A través de una campaña buscan que el próximo gobernante asegure una inversión pública para la prevención de las violencias de género.
La Coalición Nacional de Mujeres ha hecho un llamado a los candidatos a la presidencia Andrés Arauz y Guillermo Lasso, a ser parte de un Pacto Fiscal que asegure la inversión pública adecuada para prevenir la violencia de género que, desde 2014 ha cobrado la vida de 870 mujeres.
Rocío Rosero, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres, señala que esta ha sido una realidad histórica, pero que en el contexto de la crisis por la Covid-19 se “agudizaron las desigualdades económicas, que generan desigualdades de género”.
Por parte de las autoridades, destacó Rosero, no han tomado medidas adecuadas y, desde las candidaturas, existe desconocimiento sobre las necesidades del país para avanzar en materia de género.
“Hay la necesidad de que exista una arquitectura institucional sólida en el ejecutivo para que haga la rectoría en la Ley contra la violencia y para que haga los planes de igualdad. No podemos seguir aquí tratando de inventar cosas que no tienen cabida en la estructura del Estado”, dijo.
Rosero señaló, además, que han tenido acercamientos con los equipos de campaña de Arauz y Lasso para que se adhieran al Pacto Fiscal. Sin embargo, la campaña también se hace mediante talleres, charlas y socialización de los datos, respecto a la protección fiscal del país, para erradicar la violencia de género.
El costo de la violencia
Berenice Cordero, directora del grupo ‘Dignidad + Derechos’ indica que el costo de la violencia de género en Ecuador es de $4.680 millones, lo que representa 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB). El 50% de este valor es asumido por las mujeres.
Y de ese monto, agregó la representante, el 50% lo asumen las propias mujeres. “Se minimiza el financiar la ley de violencia contra las mujeres y todo lo que son servicios de protección para las mujeres”, detalla Cordero, quien señala que los candidatos deben revisar los problemas fiscales del país.
La Coalición de mujeres detalla que el Estado ecuatoriano invierte, solamente, $878.000, en prevención contra la violencia. “Necesitamos cambiar ese esquema y declarar una emergencia social en la que se asuma la prevención y la erradicación de la violencia como una política de Estado”. (AVV)