Concurso de jueces para la CNJ tiene que volver a cero

La Corte Nacional es el máximo órgano de justicia ordinaria en el país.
La Corte Nacional es el máximo órgano de justicia ordinaria en el país.

La falta de postulantes para las salas es el reflejo de un desinterés por ser magistrado, principalmente por la inestabilidad política, sostienen analistas.

Que el Consejo de la Judicatura (CJ) tendría que declarar desierto el actual concurso de méritos y oposición para seleccionar a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es lo que sostienen especialistas que observan de cerca el proceso.

Ellos miran con preocupación que el organismo no tenga el número suficiente de elegibles para llenar las 16 vacantes para las salas especiales del máximo órgano de justicia ordinaria en el país.

A Paúl Ocaña, abogado penalista en libre ejercicio, le llama la atención que no haya suficientes postulantes para hacerse cargo de las causas que lleguen a la CNJ.

Hay desinterés

A criterio de Ocaña, la situación se traduce en la falta de interés que existe entre la población de juristas por ocupar la alta magistratura.

Según dijo, el desinterés de las vertientes de la Academia y de los profesionales en libre ejercicio no viene de la mano por el tema económico, sino por la actual situación política que atraviesa el país.

“Por cómo está la situación política a nadie le interesa ser juez. Se corre el riesgo que de un momento a otro ellos (jueces) puedan ser enjuiciados”, dijo.

Menos postulantes

Hasta noviembre del año pasado, la Judicatura tenía un banco de elegibles de 96 aspirantes que pasaron la fase de méritos. Sin embargo, 5 no pasaron una valoración psicológica y otras 14 personas fueron descalificadas por no presentarse a la prueba.

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, aseguró que la exigencia del concurso hace que a estas alturas existan apenas 23 aspirantes, que todavía deben sujetarse a una fase de impugnación como parte del camino a la CNJ.

Ocaña no comparte con ese criterio. Según dijo, los participantes no fueron los más calificados para llegar a ser juez nacional del país.

A Darío Paladines, representante de la veeduría ciudadana que acompaña el concurso, le preocupa una posible prórroga de funciones de los conjueces temporales, que fueron designados por la Judicatura tras la evaluación hecha a la CNJ.

Asimismo, se comprometió a continuar vigilando que se cumpla con la Ley en un posible nuevo concurso para completar las salas de la Corte. (FLC)

La alternativa de reiniciar el proceso

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), el concurso para elegir magistrados para la CNJ debe declararse desierto, de acuerdo al artículo 74 del reglamento elaborado por el CJ.

Sin embargo, la Judicatura descartó la posibilidad de que el proceso vuelva a cero, aunque su presidente dejó abierta la posibilidad de convocar a un nuevo concurso, si es que los elegibles que lleguen el próximo 6 de febrero no son los suficientes para ocupar todas las vacantes.

Alarcón cuestionó esta alternativa. Dijo que la Judicatura no podrá ejecutar la nueva evaluación en condiciones diferentes a las que aplicó para descalificar a los postulantes que salieron y calificar a los que quedaron, pues eso atentaría a la seguridad jurídica.

Hasta el jueves pasado, la Judicatura recibió 18 pedidos de recalificación de los postulantes que no alcanzaron los puntajes. Sin embargo, a su juicio, el reglamento debe ser repensado, por lo que consideró como la mejor opción que todo regrese a cero.

Paladines afirmó que según las reglas del juego impuestas por el CJ, quienes hayan participado no podrán volver a hacerlo en el nuevo proceso.

“El pueblo no se puede quedar en la indefensión. Como veeduría vamos a seguir observando el nuevo concurso”. Darío Paladines, representante de la veeduría ciudadana

“Vivimos una crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que íbamos a llegar a esto”. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

“Nos preocupa que sectores con fines protervos pretendan que este concurso público se caiga”. Pedro Crespo, director general de la Judicatura