De comprobarse los nexos el Alcalde de Quito podría ser destituido. Sin embargo, la causa también podría archivarse.
Las acusaciones de supuestos vínculos de Santiago Guarderas, alcalde de Quito, en paraísos fiscales, traspasaron las redes sociales y llegaron a la Contraloría. De ser cierto, Guarderas podría ser destituido, aunque también, la causa podría ser archivada.
LA HORA te explica cuál es el presente y futuro político y legal del Alcalde. De qué se lo acusa y cuánto tardarían las instituciones en dar respuesta.
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La denuncia
Fue el abogado y docente, Alejandro Rodas Coloma, quien el 2 de febrero de 2022 denunció – ante la Contraloría– que Guarderas incumple la ley de la consulta popular de 2017, que establece que cualquier persona que tenga intención de representar a través de elecciones no debe tener acciones o ser socio en paraísos fiscales.
Con la denuncia se solicita un examen especial que determine si las acusaciones de Coloma son ciertas.
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Notificación e inicio
El 15 de febrero de 2022, Guarderas dijo que no ha sido notificado por la Contraloría. Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional (UIDE), señala que sin notificación no puede iniciarse el examen especial.
El 16 de febrero, la Contraloría confirmó a LA HORA que ya se emitió una orden de trabajo y que en los próximos días, el Alcalde será notificado.
“Este señor (Alejandro Rodas Coloma) está calentando motores porque viene un año electoral”, Fernando Morales, concejal de Quito.
“El control social ciudadano es legítimo (…) pero también hay que tomar en cuenta que estamos en un año político”, Paulina Izurieta, concejal de Quito.
“Contraloría tiene que notificar a Santiago Guarderas con el inicio de la acción de control o examen especial, en un término de tres días”, Esteban Ron, director UIDE.
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Los bienes deben continuar existiendo
Una vez que la Contraloría de inicio al proceso se deben verificar dos cosas: la existencia de dichos bienes en paraísos fiscales y que exista propiedad directa o indirecta. “Porque muchos de estos bienes, como son empresas ‘off shore’ han dejado de existir”, dice Ron.
Según Rodas Coloma, el Alcalde es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía inmobiliaria en Panamá creada en los 90s’. Esto, si bien consta en la página de la Superintendencia de Compañías, ahora deberá comprobarse que dichos bienes siguen vigentes.
Ron explica que en estos casos puede que existan desactualizaciones de la información sobre los bienes.
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Destitución
Rodas Coloma explica que si se comprueban los vínculos en paraísos fiscales “la Contraloría debe destituirlo y Guarderas debe inmediatamente salir del Municipio de Quito. Pierde la calidad de Alcalde y de concejal”, dice.
Si eso llegara a pasar, Brith Vaca, quien se convirtió en vicealcaldesa tras la remoción de Jorge Yunda, pasaría a ser alcaldesa y se deberá nombrar un nuevo vicealcalde.
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La causa se puede archivar
Pero la destitución de Guarderas no es el único escenario. Ron detalla que con el inicio del examen especial y, según lo que la Contraloría vaya recabando y determinando, el Alcalde podrá ir presentando descargos (pruebas). Similar a lo que hizo el presidente Guillermo Lasso.
Si Guarderas comprueba que ya no es accionista de estos bienes, la causa, como pasó con Lasso, se archiva.
“No tengo miedo a nada, mi conciencia, mis actos públicos y privados están sujetos a valores y principios, que van a quedar demostrados, una vez que se sigan los procedimientos correspondientes. No necesitan perseguir, ni investigar, ni nada, todo saldrá a la luz en el momento oportuno ante los órganos competentes”, Santiago Guarderas, alcalde de Quito.
“Mal haríamos nosotros en querer decir que el señor Guarderas no debe ser sancionado para no crear una conmoción en Quito”, Alejandro Rodas Coloma, abogado denunciante de Guarderas.
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Concejo Metropolitano no tienen injerencia
Los ediles Paulina Izurieta y Fernando Morales coinciden en que no existe una defensa desde el Concejo Metropolitano hacia Guarderas, precisamente porque – de existir una destitución– no existe una injerencia, ni una votación de los ediles ya que no se trata de un proceso de remoción como sí pasó con Yunda.
Ambos también coinciden que es por eso que no se puede iniciar un linchamiento mediático al Alcalde, más cuando, detrás de las denuncias podrían existir “intereses políticos” ya que “estamos en un año de campañas electorales”.
Rodas Coloma no descarta que haya tenido acercamiento con partidos políticos y que “si la ciudadanía así lo quisiera” él iría por la Alcaldía. Pero resalta que su rol de fiscalizador y denunciante no es nuevo, pues denunció al excontralor subrogante Pablo Celi, por el posible delito de tráfico de influencias.
Por su parte, Morales mocionó para que desde el Concejo Metropolitano se solicite celeridad a las instituciones sobre la investigación a Guarderas, pero no tuvo quórum. (AVV)
En el término de 60 días laborales, una vez iniciado el examen especial, Guarderas tiene derecho a la defensa. Contraloría solicitará requerimientos específicos.
La denuncia por perjurio que Alejandro Rodas Coloma presentó en Fiscalía no puede iniciar sin los resultados del examen especial de Contraloría.