Conaie radicaliza su posición y se suma a intentos de destitución del Presidente

La dirigencia indígena asume una posición beligerante contra el Gobierno

La organización indígena suscribe las conjeturas del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Además, sin pruebas, acusa a Lasso de ser cómplice de la evasión de los principales grupos económicos.

A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) radicaliza su posición y se suma a UNES y Pachakutik, que través del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, buscan la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.

«Si el señor Guillermo Lasso Mendoza inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular, entonces está prohibido de ejercer su cargo público por su vinculación con empresas fantasmas establecidas en paraísos fiscales«, asegura el comunicado

Asimismo, la organización indígena se embarca en la teoría de la conmoción interna, la cual allana el camino para justificar la salida del primer mandatario.

«El vínculo de Guillermo Lasso con los Pandora Papers solamente se suma a una ya existente situación de crisis y conmoción social que atraviesa el Ecuador por múltiples crisis», puntualiza el comunicado.

Acusaciones sin pruebas

La Conaie incluso acusa a los voceros del Gobierno de defender la «legitimidad de evadir impuestos»; y les recuerda que los recursos escondidos en paraísos fiscales son «un robo al conjunto de la sociedad».

«Es una vergüenza que mientras el Ejecutivo intenta justificar la evasión tributaria de uno de los presidentes más adinerados de la historia ;al mismo tiempo anuncia la falta de recursos para la Proforma Presupuestaria 2021,que le quita $291 millones de dólares a salud y $278 millones a educación. Estos recursos faltan porque los grupos financieros y económicos evaden impuestos», afirma la organización indígena.

Incluso, sin presentar ninguna prueba, la Conaie denuncia que el presidente Lasso habría facilitado ocultar capitales de clientes de otros grupos económicos. Esto, a pesar de que el actual Gobierno no tiene ni seis meses en el poder y, en lugar de aflojar los controles, los ha fortalecido con el impulso a la Unidad de Gran Contribuyentes dentro del Servicios de Rentas Internas (SRI)

«Solamente si Guillermo Lasso y los 270 grupos económicos pagaran un impuesto mínimo del 2% de sus ingresos -como sí ocurría con los microempresarios- se recaudaría por lo menos $1.306 millones de dólares adicionales, suficientes para no realizar recortes. Pero los grupos económicos pagan hasta el 1% de sus ingresos porque usan paraísos fiscales para esconder su riqueza, subestimar sus ganancias o sobrevalorar sus costos y declarar menos impuesto a la renta», denuncia el comunicado.

Sin embargo, Gonzalo Beltrán, abogado tributario, cuestionó esas afirmaciones y las consideró sin ningún sustento. Así, si se revisan los registros y bases de datos públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), los grandes grupos económicos pagan, en promedio, el 8,6% de impuestos (renta, IVA, ISD entre otros) sobre sus ingresos.

«El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales es una suma de suposiciones e insinuaciones; pero no se prueba nada de lo que se debía que investigar. El documento está mal redactado y solo busca generar dudas, sin concretar evidencias», acotó.

Beltrán dijo que, según la comisión, la prueba madre de la evasión es que existe una diferencia entre los pagos de impuestos de Lasso como persona natural equivalentes al 34,48 por ciento de sus ingresos; mientras el Banco de Guayaquil, en promedio, tributa un poco más 3% sobre los suyos.

» Eso es perfectamente normal, y no demuestra más que la ignorancia de los asambleístas que avalaron el informe. Los mismo registros públicos del SRI establecen que , entre 2002 y 2020, Lasso pagó $17’805.250,12 en impuesto a la renta; es decir, un promedio de casi $900.000 anuales«, acotó.

A pesar de todo eso, la Conaie concluye su comunicado enfatizando que  la vinculación de Guillermo Lasso Mendoza con paraísos fiscales tiene consecuencias graves.

«Es un deber moral de todos los ecuatorianos, ecuatorianas y autoridades tomar las medidas de sanción que sean necesarias en el caso de los Pandora Papers. Esto ayudaría a empezar a transformar las actuales condiciones financieras y fiscales que permiten la enorme e inhumana injusticia social que atraviesan nuestros pueblos», recalca la organización.

Gabinete respalda a Lasso

Mediante un comunicado oficial, el Gabinete Ministerial del presidente Lasso expresó su rechazo al informe elaborado por la mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Se asegura que en ese documento se sostiene la falsa hipótesis de que el Presidente inobservó el pacto ético aprobado en la Consulta Popular de 2017.

«Ese grupo de asambleístas. liderado por el correísmo. elaboró un documento sin sustento legal ni argumentos lógicos, con el que pretende asegurar que se habría configurado una supuesta causal de destitución del Presidente. según el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República, por grave crisis política y conmoción interna», puntualizan los ministros.

Además, consideran que su «intencionalidad golpista«, el correísmo y sus aliados pretenden obviar las normas que facultan a la Contraloría para auditar el cumplimiento de la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular de 2017, las leyes para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias previstas en el Código Tributario e incluso el procedimiento de juicio político previsto en la Constitución.

«En este contexto, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que deseche este informe por absurdo. inconsistente y solamente útil para los intereses desestabilizadores y golpistas. También valoramos la posición de varios sectores políticos, que a pesar de estar opuestos a la línea del Gobierno. no están dispuestos a prestarse al resquebrajamiento democrático del país», reclama el gabinete.

Finalmente, se hace vuelve a hacer un llamado al diálogo y a los consensos porque el país necesita respuestas ante la crisis económica y social; y los ciudadanos demandan oportunidades y un ambiente adecuado para trabajar en paz.