Lo ilícito en los ámbitos público y privado / El Comercio

Sin perjuicio de seguir en las peores escalas de la corrupción, la inestabilidad política y el desorden institucional en las encuestas mundiales -a las que nos estamos acostumbrando-, existe un capítulo aún más grave que no se ha explorado.

Se trata de que al ciudadano común, llamado irónicamente ‘el soberano’, la confusión nacional lo ha inducido a perder los referentes para distinguir lo lícito de lo ilícito, lo moral de lo inmoral y a duras penas distingue entre lo que es posible y aquello que no lo es.

El conocimiento de la dicotomía entre el bien y el mal, sustento elemental de la civilización, se está diluyendo en medio de proclamas moralistas ineficaces y el comportamiento de una poderosa dirigencia incapaz de retornar a los orígenes de la democracia.

En efecto, diariamente desde la cátedra y los púlpitos -sin estrategia ni pedagogía- se insiste en los valores morales, la conciencia cívica y el respeto al derecho; sin embargo, en la vida real esa misma sociedad observa que al finalizar el año 2005 el Estado no tiene Tribunal Constitucional, Contralor, ni Ministro Fiscal General; que a duras penas acaba de integrar la Corte Suprema de Justicia y con ansiedad espera que este organismo pase la prueba de una integración honesta del Consejo Nacional de la Judicatura.

Ese mismo pueblo, ‘el soberano’, acaba de ser testigo o víctima de la tramoya de un personaje que era notario público y que el Estado, con sus poderosas instituciones, y hasta los medios de comunicación permanecieron sordos, ciegos y mudos por más de una década ante tan grave delito.

En estas condiciones, ¿cómo se puede pedir al ciudadano que distinga lo legal de lo ilegal y que, tan ingenuamente como depositó sus ahorros en un representante de la fe pública, pida con el sentido común del perjudicado sin protección, que el Estado le devuelva su dinero? Todo esto mientras se desbarata el Tribunal Supremo Electoral, cae el Superintendente de Bancos y trascienden confusas conversaciones entre un ex presidente prófugo y la representante del Ministerio Fiscal.