Con la apelación y el pedido de nulidad del habeas corpus, el SNAI, la Procuraduría, y la Fiscalía buscan el inmediato regreso del exvicepresidente a la cárcel de Latacunga.
La revisión del recurso de apelación al habeas corpus que favoreció al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, está a punto de resolverse. Según lo previsto, en ocho días se sabrá si el sentenciado por casos de asociación ilícita y soborno vuelve a la cárcel.
A las 11:51 de este 10 de mayo de 2022, el Tribunal Provincial de la Corte de Justicia de Santa Elena integrado por los magistrados Silvana Caicedo, Klever Franco y Juan Camacho, fijó para el 18 de mayo a las 09:00 la instalación de la audiencia para resolver las apelaciones presentadas por el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado (PGE).
En su escrito, el tribunal provincial, convocó a las partes procesales: Raquel Malavé Illescas, representante de Jorge Glas, y a Marco Proaño Durán, director nacional de Patrocinio de la Procuraduría, para que acudan a la sala 7 del Complejo Judicial de Santa Elena. A la diligencia también asistirá un delegado del SNAI. La Fiscalía participará como tercero interesado y planteará un amicus curiae.
Uno de los argumentos que presentará la PGE es la ilegalidad del fallo en el que se sustentó el juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, Diego Moscoso al otorgarle el habeas corpus a Glas.
A criterio de Íñigo Salvador, titular de la Procuraduría, una causal de nulidad de todo el proceso es que esta entidad debió haber sido citada a la audiencia de habeas corpus, pero no fue convocada.
En su defensa, Lorena Merizalde, directora de asesoría jurídica del SNAI replicará que el habeas corpus es improcedente,. Esto, porque sobre Glas pesan dos sentencias condenatorias ejecutoriadas por el cometimiento de los delitos de asociación ilícita y soborno.
Para el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, el habeas corpus es procedente para corregir situaciones lesivas al derecho a la salud de la persona privada de libertad. “El efecto que persigue el habeas corpus en estos casos no es la libertad de la persona, sino corregir actos lesivos en contra del derecho a la integridad de las personas privadas de libertad, por falta de acceso efectivo a servicios de salud”, puntualizó.
Singue, otra sentencia pendiente
En la audiencia de juzgamiento del 25 de enero de 2021, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Layedra y Javier de la Cadena, declararon culpable por el presunto delito de peculado a siete procesados en el caso Singue, entre ellos Jorge Glas, Wilson Pástor, exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, y César Guerra, gerente del consorcio DIGOIL al que se le adjudicó la concesión del campo petrolero.
Estos magistrados les impusieron una pena de ocho años de prisión que fue apelada, y hoy, a partir de las 08:30, los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Luis Rivera, prevén resolver ese recurso.
Según la Fiscalía, el delito de peculado fue cometido al haber adjudicado un contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue al consorcio DIGOIL.
La presunta infracción se configura por el cálculo establecido en 33.50 la tarifa por barril, sin que se haya tomado en cuenta el 100% de las reservas probadas en el pozo petrolero. Este caso reviste especial atención pues se trata de la sentencia pendiente en ejecución para Glas, quien pese a tener dos condenas en firme por los casos Odebrecht, y Sobornos está fuera de la cárcel desde el 10 de abril último.
La audiencia de apelación es la penúltima instancia antes de que la tercera sentencia en contra de Glas quede en firme. Édison Loayza, su abogado, dijo que, aunque la sentencia de Singue se ejecutorie, su defendido no debería volver a prisión. En ese caso, según Loayza, operaría la aplicación de la pena única con las tres sentencias y se concretaría con la rebaja de penas por méritos. (SC)
Pidió diferimiento
Paul Ocaña, defensa de David Burgos, Ramiro Cazar y César Guerra, otros procesados en el caso Singue, ofició este 9 de mayo, a la CNJ un escrito donde solicita el diferimiento de la audiencia por motivos de salud. “Tuve una afección en mi columna, mi médico que prescribió 72 horas de reposo, presenté el escrito adjuntando el certificado médico”, dice en el documento.
A la defensa de los imputados le preocupan las presiones por el otorgamiento del habeas corpus a Glas, lo que podría ser nefasto -dijo- para sus clientes. Ocaña opinó que esto podría afectar el proceso de apelación porque en este caso no solo está Jorge Glas, sino seis personas más. “Esto nos pone en un escenario incómodo, mediático y político adverso a lo que pueda ocurrir en la audiencia”, señaló.
“Tema de habeas corpus es motivo de preocupación”
Juan Pablo Albán, abogado penalista, y parte del equipo de defensa de Wilson Pástor, espera un tratamiento técnico e imparcial por parte del tribunal. No obstante, reconoció que la situación de Glas y las irregularidades en el habeas corpus con el que salió de la cárcel son motivo de preocupación.
Albán explicó que la apelación de su defendido se fundamenta en el carácter “por decir lo menos, extraño de la sentencia”. Agregó que el delito de peculado requiere necesariamente del perjuicio al Estado, y en la sentencia se reconoce que esto no ha ocurrido, “¿Cómo se puede entonces condenar si no se cumple con el requisito fundamental de este tipo penal y más aún si el propio Estado reconoce la inexistencia del supuesto perjuicio?, cuestionó.
$600 millones es el monto, que según las defensas de los procesados, ha significado para el país el contrato de explotación de Singue.