La glosa asciende a $1,5 millones por pagos injustificados en la fallida contratación de un crédito internacional en 2019. Se buscaba comprar buques para el transporte de petróleo, pero nada se concretó.
La Contraloría remitió un informe con indicios penales a la Fiscalía, por la contratación de un crédito por parte de Pegasus (empresa panameña subsidiaria de la empresa pública ecuatoriana Flopec), que se realizó al margen de la legislación ecuatoriana.
Además, auditoría sugiere responsabilidades civiles de $1’588.515 por pagos injustificados. La Contraloría aprobó y remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal, por anomalías en los procedimientos relacionados con el contrato de crédito internacional que Pegasus Oil Shipping Inc. (empresa panameña de propiedad de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec) suscribió en 2019 con la intermediadora financiera Koala Financial S.L.
El Contralor dio a conocer esta información este viernes 10 de febrero de 2023, durante su comparecencia ante la Comisión ocasional por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción, de la Asamblea Nacional, para dar a conocer la gestión del organismo de control en torno al uso de los recursos públicos en las empresas estatales.
En 2018, el gerente general de la Flopec gestionó el proceso de financiamiento, por $130 millones, con el objetivo de modernizar la flota naviera adquiriendo dos buques Panamax, tres buques HandyMax y un pequeño navío petrolero.
La decisión se adoptó sin contar con la autorización del Directorio de la Flopec y sin que el proyecto sea declarado prioritario, incumpliendo lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Luego de suscribir el contrato, la Flopec transfirió $1’400.000 a la cuenta de un agente de Koala (que no acreditó su representación) por los costos de emisión del instrumento financiero.
Para asegurar estos recursos, la intermediadora debió emitir una póliza de responsabilidad civil por el monto transferido. No obstante, el apoderado general de la compañía (quien utilizó un poder general revocado en 2018 para actuar como representante de Koala) entregó la copia simple de una póliza que amparaba únicamente a la intermediaria y no incluía a Pegasus Oil Shipping.
El documento se emitió en noviembre de 2017, con un año de vigencia, por lo que, al 7 de enero de 2019, fecha en la que se realizó el desembolso, no tenía validez.
La comisión encargada del proceso de financiamiento aceptó la póliza civil sin considerar su caducidad y sin pasar por la revisión del asesor jurídico externo de la Flopec, ocasionando que los recursos públicos desembolsados queden desprotegidos.
En abril de 2019, el gerente general de la Flopec —y representante legal de Pegasus— informó al apoderado general de Koala el vencimiento del plazo para el desembolso de los $130 millones.
En julio del mismo año notificó la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento de las condiciones pactadas y solicitó la devolución del dinero transferido
Ese año, la Flopec contrató dos firmas de abogados. A Locke Lord Attorneys & Counselords, de Houston, Texas, para que inicie la localización y las acciones extra judiciales en los Estados Unidos para recuperar los fondos pagados por Pegasus a Koala; y a Demelicorp S.A., para presentar una demanda por el incumplimiento del Convenio de Participación y Consecución Crediticia.
En su informe, auditoría advierte que el gerente Jurídico y el gerente general de la Flopec aprobaron desembolsos a los bufetes por $126.687, pero no solicitaron documentación que sustente las actividades detalladas en las facturas por servicios legales.
En total, la Contraloría sugiere responsabilidades civiles por un $1’588.515 —correspondiente al monto de los desembolsos injustificados— y multas por $61.828.
Las posibles sanciones serán analizadas en el área de juzgamiento, junto con los descargos de los auditados.
Además, se observó que la Flopec no cambió el estatus jurídico de Pegasus, de sociedad anónima a una empresa pública o de economía mixta, por lo que incumplió el Régimen de Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Esto ocasionó que los recursos públicos que gestiona no estén reglados por el Derecho Público y bajo la supervisión de organismos de control ecuatorianos. (JS)
DATO.- Entre 2019 y 2023, la Contraloría ha aprobado 236 informes generales de auditoría y 35 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados a empresas públicas.