La campaña por el ‘no’ brilló por su ausencia. La poca importancia que la oposición le concedió a la consulta demuestra que su estrategia es otra.
Se avecina el día de las elecciones y, con respecto a la consulta popular, parece que no hubiese habido campaña.
Las encuestas relacionadas sobre la intención de voto en el referéndum no mostraron variaciones significativas entre el inicio y el final. No surgieron argumentos nuevos ni aglutinantes alrededor de las ocho preguntas. Todo apunta a que el voto de la ciudadanía girará alrededor de motivos tan diversos como superficiales. ¿Qué pasó?
En el caso de la campaña por el ‘sí’, la estrategia del gobierno fue clara desde un inicio: evitar que la consulta se convirtiera en un referéndum sobre la popularidad del presidente Guillermo Lasso. Por ello, los rostros más conocidos del régimen no aparecieron en ninguno de los productos de la campaña y evitaron mencionar el tema de la consulta en sus intervenciones.
Además, eligieron a una funcionaria joven y relativamente nueva ante los ojos del público, Karen Sichel, para que se convirtiera en el rostro de la defensa del ‘sí’. Aunque cabe preguntarse cómo hubiese procedido el régimen ante encuestas menos favorables, la confianza en la victoria llevaron a que las dos únicas organizaciones que estaban autorizadas a llevar a cabo campaña a favor de la consulta —CREO y Avanza— se apegaran a esa estrategia de discreción. Pero, ¿qué pasó con el ‘no’? ¿Por qué sus defensores dieron tan poca ‘pelea’?
La fecha que se eligió para la consulta le significó un ahorro al Estado en costos de logística y organización, pero también le restó relevancia a la consulta. El día de las elecciones hay aproximadamente 9.000 candidaturas en juego en todo el país. Mientras el Estado asignó alrededor de 13 millones de dólares para las elecciones de funcionarios, a la consulta se destinaron apenas poco más de 800 mil dólares. Solo cuatro organizaciones —Unidad Popular, Partido Socialista, Revolución Ciudadana y Unión General de Trabajadores—, se registraron para llevar a cabo campaña por el ‘no’, pero la coincidencia de fecha con las elecciones implica que debieron priorizar sus esfuerzos.
En un sentido práctico, conquistar cargos de elección popular le significan a un movimiento una conquista real de espacios de poder y, para los triunfadores, un empleo y un ingreso. La consulta popular, en contraste, implica más la defensa de una postura ideológica sobre el ordenamiento del Estado y su resultado tiene efectos menos inmediatos y reales sobre la vida de quienes participan en la campaña a su alrededor.
Al verse obligados a priorizar, los partidos de oposición prefirieron concentrar sus esfuerzos en las elecciones antes que en la consulta. Igualmente, el votante tiene atención y tiempo limitados que dedicar a las votaciones. En una elección que ya obliga a los ciudadanos a elegir más de una decena de funcionarios entre cientos de candidatos, la consulta implicaba además ocho preguntas de temas muy diversos, muchos de ellos sumamente complejos.
Informar a la ciudadanía sobre cada uno de esos ámbitos para después convencerla de votar ‘no’ implicaba una gran inversión en tiempo, recursos y personas que los partidos prefirieron destinar a las elecciones. La mejor evidencia de ello fue el comportamiento de la principal figura de la oposición, el expresidente Rafael Correa.
En lugar de enfatizar su trabajo por el ‘no’, como lo hiciera en 2018, destinó la mayor parte de su tiempo a entrevistas con pequeños medios locales y trabajo partidista a nivel micro, en aras a lograr triunfos en las seccionales. El mismo comportamiento demostró la Unidad Popular en las provincias donde mantiene presencia. Los otros personajes importantes de la oposición brillaron por su ausencia, por lo que la defensa del ‘no’ en las grandes tribunas políticas y medios nacionales recayó sobre cuadros de segundo o tercer orden.
Luego, el contenido y la naturaleza de la consulta en sí hacían que cualquier trabajo por el ‘no’ resultara inviable. Ante algunas preguntas —como la de la extradición de criminales o la de la autonomía de la Fiscalía— resulta muy difícil, si no imposible, articular un argumento válido y racional. Otras, como las que atañen a asambleístas, a consejeros del CPCCS y a movimientos políticos, se enfocan en sectores tan desprestigiados que defenderlos es una batalla políticamente perdida.
Ante ello, no quedaba sino buscar una estrategia de desprestigio de la consulta en su conjunto o de ataque al gobierno de Guillermo Lasso —bajo el calificativo de ‘consulta mañosa’ y eslóganes similares— que no prosperó debido al astuto proceder del régimen.
Finalmente, se trata de una consulta que muchos sí podían darse el lujo de ignorar. A diferencia de la consulta de Lenín Moreno en 2018 —que proponía el CPCCS transitorio—, la de Rafael Correa en 2011 —que creaba el Consejo de la Judicatura de Transición—, las de Sixto Durán Ballén —que hubiesen implicado un giro ideológico e institucional absoluto del Estado ecuatoriano— o de la León Febres Cordero —que atacaba el corazón del sistema partidos—, esta consulta no implica una gran transformación del Estado.
Además, por más que ha alertado que la pregunta clave es la que se refiere al CPCCS y que todo el resto es relleno, el correísmo ha sido claro en que su objetivo es una nueva Asamblea Constituyente. La atención de la Revolución Ciudadana está puesta en la conquista paulatina de cargos de elección popular hasta lograr el poder suficiente para reformar nuevamente el Estado. El radicalismo de Leonidas Iza y el federalismo de Jaime Nebot van en la misma dirección.
Entonces, ¿por qué debería importarles a las fuerzas de la oposición que se den cambios en un sistema que, de todas maneras, aspiran a transformar en su totalidad? (DM)