Cuatro vocales del Cpccs, y legisladores de oposición en la Asamblea se enfrentan por el control del Consejo.
Con la presentación de cinco medidas cautelares en los tribunales del país se empapeló la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Con estas acciones que se dieron en solo tres días también se dejó en evidencia que el principal objetivo de todos los grupos políticos es mantenerse dentro de un organismo encargado de designar a las autoridades de control del Estado.
Una medida cautelar otorgada por Ángel Lindao Vera, juez de la Unidad Judicial del cantón La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), a favor de los vocales del Cpccs, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, e Ibeth Estupiñan, dejó sin piso la censura y destitución de sus cargos por presunta arrogación e incumplimiento de funciones.
El magistrado consideró que se violentó el derecho a la defensa y de igualdad pues solo se destituyó a cuatro de los siete integrantes del Cpccs.
Indignación y protestas
Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, y sus aliados políticos de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), quienes el 18 de noviembre de 2022 reunieron 85 votos para sancionar a los vocales del Cpccs recibieron la noticia con desagrado. Se indignaron, protestaron y condenaron públicamente la resolución del magistrado de La Concordia.
Saquicela pidió a la administración de Justicia respetar la institucionalidad, la Constitución y la independencia de poderes. Además, rechazó el intento de injerencia de la Función Judicial en el primer poder del Estado. “No se puede manosear la Justicia, no se puede entrometer en esta función”, dijo.
‘Reuniones clandestinas’
Sin embargo, con su insistencia de posesionar este 24 de noviembre de 2022 a los vocales suplentes (Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chugchilán), habría de por medio una conveniencia política de “manipulación institucional”, opinó Francisco Bravo, consejero del Cpccs,
Este consejero se refirió a las “reuniones clandestinas” entre los primos Iván y Virgilio Saquicela, y el asambleísta Esteban Torres (PSC), para planificar -según dijo- el juicio político y tomarse primero, el Consejo de la Judicatura y luego el Cpccs.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, su primo Virgilio Saquicela, y Esteban Torres, se reunieron de manera privada en Quito el 4 de octubre de 2022, en el domicilio del titular del Legislativo, según reveló una investigación periodística.
“La segunda pieza del rompecabezas es principalizar a los vocales suplentes, pero lo que buscan es tomarse la Justicia para perseguir a los adversarios”, comentó Francisco Bravo.
Voces
Jorge Abedrabbo de la bancada socialcristiana y Mireya Pazmiño, expulsada de Pachakutik, también opinaron que existe una intromisión de la Justicia a las decisiones políticas.
“Se debe respetar lo que ha decidido la Asamblea en un juicio político; a la Asamblea no se le puede tener de rodillas con esa sentencia a la carta”, expresó Abedrabbo.
Pazmiño defendió la sentencia que en su momento adoptó la Corte Constitucional (CC), en torno a que reconoció el control político y la fiscalización que se realiza desde la Asamblea.
Sin embargo, para su excolega Ricardo Vanegas (Pachakutik), ningún ciudadano puede ser juzgado sin expedientes o sin un informe de la Comisión de Fiscalización y calificó de “procedente” el fallo del juez de La Concordia.
Desde la bancada de Gobierno se desestimó las afirmaciones de los bloques de oposición. También se descartó la asistencia a la sesión del Pleno de la Asamblea convocada por Virgilio Saquicela para las 16:30 de este jueves, 24 de noviembre de 2022, donde se prevé posesionar a los nuevos consejeros del Cpccs
Juan Fernando Flores (BAN-CREO), opinó que no se puede pretender imponer una sesión y violentar la ley. (SC)
‘Ajustaron ciertos procedimientos’
Sin la presencia de los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos y Sofia Almeida, quienes fueron excluidos del juicio político, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, favorecidos con la medida cautelar dictada por el juez de La Concordia, reasumieron sus funciones en el Cpccs. “Una vez que el juez se ha pronunciado, suspendiendo los efectos de una destitución, nos hemos reincorporado al Consejo Ciudadano”, dijo Ulloa, tras aclarar que previamente se “ajustaron ciertos procedimientos” para reasumir las funciones.
Las medidas cautelares
18 de noviembre: Washington Varela (BAN-CREO) presentó dos medidas cautelares.
21 de noviembre: se presentaron dos medidas: una en la jurisdicción de Rumiñahui (Pichincha), y otra en La Concordia (Santo Domingo), a título personal por los ciudadanos Antonio Guzmán y Manuel Párraga, respectivamente.
22 de noviembre: Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo presentaron una acción de protección en Quito.
Dos miembros de la familia Saquicela dominan dos de los cinco poderes del Estado.