hecho en este Gobierno? Un catálogo de proyectos en el sector de hidrocarburos, en minería, en energía, en infraestructura, en telecomunicaciones. Todo esto por cerca de $40.000 millones. Ese catálogo de proyectos para invertir en Ecuador está siendo promocionado en este instante en Madrid; como lo hice personalmente en Argentina. Lo hemos hecho en Chile y en el Ecuador”, puntualizó.
Sin embargo, según Gabriel Padilla, consultor vinculado a bancas internacionales de inversión, comentó que precisamente uno de los grandes problemas del actual Gobierno ecuatoriano es que no ha podido dar el salto de los grandes ofrecimientos y expectativas a la concreción de proyectos. “A la indecisión ahora se suma al inseguridad jurídica, política y social”, puntualizó.