Colectivos sociales y ambientalistas enviaron una carta al presidente Lasso y al ministro de Ambiente. El principal reclamo es que no arranca su implementación.
El presidente de la República, Guillermo Lasso; y el ministro del Ambiente y Agua, Gustavo Manrique, recibieron en los últimos días una carta de organizaciones ambientalistas y sociales. Entre las exigencias está que no se concedan licencias para la actividad minera en las áreas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui, Machángara y Norcay.
El 7 de febrero 2021, el 80% de los cuencanos votaron a favor de prohibir la minería a mediana y gran escala en esa áreas. El municipio de la ciudad tiene que aprobar una normativa que haga posible esa prohibición; pero hasta la fecha no se concreta nada, ni hay claridad de cómo avanzan los procesos.
“Nos dirigimos a ustedes como autoridades nacionales y locales, para expresar nuestra preocupación sobre la falta de celeridad en el cumplimiento de los resultados de la Consulta Popular del pasado 7 de febrero, en la que Cuenca dijo “sí al agua” de manera contundente”, detalla la carta.
Además, se señalan que “es urgente tomar decisiones, más aún cuando los proyectos mineros no tienen intención de retirarse, como es el caso de INV Metals, que no solo irrespeta los resultados de la Consulta, sino anuncia avances en el proyecto Loma Larga con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental a fin de obtener la Licencia para la fase de explotación”.
Desde el municipio de Cuenca se asegura que hay toda la voluntad de implementar los resultados lo antes posible; y que se está trabajando en ello. Pero, no queda claro que pasará con las 43 concesiones ya entregadas hace tiempo y que en un futuro podrían llegar a fase de explotación.
Dos extremos
El alcalde Pedro Palacios ha recalcado en varias ocasiones que la consulta claramente establece la prohibición de la explotación. Así, en el caso de Loma Larga, por ejemplo, la construcción de la mina e ir a la fase de producción estarían bloqueadas en las zonas delimitadas por la consulta.
El constitucionalista y docente de Derecho en la Universidad del Azuay (UDA), Sebastián López, puntualizó que las empresas que ya iniciaron su fase de explotación minera no se verán afectadas. Eso incluye al proyecto Río Blanco que, si bien está detenido por una resolución judicial, no sufre alteraciones con los resultados de la consulta.
“Todas las empresas que tienen concesiones, pero no han alcanzado la fase de explotación, simplemente no podrán emprender ninguna acción pues se supone que su fin último será precisamente la explotación de minerales, lo que queda expresamente prohibido por la Consulta”, dijo
Son un total de 43 las concesiones mineras que quedarían sin la posibilidad de desarrollo
Por el otro lado, Andrés Ycaza, vocero de la Cámara de Minería, recalcó que el Municipio de Cuenca no tiene argumentos ni autoridad legal para negar permisos a proyectos que ya están muy avanzados como Loma Larga, cuyo estudio de impacto ambiental está en manos del Ministerio de Ambiente desde finales de 2020.
Es proyecto hasta la semana pasada estaba en manos de INV Metals Inc, pero esa empresa vendió todas sus acciones a Dundee Precious Metals Inc. Se mantiene la meta de iniciar a producción en 2023, con una inversión aproximada de $ 400 millones.
Según Ycaza, los resultados de la consulta popular no pueden ser retroactivos; y el Gobierno nacional tiene que actuar para establecer una posición y una política clara para evitar que se pierdan oportunidades e inversiones. » Siempre se supo que el día después de la consulta era lo más complicado», concluyó. (JS)