Un examen especial de la Contraloría estableció irregularidades en la póliza contratada con Seguros Sucre, para asegurar las operaciones crediticias del banco del IESS.
La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó responsabilidades civiles por $18’005.721 sobre exfuncionarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El motivo es que no reclamaron la póliza de cobertura para los afiliados que accedieron a préstamos y perdieron sus empleos.
La resolución del organismo de control ratifica glosas y dispone la emisión y el inicio del proceso de recaudación de títulos de crédito a ex gerentes generales, gerentes encargados, gerentes y subgerentes de crédito y de operaciones del Biess, que ejercieron funciones entre 2016 y 2018.
Estos funcionarios no implementaron controles en procesos críticos para la mitigación de riesgos en operaciones crediticias.
Irregularidades
El Biess y Seguros Sucre suscribieron la “póliza de seguro de vida en grupo”, vigente desde agosto de 2015 hasta octubre de 2016, en la cual constaba, entre otros aspectos, la cobertura de desempleo de los afiliados que recibieron préstamos hipotecarios, en caso de quedar cesantes.
La glosa corresponde a 3.894 préstamos hipotecarios por $7’221.929,54 y otras 6.760 operaciones crediticias, que ascienden a $10’783.792,60, como casos en los que no se presentaron los reclamos ante la aseguradora para recuperar estos valores en favor del Biess.
El banco, según Contraloría, no realizó acciones, dentro del plazo de dos años señalados en la ley, para que Seguros Sucre ejecute la cobertura.
El Biess inició los trámites luego de que la póliza había prescrito, por lo que la entidad se vio afectada económicamente por el valor de la responsabilidad civil culposa confirmada.
Los gerentes generales de la entidad tampoco remitieron oportunamente la documentación de respaldo de los deudores requerida por la aseguradora, como: cartas de notificación de los reclamos, copias de cédulas de identidad, actas de finiquito del Ministerio de Relaciones Laborales, copias certificadas de contratos de trabajo y de las indemnizaciones de los empleadores, y las certificaciones del IESS y del SRI de no ejercer actividades económicas.