La reforma laboral es uno de los principales retos de 2022. Menos de 700.000 ecuatorianos se benefician de las ventajas del actual código laboral
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un ecuatoriano tiene empleo adecuado si gana al menos el Salario Básico Unificado (SBU) y trabaja 8 horas diarias.
En total, 2’857.882 personas encajaban en esa clasificación al cierre de 2021; y, en teoría, se encontraban en mejor situación que los 5’247.548 subempleados o informales.
Sin embargo, solo el 24% de los empleos adecuados, es decir, 696.546 personas tenían un contrato formal y estaban cubiertos bajo el paraguas del actual código laboral.
En otras palabras, la normativa y sus derechos vigentes solo beneficiaron a un poco más de dos de cada diez ecuatorianos que ganaron $400 o más durante 2021.
Estrategia para generar beneficio
Alicia Vera, economista y especialista en mercado laboral, explicó que las leyes se quedaron rezagadas frente a la realidad de un país con altos costos y baja productividad.
“Durante los últimos 14 años, a pesar de tener un segundo boom petrolero y condiciones externas favorables, no se hicieron reformas para que la contratación y la creación formal de empresas sea un buen negocio”, dijo.
Así, la engorrosa tramitología y los altos costos -no solo de contratación, sino también de despido– hacen que para la mayoría de las micro y pequeñas empresas sea más rentable mantenerse completa o parcialmente informales.
De acuerdo con Vera, el solo hecho de no firmar contratos laborales, con las condiciones vigentes, representa una reducción de entre el 35% y 40% de costos para los emprendimientos más pequeños. Sin embargo, los trabajadores quedan fuera de beneficios como la seguridad social.
“Se debe idear una reforma laboral que fomente la contratación con todos los beneficios de ley, pero sin poner una soga al cuello a los empresarios. La flexibilización es una realidad de facto en el mercado de trabajo ecuatoriano”, acotó.
Depurar el sistema
Actualmente, según el último reporte disponible en el sistema de datos abiertos públicos, el sistema laboral ecuatoriano tiene más de 25 modalidades de contratación. Sin embargo, más del 90% de los contratos vigentes están relacionados a siete de esas modalidades.
En el Gobierno de Lenín Moreno, el exministro de trabajo, Andrés Isch, aseguró que se dejaba a las nuevas autoridades una reforma que depuraba todo ese sistema; además de un nuevo mecanismo para que las decisiones no se sigan tomando en el círculo cerrado de empresarios y sindicatos.
Esas modificaciones no se incluyeron en el fallido proyecto de Ley de Oportunidades, que fue presentado en septiembre de 2021; pero recibió el rechazo de la Asamblea y de la mayoría de la opinión pública.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, reconoció que hubo fallas, e incluso excesos en ciertos artículos de ese proyecto, pero consideró que los legisladores debían corregirlos y no limitarse a cerrarle el paso a la iniciativa.
En las últimas semanas de 2021, el actual ministro de Trabajo, Patricio Donosos, recalcó que se corrigieron las distorsiones, pero en el nuevo texto se mantiene la creación de un régimen laboral especial y alternativo, con nuevas modalidades de contratación; la eliminación de la jubilación patronal; y cambios en la jornada laboral, en las horas de descanso y en las licencias de maternidad y de paternidad.
Casi el 70% de los contratos de trabajo vigentes se concentran en las tres principales provincias del país: Guayas, Pichincha y Azuay.
Cambio de estrategia
A pesar de tener un nuevo proyecto de Ley, la estrategia del Gobierno, según el presidente Lasso, será presentar primero el texto a la sociedad antes que a la Asamblea. Es decir, el Gobierno buscará dialogar con diferentes sectores como sindicatos, academia, empresarios y ciudadanía en general.
El objetivo es generar una propuesta de consenso; pero el principal problema es que las mismas autoridades prevén que ese proceso de diálogo demore entre 90 y 120 días.
Así, la reforma laboral, en el mejor de los casos, llegará al trámite legislativo recién entre mayo y junio de 2022.
En este contexto, sectores como el textil han expresado su preocupación de que esa reforma se vaya relegando y no se pueda poner en vigencia en menos de un año.
Pedro Ribas, pequeño empresario textil, lamentó que no se entienda la necesidad de una mejor normativa de contratación para impulsar la reactivación económica. “Si se deja pasar todo 2022, las mejoras en el empleo adecuado se podrían revertir, e incluso profundizar aún más la informalidad”, concluyó. (JS)
