La Corte Constitucional niega las tres preguntas para la consulta popular

La última consulta popular en Ecuador la realizó el gobierno de Lenín Moreno en 2018.
La última consulta popular en Ecuador la realizó el gobierno de Lenín Moreno en 2018.

El Pleno de la Corte Constitucional tomo esa decisión el día de ayer. Esto pese al respaldo a las tres preguntas. Los jueces lanzaron una justificación en su fallo.

El Pleno de la Corte Constitucional, en voto de mayoría, con seis votos a favor y dos votos salvados parciales, resolvió negar la propuesta de consulta popular presentada por la Presidencia de la República, respecto a tres preguntas que contienen problemas en forma y fondo.

El presidente Guillermo Lasso se proponía  reformar tres artículos en dos cuerpos normativos (Código Orgánico Integral Penal y Ley de Régimen Tributario Interno), y en la forma en que fue planteada, determinó la Corte, «no se adecúa con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».

En un comunicado los jueces se justifican ante la realidad del país. En su dictamen, informó la Corte, los nueve jueces concuerdan que el Tribunal debe ejercer el control de constitucionalidad ante la propuesta de consulta popular sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, «pero esto no quiere decir que este Organismo tome posturas o que no esté consciente de la realidad por la que atraviesa el país, así como de los tiempos electorales, y la relevancia de los temas pretendidos«.

Y exhortó al Presidente que presente sus reformas a la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley. Y también exhortó a la Asamblea Nacional a «sintonizar con las necesidades urgentes del país y la realidad que vive el Ecuador y cumplir su rol de legislador responsable, según sus competencias constitucionales».

Las preguntas eran:

  1. ¿Está usted de acuerdo con destinar a programas de educación los valores decomisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización? (69,8% por el SÍ).
  2. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de la libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada? (72,9% por el SÍ).
  3. ¿Está usted de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más? (61,9% por el SÍ). (DLH)