La Asociación Víctimas 30-S, aspira que en dos meses se resuelvan cuatro procesos pendientes por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
El correísmo podría volver a perder una batalla legal en los tribunales de justicia del país. La Asociación Víctimas 30-S aspira que en unos dos meses queden resueltos cuatro procesos pendientes en el que están vinculadas 12 personas (entre expolicías, exmilitares, y civiles) por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
El hecho investigó presuntos delitos de rebelión y tentativa de magnicidio al régimen de Rafael Correa, actualmente prófugo en Bélgica.
La Asociación Víctimas 30-S, conformada en marzo de 2018, se hizo cargo de la defensa de 200 casos. Hasta el momento, con la presentación de recursos extraordinarios de revisión a sentencias ejecutoriadas, ha ganado 196 casos en los que se ha ratificado la inocencia de las víctimas del régimen y están libres.
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“Del caso del 30-S ya no hay nadie en la cárcel porque cumplieron sentencias o porque ganamos los procesos; todavía nos faltan cuatro procesos que vinculan a doce personas”, afirma Óscar Ayerve, presidente de la Asociación.
“Ha sido un proceso largo, tortuoso”, relata Ayerve, tras apuntar que en la Justicia hay estructuras que “todavía están vinculadas con la persecución y las sentencias en contra de inocentes”.
“Ha sido una verdadera odisea, una hazaña y, finalmente, tener éxito en casos emblemáticos como el del intento de magnicidio en el que todos sus miembros fueron condenados a 12 años de prisión y, finalmente, luego de seis años de estar en prisión, salieron y fueron declarados inocentes. Estamos satisfechos de los logros alcanzados”, expresa.
Algunos de los casos en que la justicia se pronunció en torno al 30-S
- En noviembre de 2021, once años después de la revuelta, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia(CNJ) declaró inocentes a cuatro expolicías que habían sido sentenciados por la presunta tentativa de magnicidio al expresidente Correa: Luis Guanotasig, Geovanny Lasso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama fueron condenados en 2014 a 12 años de prisión. Los exuniformados cumplieron más de cinco años en la cárcel. El tribunal de la CNJ determinó que no se configuró el delito de tentativa de magnicidio.
- En enero de 2020, un tribunal de revisión de la CNJ declaró inocentes a expolicias de Guaranda, que ya tenían sentencia de un año de prisión por presunta rebelión. El fallo se dio cuando ya habían pasado más de nueve años de la revuelta.
- En octubre de 2018, un tribunal de la CNJ aceptó el primer recurso de revisión de una sentencia por el caso 30-S. El recurso fue interpuesto por el oficial de la Policía Nacional (SP), Felipe C., luego de ser sentenciado en 2015 a un año de prisión.
Óscar Ayerve entregará informe a las autoridades del Estado
Ayerve explica que, una vez que concluya el proceso de revisión de los casos pendientes, la Asociación emitirá un informe. El documento será entregado a las autoridades de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para que haya un registro histórico de las sentencias ejecutoriadas (y los recursos de revisión) en favor de víctimas que nunca debieron ser sancionadas, subraya.
Ayerve resalta que la Asociación y su equipo de abogados no cobraron honorarios como Asociación o partícipes de la misma en defensa de las víctimas.
Casi a puertas de resolverse los casos pendientes, Ayerve dimensiona el proceso como una victoria de la Justicia y “queda perfectamente claro que no debe haber otro caso 30-S en la historia del país”.
Tampoco debe repetirse, agrega, un escenario de persecución, ni violación que ha sido registrada como un hito histórico en contra de los derechos humanos de personas que, siendo inocentes, fueron perseguidas con el uso del aparataje judicial del Estado.
También considera que es una gran lección para todos los funcionarios públicos, incluido los poderes del Estado que no pueden, nunca más, utilizar lo mismo para ir en contra de los derechos de las personas. Lo calificó como un caso emblemático en el que el Estado utilizó sus recursos en contra de inocentes. En Ecuador no debe volver a repetirse ese escenario, sostiene.
Los casos del 30-S que siguen pendientes en la justicia
Sobre los casos que siguen pendientes, Ayerve señala que seguirán presionando por una resolución.
“Vamos a seguir presionando porque hemos actuado en derecho, con sustento técnico-jurídico, las evidencias son profundas y claras, tenemos informes secretos que utilizaban recursos económicos para comprar evidencia, forjar peritajes, utilizar videos, fotografías manipuladas y falsas, es decir, todo un operativo para condenar a inocentes, eso no debe volver a ocurrir y no tengo la menor duda de ganar todos los procesos”.
Cree también que los jueces deberían determinar en sus sentencias, que se investigue la conducta de jueces y fiscales que condenaron inocentes, “porque hasta el momento, todo ha quedado en impunidad”.
Ayerve recuerda que presentó una lista de 252 jueces y fiscales y se desarrolló una investigación de 354 casos en la Mesa de la Verdad y Justicia. Se determinó quiénes fueron las víctimas y quiénes los responsables de los sucesos. “Existe evidencia histórica y documentada de una manera sustentada”, asegura. (SC)
Algunas derrotas del correísmo en la Justicia
En 2024, exfuncionarios y militantes del régimen correísta sufrieron derrotas judiciales:
- Un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso la localización y captura de Javier Córdova, exministro del correísmo, investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
- Un tribunal de Revisión de la CNJ, inadmitió un recurso de revisión a la sentencia del caso Sobornos.
- Un tribunal de la CNJ desechó, por falta de fundamento, un recurso de casacióninterpuesto por la defensa de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del correísmo y ratificó la sentencia a nueve años de prisión en su contra como autor del delito de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en agosto de 2012.
‘La Megan’, parte de la propaganda gubernamental
El 30 de septiembre de 2010, lo que empezó como una protesta de policías y militares por la pérdida de beneficios, terminó en un caos en el país. Rafael Correa había acudido al Regimiento Quito y luego se metió al Hospital de la Policía; focos de las manifestaciones. Allí planteó la tesis de que había sido secuestrado. Esto provocó que no pudiera salir del lugar y las protestas se radicalizaron. Un grupo de militares buscaron su salida en medio de tiroteos.
Correa y su régimen asumieron la revuelta policial como un intento de golpe de Estado. Hubo policías destituidos, muertos y heridos; cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, saqueos y robos en casi todo el país.
Como parte de la tesis del Gobierno de que se habría gestado un intento de golpe de Estado, también nació la figura de ‘La Megan’; una niña que, según la propaganda gubernamental, representaba la democracia y nació el 30-S
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite, después de la ejecución de la sentencia, la presentación de un recurso extraordinario de revisión. El recurso sirve para que un sentenciado presente pruebas nuevas de un caso y pueda ser declarado inocente.