Los decretos, los subsidios, la moratoria de deudas y la minería son algunos de los temas que entran en debate.
Los acercamientos entre el Gobierno y la dirigencia indígena se retoman siete días después de que firmaron el “acta de la paz” que dio por concluida una movilización que paralizó el país durante 18 días.
En una mesa técnica se instalará este 7 de julio de 2022, desde las 09:00, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). En ella se definirá una metodología de trabajo y una hoja de ruta para arrancar con los diálogos durante los 90 días establecidos en el acuerdo.
Los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígena y Negras (Fenocin) y de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine) tienen lista la estrategia que plantearán al régimen. Ellos plantean una negociación en tres bloques.
El primero está relacionado con los decretos firmados por Guillermo Lasso, presidente de la República. “Hay que lograr que eso funcione en la vida real”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Entre otros mencionó el decreto que permite el control de precios y la especulación. “En las mesas se debe garantizar que el decreto se haga cumplir y no se permita la especulación”, señaló Iza.
En un segundo bloque se incluyen los temas pendientes como el mecanismo para la focalización de los subsidios, los temas minero y financiero. “Esto debe ser manejado técnicamente; no sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar para resolver estos temas”, apuntó Iza.
En el tercer paquete se deben considerar los decretos que fueron anunciados para que la gente más pobre y la que salió a luchar puedan acceder a esos derechos.
Iza prefirió no especular sobre lo que ocurrirá en los próximos días, pero aseguró que el movimiento pondrá “toda la sabiduría, voluntad y sapiencia de manera unitaria” para que se resuelvan los temas que aún están pendientes.
Equipo del Gobierno
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, se refirió a la necesidad de dar seguimiento para la “implementación efectiva” de los decretos para evitar, por ejemplo, la especulación de productos. También se han designado equipos negociadores para los temas de agricultura, educación, salud y créditos, que estarán a cargo de BanEcuador, entre otros. Jiménez espera que en 45 días se vean los primeros resultados.
Especialistas y técnicos
Gary Espínoza, representante de la Fenocin, dijo que será necesario incluir temas específicos como el desarrollo agrario, y que se evite la contaminación ambiental por actividades petroleras y mineras.
En las próximas horas se reunirán con técnicos y especialistas en el tema agrario, quienes aportarán con insumos para fortalecer sus argumentos durante los debates. Entre ellos mencionó a Andrés Pilamunga, especialista en seguridad alimentaria, y Fernando Rosero Garcés, investigador agrario. No descartó solicitar la opinión de Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional, para plantear un reglamento a la Ley de Fondo Nacional de Tierras que fue expedido durante el régimen de Rafael Correa, y para la Ley de Aguas.
Destacó el anuncio del presidente de la República de volcar sus esfuerzos hacia el campo y que esto sea una prioridad en la agenda. (SC)
“Productores trabajan a pérdida”
Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, dijo desconocer la experiencia que pueda tener Pablo Arosemena para liderar el Ministerio de Economía, pero espera que no sea un funcionario “ortodoxo” de los que buscan que la “macroeconomía esté bien, y que la microeconomía esté hecho pedazos”. Agregó que las autoridades deben buscar alternativas de inversión para nivelar la brecha entre pobres y ricos.
“Esperamos que el Ministro tenga respuestas. No se trata de engordar la alcancía del país, sino de dar respuestas a las contingencias que necesita el Estado”. Dijo que en estos momentos los pequeños productores y agropecuarios de palma, banano, papa, maíz, cebollas, trabajan a pérdida. “Eso no puede continuar y el Ministerio de Finanzas debe tener la sensibilidad de invertir en el sector rural del país”.
‘No se ha probado el supuesto delito en flagrancia’
Después de que el juicio que se instaló en la Unidad Penal de Latacunga, este 4 de julio de 2022, en contra de Leonidas Iza fue declarado fallido por la jueza Paola Bedón, y pasó a consulta -por los tiempos legales- de la Corte Constitucional (CC), el máximo dirigente de la Conaie, espera que en esa instancia jurídica se garantice la independencia de poderes. “La Justicia debe estar para garantizar justicia y no simplemente para recibir presiones políticas como ha ocurrido en mi caso”, señaló.
Afirmó que, hasta el momento no se ha podido probar el supuesto delito de flagrancia (cierre de vías, desabastecimiento, fallecidos).
Agregó que luego de su detención “ilegal” y “arbitraria” en el primer día de protestas, se han producido “un montón de elementos” violentos inclusive la infiltración del Estado, a través de miembros de la Policía vestidos de civil a quienes atribuyó los atracos a cooperativas de ahorro y crédito, y al edificio de la Fiscalía en Quito. “Nosotros detuvimos a los policías infiltrados y luego los entregamos a la Policía”, afirmó, tras rechazar que desde el Estado se pretenda trasladar la responsabilidad a los manifestantes.
La metodología estará enfocada en definir el número de delegados por cada sector.
“Esperamos respuestas del Ministro de Economía. No se trata de engordar la alcancía del país, sino que se atiendan las contingencias que se necesitan en el campo”. Gary Espinoza, presidente de la Fenocin.