Los contratos de compras programadas deben presentarse a los clientes 72 horas antes de la firma

HECHO. Las compras programadas representa entre el 7% y 10% del mercado de bienes como vehículos o casas.

Las empresas que ofrecen planes de compras programadas o acumulativas deben dar al menos 72 horas a los clientes para que analicen las implicaciones de los contratos que van a firmar. Además, deben entregar los bienes adjudicados en un plazo máximo de 60 días.

La Superintendencia de Compañías ha emitido una nueva regulación para las empresas dedicadas a la compra programada.

Esta normativa  según la  Cámara de Empresas de Compra Programada del Ecuador (Aecop), «establece parámetros esenciales que refuerzan el funcionamiento ético y seguro del sector, en especial para las empresas que gestionan compras programadas de bienes como vehículos nuevos y usados, bienes inmuebles y otros productos».

¿Cuáles son los aspectos clave de la regulación?

La regulación se aplica a todas las empresas que ofrezcan servicios de venta mediante planes de compra programada y/o acumulativos, así como a aquellas que realicen actividades relacionadas con este modelo de negocio.

Esto incluye tanto a las empresas que gestionan bienes tangibles como vehículos, inmuebles y otros productos sujetos a este tipo de contratos.

 

 

Las empresas deberán cumplir con una serie de disposiciones destinadas a promover la transparencia, la seguridad financiera y la formalidad de las operaciones en el sector. Entre las obligaciones más destacadas se incluyen:

1.- Software y Transparencia de Información: Implementación de herramientas tecnológicas avanzadas que aseguren la correcta gestión y difusión de la información a los consumidores, garantizando su acceso a datos claros y precisos.

2.- Formalización laboral y capacitación: Los asesores comerciales deben contar con relación laboral formal y recibir capacitación continua, con el fin de asegurar una atención de calidad y conforme a las mejores prácticas del sector.

3.- Prevención de lavado de activos: Las empresas estarán obligadas a establecer procedimientos efectivos para prevenir el uso indebido de los recursos, implementando controles internos que aseguren la legalidad de las operaciones.

El control de lavado de activos se refuerza para las empresas que ofrecen compra programada de vehículos y bienes inmuebles

4.- Entrega oportuna y solución de desistimiento: En casos de fuerza mayor, las empresas deberán ofrecer soluciones justas y eficaces, incluyendo la entrega de bienes adjudicados dentro de un plazo máximo de 60 días.

5.- Información anticipada: Los contratos deben presentarse con un mínimo de 72 horas de antelación a la firma, permitiendo que los consumidores revisen las condiciones detalladamente antes de comprometerse.

6.-Asamblea de adjudicaciones y modelos de estructuración: Las adjudicaciones se desarrollarán mediante asambleas, y las empresas deberán diseñar modelos financieros que aseguren la independencia y autosostenibilidad de los círculos de compra.

7.- Como parte de las medidas de protección al consumidor, las empresas estarán obligadas a constituir una reserva especial, la que debe garantizarse mediante un depósito a plazo fijo, una póliza de seguro o una fianza bancaria, asegurando el monto mayor sea entre:

El 2% de los recursos aportados por clientes aún no adjudicados, o el 20% de los saldos deudores con morosidad superior a 60 días.

8.- Con el fin de garantizar una mayor transparencia, las empresas deberán presentar informes detallados sobre su funcionamiento, los cuales incluirán:

-Valores de contratos suscritos y el índice de cartera vencida.

-Flujo mensual de los aportes de clientes, especificación de la marca de los bienes, estado (nuevo o usado), ubicación de oficinas y datos de los bienes adjudicados.

-Informe de sostenibilidad financiera global e individual durante los primeros 90 días de cada año.

Para Mauricio Peña, Director Ejecutivo de la Aecop, estas medidas implementadas por la Superintendencia de Compañías representa un hito importante para el sector

“Apoyamos plenamente esta iniciativa y estamos comprometidos en acompañar a todas nuestras empresas afiliadas para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios. Con ello, buscamos contribuir al fortalecimiento de un sector más transparente, eficiente y responsable, alineado con las mejores prácticas internacionales», aseguró Peña. (JS)