Entre los informes que se analizaron están la construcción del puente de Mataje y los trabajos en el puente de Los Caras tras el terremoto.
La contratación para la construcción de carreteras durante la Revolución Ciudadana muestra problemas recurrentes. La Contraloría presentó un reporte tras analizar 35 informes de los exámenes especiales a la adjudicación de vías realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de 2010 a 2020.
Mala calidad del asfalto, aparecimiento de grietas o fisuras en la capa de rodadura son parte de los problemas que se derivan por las irregularidades en la contratación, según documentos a los que tuvo acceso LA HORA.
La Contraloría encontró 263 hallazgos en los 35 informes que sirvieron como muestra para realizar el reporte. Ahí se observaron cinco “falencias recurrentes” en la administración de los recursos públicos destinados a infraestructura vial en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Estos son:
1.- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas.
2.- Falencias en la elaboración de especificaciones técnicas y cláusulas del contrato.
3.- Cálculo incorrecto de los valores por pagar a los contratistas.
4.- Ausencia de estudios completos, definitivos y aprobados, previo al inicio de las obras.
5.- Incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el MTOP.
La Fiscalización registró líos
De los 263 hallazgos que hizo la Contraloría, 111 contienen este tipo de incumplimientos por parte de los contratistas. La entidad señala que las inobservancias a las obligaciones ocurrieron tanto en los contratos para la elaboración de estudios y diseños y en la fiscalización y construcción de las obras. Todo esto se traduce en pérdidas económicas para el Estado.
El análisis de los informes permitió determinar que los consultores contratados para realizar los estudios y diseños de las obras de infraestructura vial no entregaron oportunamente los productos contemplados en los contratos, lo que retrasó el inicio de los trabajos y ocasionó que los estudios se entreguen desactualizados.
Sobre las irregularidades en la fiscalización, la Contraloría indica que las compañías encargadas de controlar no tenían personal técnico adecuado para realizar las labores de fiscalización, no revisaron de manera prolija las planillas de avance y liquidación de las obras, ni verificaron que las constructoras cumplan todas sus obligaciones en la construcción de las vías. Esto se suma a otras obras que ya han presentado irregularidades.
Estos incumplimientos ocasionaron el aparecimiento de “grietas y fisuras en las capas de rodadura, pagos a las constructoras sin sustento por trabajos mal ejecutados, multas no aplicadas ni cobradas, desconocimiento del estado real de las obras y del cumplimiento cabal de las especificaciones técnicas, pagos pendientes, obras deterioradas y en riesgo de colapsar.
¿Qué informes se utilizaron para llegar a estas conclusiones?
De manera aleatoria se escogieron 35 informes sobre las siguientes carreteras: Ambato-Guaranda; Chimbo-El Cristal; Loja – Zamora; Zhud-Cochancay; El Triunfo, Guaranda; Las Herrerías-San Juan; Cuenca-Girón-Pasaje; Sigsig-Matanga-Chiguinda-Gualaquiza; Pifo – Papallacta; Tonchigüe-Galera-Bunche, entre otras. La Contraloría indicó que todavía está en revisión el perjuicio total al Estado.
Las auditorías ejecutadas a los proyectos concluyeron, además, que los contratistas incumplieron los cronogramas de trabajo y realizaron “ampliaciones injustificadas”, sin que se impongan las multas respectivas.
Los materiales que se emplearon en los proyectos no cumplieron las especificaciones técnicas establecidas en los contratos. La Contraloría concluyó que eso ocasionó “daños prematuros en las vías”. Muchos de los efectos constructivos no fueron resueltos por las compañías a cargo de su construcción y generaron perjuicios económicos para el MTOP.
El Puente de Mataje
Dentro del reporte se toma en cuenta el caso de la construcción de la carretera de 18,1 km. y la edificación del puente de 68 metros sobre el Río Mataje, en Esmeraldas que costó $12,9 millones. Los auditores dejaron por escrito que “no se exigió y controló al contratista que presente todos los documentos” que avalen las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.
Tampoco se incluyeron en las planillas que demuestren la calidad de acero utilizado, ni ensayos de resistencia. Lo mismo ocurrió con los documentos de los procedimientos de soldadura, ni la calificación de los soldadores. La falta de documentación, concluyó la Contraloría, hizo que el Estado cancele al contratista $1,7 millones por “rubros que no cuentan con la suficiente información de respaldo”. A esto se suman retrasos injustificados y la no aplicación de multas por $26 991.
El puente Los caras
Las obras de la reparación emergente al puente Los Caras, de 1,9 km, que une a Bahía con San Vicente presentó observaciones similares. Las obras, que costaron $2 millones y se realizaron luego del terremoto del 2016 presentaron “inconsistencias en diseños, especificaciones técnicas, y precios de aisladores sísmicos y de juntas de gran desplazamiento”. Así lo revela un informe de Contraloría que se aprobó en 2021. Entre otras conclusiones, se detalla que se compró una junta de “gran desplazamiento” sin motivación.