El CNE aprobó el nuevo reglamento para las candidaturas que participarán en los comicios del 5 de febrero de 2023.
En Latinoamérica, tres de cada cinco ciudadanos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos, según la encuesta del Barómetro de las Américas de 2022. En Ecuador, el 64% de la población mira así a quienes toman las decisiones del país.
Con esta falta de confianza en nuestros mandantes ¿cómo elegimos? ¿A quiénes elegimos?
Para las elecciones de 2023 el Consejo Nacional Electoral ha aprobado 276 organizaciones políticas, que ahora están en busca de sus candidatos para alcaldes, consejeros, prefectos, representantes de juntas parroquiales y a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El requisito principal es tener mínimo 18 años, estar en goce de los derechos políticos y certificar que nacieron o viven en la zona a la que van a representar un mínimo de dos años.
Se calcula que para estas elecciones habrá alrededor de 90 mil candidatos.
Para el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, este número es demasiado alto e impide elegir con conocimiento. “Ni siquiera es posible revisar todos los planes de gobierno”. Moncayo cree que, por ejemplo, para la Alcaldía de Quito, entre cinco o seis opciones sería más que suficiente. En las elecciones de 2019, hubo 17 aspirantes.
¿Se pueden plantear más requisitos?
El 24 de julio de 2019 un grupo de ecuatorianos, entre ellos varios políticos, presentaron a la Corte Constitucional un proyecto de modificación constitucional en el que se plantearon algunos requisitos para los candidatos a senadores como ser mayor de 35 años años, experiencia de al menos diez años y un título de educación superior de tercer nivel, no haber sido llamado a un juicio penal, ni tener responsabilidad o deudas a favor de la Administración determinadas por la Contraloría General del Estado.
Un mes después, en agosto de 2019, la Corte Constitucional, en el dictamen 4-19-RC/19, dijo que no es inconstitucional poner más requisitos a quienes aspiran a un cargo de elección popular, pero aclaró que estos se podrían considerar discriminatorios.
En esto coincide Mauricio Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien recuerda que la mayoría de los actuales asambleístas tienen títulos de tercer y cuarto nivel. Sin embargo, la calidad de su gestión está puesta en duda por la ciudadanía.
Estefanía Terán, directora de Incidencia de FARO, cree que poner requisitos a las candidaturas sería un retroceso, porque limitaría la participación de varios sectores y sería un privilegio acceder a ciertos derechos políticos, como ser elegido como candidato.
“Sería muy selectivo escoger a personas con tal nivel de educación o tal título y eso no es democrático”, insiste Terán, quien cree que hay otras formas de mejorar la calidad de las candidaturas, por ejemplo, el voto no obligatorio.
“Actualmente, los candidatos saben que la ciudadanía sí o sí va a votar, porque nos exigen el certificado. Saben que algunos votos van a sacar. Pero, si no fuese obligatorio, como candidato yo me vería en el esfuerzo de lograr que la ciudadanía salga a votar por mí. Así se fortalecería el mensaje y la comunicación que va desde la oferta hasta las demandas ciudadanas”, dice Terán.
La directora de Faro agrega que es importante que los votantes tomen una decisión informada, que busquen los planes de gobierno, los cuales deberían ser mejor regulados por los organismos electorales. “Hay planes de gobierno de tres páginas y otros de mil páginas. Esto debería no ser solo un requisito formal, sino que el CNE debería regular”.
Como tercer punto, Terán sostiene que se deben fortalecer las organizaciones políticas, porque ahí está la responsabilidad de asegurar candidatos con calidad.
Mauricio Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo también considera que la calidad de las candidaturas debe venir de las bases.
“La mayor responsabilidad radica en la forma en que los partidos y movimientos políticos seleccionan a sus candidatos. Esto no siempre pasa por un escrutinio de sus bases, ni siquiera por el escrutinio de su directiva en cuanto a su experiencia y trayectoria. No se respetan los procesos democráticos internos. A veces, escogen por teléfono, como contó Ricardo Vanegas que le invitaron a participar en Pachakutik”, recuerda Salvador. (GVL)
Se necesitan reformas en las reglas del juego electoral
El Reglamento para las democracias internas, en el artículo 4 dice que cada partido escogerá sus candidaturas por elecciones primarias abiertas, cerradas, representativas “entre otras modalidades”.
Para Mauricio Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta es una falla que se debería arreglar forzando a que los candidatos sean afiliados o adheridos a los movimientos políticos y no solo “invitados”.
“Que los movimientos políticos tengan gente que conozca el partido político, sus principios y valores, que respalden sus propuestas de gobierno, que al menos estén alineados con lo que dicen representar. Eso sería un gran avance. Que exista democracia real”, insiste Salvador quien cree que así se evitarían los “camisetazos”, como ha sucedido con la Asamblea Actual.
Agrega que las elecciones internas deben ser por primarias obligatoriamente. “Hay organizaciones en las que, en su proceso democrático interno, el voto es por aplauso, asignación o por aclamación. Y llegamos a tener candidatos presidenciales que van con movimientos que dicen tener más de 200 mil adherentes y terminan sacando menos de 80 mil votos”, concluye Salvador, quien hace énfasis en que los candidatos deberían pasar por filtros al interior de las organizaciones políticas.
“El problema no radica en los requisitos, sino en los procedimientos”,
Mauricio Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De acuerdo con el calendario del CNE, del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2023 se inscribirán las candidaturas para las elecciones seccionales de 2023.