En menos de 22 semanas concluirá el periodo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Cuando eso ocurra, el Cpccs deberá tener listo su reemplazo. Este 6 de noviembre de 2024 se retomará el concurso.
En menos de 22 semanas concluirá el periodo para el que fue designada en el cargo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Cuando eso ocurra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) deberá tener listo a su reemplazo.
Después de que el 30 de septiembre de 2024, el Consejo Ciudadano realizó ajustes al reglamento del concurso para designar a la nueva autoridad. El organismo agendó como tercer punto del orden del día en una sesión del Pleno convocada para este 6 de noviembre, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la convocatoria a la veeduría ciudadana.
Este es uno de los requisitos que deben desarrollarse previo a convocar a un concurso público de oposición y merecimientos.
Los siguientes pasos antes de llamar a concurso también serán complejos
Antes de llamar a concurso tienen que darse pasos complejos, no solo por lo que implica la conformación de las veedurías ciudadanas encargadas de vigilar la transparencia del concurso y la integración de la comisión ciudadana de selección encargada de la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía, sino por los plazos que se deben cumplir para ello.
Las comisiones de selección están integradas por delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, y cinco representantes de las organizaciones sociales y ciudadanía. Los cinco últimos deben conformarse previo un concurso público de méritos.
Tanto la designación de los veedores, como para la comisión de selección podría volver a depender de la correlación de fuerzas en el Cpccs.
Una de las prohibiciones establecidas en el artículo 16 del reglamento de veedurías es que éstas no deben estar vinculadas a intereses particulares o gremiales o de partidos o movimientos políticos.
David Rosero, exconsejero del Cpccs, cree que es probable que el Consejo no llegue a cumplir los plazos (para la designación del nuevo Fiscal que debería asumir después del 8 de abril de 2025, cuando la actual autoridad culminará sus funciones).
Según su experiencia como autoridad del Cpccs, la convocatoria a una veeduría toma alrededor de un mes (diciembre). A esto se suma que se desconoce si las autoridades plantearían reformas al reglamento de veedurías.
A estos plazos se añaden, según Rosero, tres meses para convocar a un concurso para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección (marzo 2025).
Con el cumplimiento de estos requisitos, se procederá a llamar a concurso a Fiscal. Desde la convocatoria a los interesados a ocupar la vacante a Fiscal, el proceso toma un tiempo aproximado de tres meses (junio de 2025). (SC)
Ajustes al reglamento
Para el Cpccs, los ajustes realizados al reglamento para el concurso de Fiscal General se apegan al artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, que sus funcionarios reúnan un «perfil éticamente irreprochable». Así, no podrán aspirar a ser Fiscal General quienes se hayan desempeñado como abogados defensores de causas relacionadas con corrupción y crimen organizado. Por ello, entre las prohibiciones establecidas en el artículo 22 se incorporan dos causales a quienes:
Se encuentren en condición de procesados, llamados a juicio por cualquiera de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, mientras se encuentre en trámite el proceso penal del cual se deriva esta condición.
Hayan ejercido el patrocinio judicial como defensor técnico particular de personas vinculadas a estructuras criminales, llamadas a juicio o condenadas por delitos de crimen organizado: terrorismo; producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; actividad ilícita de recursos mineros; almacenamiento o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas; sustracción de hidrocarburos; espionaje; tráfico ilícito de armas de fuego; delincuencia organizada, dentro de los diez últimos años.
Sobre las acciones afirmativas (tener más de 65 años, vivir en zonas rurales), estas se encuentran determinadas en la Constitución, por lo que se aclara que serán calificadas solo con un punto, siempre que no exceda la calificación total correspondiente a la fase de méritos, puntualizó el Cpccs.
Según el organismo, el propósito es evitar que los postulantes incurran en conflictos de intereses o que sean cooptados por grupos relacionados con el crimen organizado.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, consideró que la reforma «es vital para preservar la independencia de este organismo y garantizar que la justicia en el Ecuador se administre sin presiones políticas y sin intereses particulares”.