A los PCR tributarios, se añaden cambios reglamentarios en la facturación y el cruce con información del exterior.
Según Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), además de la reactivación económica, la recaudación de impuestos aumentará en 2023, con más y mejores controles contra la evasión de impuestos.
En el presupuesto para el próximo año se proyecta un aumento de al menos $300 millones en los ingresos tributarios solo por esos controles.
“Lo que hemos hecho es afinar el lápiz para mejorar el control. El próximo año va a ser muy intensivo en el impuesto a la renta de personas”, dijo.
En particular, Briones puntualizó que se utilizará la información que se ha recibido de Panamá; del Foro Global correspondiente a 140 economías del mundo; y la que se recibirá de Estados Unidos en los primeros meses de 2023.
“Este año fue el del régimen único y temporal para regularizar activos en el exterior. Esa ventana se cierra totalmente el 31 de diciembre de 2022. El 1 de enero de 2023 arranca con toda la potencia el control”, recalcó.
Hasta agosto se regularizaron $700 millones, y hasta octubre de 2022 ya se superaron los $900 millones.
Según Napoleón Santamaría, abogado tributario, si se aprovecha la oportunidad, luego las autoridades podrán obligar a los contribuyentes a pagar la tasa más alta de impuesto a la renta (37%), y no la tasa reducida vigente hasta finales de este año.
Además, las sanciones administrativas, y hasta penales, también serán más duras.
A la par de los cruces de información con el exterior, el SRI seguirá profundizando en otros mecanismos como los PCR tributarios.
Como reportó LA HORA, en una nota del pasado 2 de noviembre de 2022, esos PCR tributarios se han enfocado, durante una primera etapa, en grandes empresarios, políticos y deportistas.
Cortar abusos
A través del decreto 586, desde el pasado 10 de noviembre de 2022, ya están en vigencia reformas reglamentarias que también están en la línea del Gobierno de “recaudar más sin subir impuestos”.
Uno de los cambios principales es que se establece la obligación de que se emitan facturas y comprobantes de venta con todos los datos de clientes desde $50 en adelante. Antes, hasta los $200 se podía emitir facturas y comprobantes de venta como consumidor final.
“Se apunta a transparentar los gastos que tienen las familias y los contribuyentes. Esto debido a que si va como consumidor final no hay a quién computarle el gasto. Es decir, queremos determinar cuánto se están gastando las personas, en particular las que no pagan impuestos, restaurantes, comidas, facturas de ropa, entre otros”, afirmó el director del SRI
Otra meta, de la mano de la facturación electrónica, es caminar hacia una declaración de impuestos sugerida mucho más precisa sobre los ingresos y gastos reales de cada contribuyente.
Otra forma de eludir la ley era utilizar compañías para facturar servicios personales. Por eso, según Briones, se ha hecho una redefinición del concepto de servicios profesionales dentro del reglamento a la Ley de Desarrollo Económico (reforma tributaria de Lasso).
Asimismo, las personas naturales en el Régimen Simplificado RIMPE solo podrán reducirse los valores correspondientes a crédito tributario generados directamente por Impuesto a la renta.
Finalmente, entre otros aspectos, también se apuntó a modificaciones para que la exoneración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) solo aplique para la cerveza artesanal de producción nacional.
En el caso de los perfumes, se termina con la práctica de que los productores y comercializadores facturen cada componente por separado, con el fin de solo pagar ICE sobre el alcohol. (JS)
A través del decreto 586, se hacen cambios a entre 7 y 8 reglamentos de varias leyes relacionadas a lo tributario.
Para 2023, el Gobierno apunta a un aumento de al menos el 5% en la recaudación de impuestos en comparación a 2022. Eso representa casi $16.000 millones restando las devoluciones
No todo son más controles
Francisco Briones, director del SRI, recalcó que los cambios incluidos en el decreto 586 no solo se enfocan en más controles, sino también en beneficios a los contribuyentes para favorecer sus operaciones y liquidez.
Así, por ejemplo, los créditos incobrables de las casas comerciales, entre otras empresas que venden a crédito, se pueden diferir para el pago de impuestos.
Por otro lado, se puede aplicar a la reducción del pago del impuesto a la renta, de entre 3% y 5%, para nuevas inversiones tanto de empresas que vienen al país o ya existentes en el mercado nacional. Este beneficio ahora también se amplía a las micro y pequeñas empresas.
“Hay una simplificación sustancial del proceso para aplicar a la reducción de impuestos”, aseguró Briones.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas también se incluye el beneficio de pagar hasta dentro del plazo de 3 meses el IVA causado por sus ventas a crédito. Es decir, que desde su declaración de IVA tendrán 3 meses adicionales para realizar el pago correspondiente.
Asimismo, se abre la posibilidad de aplicar a crédito tributario para reducir el pago de impuestos si compran bienes y servicios a negocios populares, que son los que generan ingresos de hasta $20.000.