Contraloría realizará exámenes patrimoniales a los 137 asambleístas

SEDE Asamblea Nacional (Foto archivo).

La Contraloría hizo el anuncio en el marco de una solicitud que, el 11 de marzo de 2025, le extendió la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, para que se realice «auditorías a las declaraciones patrimoniales juradas y exámenes especiales a los 137 asambleístas y sus cónyuges o convivientes en unión de hecho».

Desde el 14 de abril de 2025, la Contraloría General del Estado (CGE) realizará exámenes patrimoniales a los 137 asambleístas.

Las auditorías se ejecutarán con cargo al Plan Anual de Control 2025 en cumplimiento con lo determinado en el artículo 231 de la Constitución que señala:

«Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. La Contraloría examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública».

El anuncio del organismo de control se dio en el marco de una solicitud que, el 11 de marzo de 2025, le extendió la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana) para que se realice auditorías a las declaraciones patrimoniales juradas y exámenes especiales a los 137 asambleístas y sus cónyuges o convivientes en unión de hecho.

La realización de los exámenes tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública, señala la Contraloría. (SC)