En noviembre de 2022, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad del caso Singue, pero dejó abierta la puerta para que la Fiscalía, según sus competencias, pueda iniciar nuevas investigaciones.
El 10 de noviembre de 2022, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho, declararon la nulidad en el caso ‘Bloque Singue’, en el que fue involucrado Jorge Glas, exvicepresidente de la República, como presunto coautor del delito de peculado.
Los jueces declararon la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos, que fue presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 12 de febrero de 2019.
Con la decisión de ese Tribunal, la sentencia de primera instancia, con la que se había condenado a ocho años de prisión a siete personas, incluido Glas, quedaba sin efecto.
Sin embargo, en esa ocasión, un comunicado de la CNJ aclaraba: “La resolución de nulidad del proceso dictada por el tribunal penal no implica declaratoria de inocencia, ni culpabilidad de los procesados, consecuentemente, la FGE, según sus competencias, podrá iniciar nuevas acciones investigativas de así estimarlo”.
Ese mismo día, la Fiscalía aclaró que, aunque la ley prohíbe apelar la nulidad, solicitará los recursos horizontales (pedidos de aclaración o ampliación al tribunal) previstos en la norma y continuará con las acciones investigativas con el objetivo de evitar que el cometimiento de este delito contra la eficiencia de la administración pública quede en la impunidad.
Con el mismo tono, la Procuraduría General del Estado (PGE), anunciaba que estudiaría los argumentos expuestos en su dictamen por el Tribunal de Apelación para presentar los recursos y acciones que correspondan en defensa de los derechos del Ecuador y del interés público. “Por lo tanto, no cejará en su trabajo de luchar contra la corrupción para restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano”.
A pesar de que el caso Singue fue declarado nulo, Glas sigue cumpliendo una sentencia por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y por el delito de cohecho en la trama de Sobornos. Desde abril de 2024 permanece detenido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.
De la nulidad en el caso Singue también se benefició Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador; Wilson Pástor, exministro de Hidrocarburos, quienes ejercieron funciones durante el régimen de Rafael Correa.
El beneficio también fue para Andrés Donoso, quien era el secretario jurídico del ministerio de Hidrocarburos; y César Guerra, expresidente de Dygoil Consultora y Servicios Petroleros, a quien se le adjudicó la concesión del campo petrolero Singue; entre otros.
Informe de la Contraloría General del Estado
En la lectura del fallo, el entonces Tribunal explicaba que el informe de la Contraloría General del Estado (CGE) con el que se dio inicio al proceso por presunto peculado, fue declarado nulo. A través de dos sentencias, el 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo había declarado la caducidad e ilegalidad del documento por extemporáneo.
Cuando el proceso penal por el caso Singue se inició, el 13 de marzo de 2019, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) exigía un informe con presuntos Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría como requisito para formular cargos en casos de peculado.
Pero, habiendo sido ese informe inválido, la Fiscalía no podía formular cargos por este tipo penal en contra de los procesados en esta causa. Por esta razón, el caso se declaró nulo desde la audiencia de formulación de cargos.
¿Qué indagó el caso Singue?
El caso Singue se centró en las irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue, durante el régimen de Correa.
Según la Fiscalía, los investigados habrían cometido peculado. El perjuicio se habría producido al fijar un precio de $33,5 por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero. Estos hechos habrían provocado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $28,4 millones. (SC)