De 18 países, Ecuador y Argentina son los que más número de organizaciones políticas registran.
La quinta pregunta de la consulta popular que el Gobierno pondrá a consideración en las urnas el 5 de febrero de 2023 -junto con las elecciones seccionales- plantea reducir el negocio electoral y evitar que el Estado siga destinando altos presupuestos para la promoción y financiamiento de las organizaciones políticas.
Actualmente, existen 272 movimientos políticos en Ecuador, pero eso no garantiza la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. Por el contrario, son agrupaciones que le cuestan al Estado millones de dólares en inversión.
Este es uno de los argumentos con el que se respalda el Gobierno al plantear la pregunta ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?,
Entre 2013 y 2021 el Estado desembolsó $122’519.359 como rubro de “fondo de promoción electoral” para fomentar las propuestas de los candidatos de partidos y movimientos en tiempos de campaña.
Para los comicios del 5 febrero de 2023, el monto para la promoción electoral aprobado por el CNE es de $13.5 millones ($3’326.655 para prefectos, $4’594.498 para alcaldes, $3’743.586 para concejales y $1’853.302 para candidatos a vocales juntas parroquiales).
Fondo partidario
Otro rubro que la Ley Electoral ordena cancelar a las agrupaciones políticas es el Fondo Partidario Permanente (FPP, que consta en el Presupuesto General del Estado.
El artículo 356 del Código de la Democracia dice que las agrupaciones políticas recibirán los recursos del Fondo Partidario si obtuvieron el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional o, al menos, tres representantes en la Asamblea Nacional, o el 8% de alcaldías, o mínimo una concejalía en el 10% de los cantones del país.
Solo para el pago del FPP de las tres últimas elecciones, el estado asignó cerca de $9 millones a las organizaciones políticas.
La pregunta cinco
La pregunta cinco del referéndum constitucional llevará a establecer requisitos más estrictos para la conformación de movimientos, sin importar su alcance territorial, dijo la abogada Amalia Fernández Salvador, asesora jurídica de la Presidencia de la República.
El Gobierno defiende su tesis en la disparidad que existe en los requisitos de inscripción entre los partidos y movimientos políticos. Aunque ambos deben presentar mínimo un 1,5% de respaldos del padrón electoral, para los partidos eso implica actualmente 201.751 afiliados. Pero los movimientos pueden presentar solo 20.175 adherentes permanentes y 181.576 adherentes o simpatizantes.
El Ejecutivo busca crear condiciones para la existencia de los movimientos políticos y evitar la dispersión, fragmentación electoral y gasto de recursos estatales. A diferencia de los partidos, los movimientos pueden ser de carácter nacional, provincial, cantonal y parroquial.
Los movimientos políticos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros, insistió Amalia Fernández, pero remarcó que la iniciativa también busca igualar los requisitos entre los partidos y movimientos.
En ambos casos se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, etc.
También deberán contar con un registro de afiliados, ya no simpatizantes o adherentes, no menor al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción. Los militantes no podrán pertenecer a dos organizaciones a la vez.
El CNE deberá revisar y auditar los registros de afiliados de manera permanente. Además, garantizará la modernización de sus sistemas para verificar la identidad de los afiliados, se implementará un sistema biométrico para la verificación de los miembros de las organizaciones políticas.
La transición
Para los cambios se prevé un régimen de transición para que no haya organizaciones automáticamente eliminadas. Los partidos nacionales tendrán un año para elaborar su registro y los movimientos seccionales 180 días.
Con la aprobación de la pregunta se reformarán los artículos 109 y 112 de la Constitución. Las agrupaciones que no cumplan serán eliminadas. Además, otorga 180 días al CNE para que se habilite la plataforma para consulta del estado de afiliación de todos los ciudadanos.
Esta es una de las preguntas que registra alta aceptación en la población, según las encuestas. Cedatos, por ejemplo, reveló que tiene el apoyo del 75,1% de la población; solo el 13,8% se pronunció por el No. (SC)
“Baja calidad de las organizaciones”
El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que esta pregunta sirve para enfrentar la baja calidad de las organizaciones políticas, la fragmentación, la dispersión, la vulneración del principio de igualdad y la falta de un registro confiable en el CNE.
Por ejemplo, ahora mismo hay movimientos con menos de 100 miembros que pueden proponer candidatos para prefectos y viceprefectos, en 80 cantones se requiere de menos de 10 miembros para un partido o movimiento “Esta dispersión le ha costado al país $122 millones. Hay cifras de representación que son ridículas”, señaló.
El cálculo para la entrega del FPP se determina según lo que establece el artículo 59 de la Ley Electoral, que señala que en el Presupuesto General del Estado constará anualmente una partida por un monto equivalente al 0.5 por mil de los egresos fiscales.
El CNE deberá implementar una plataforma electrónica que permita a cada ciudadano consultar su estado de afiliación, garantizando el derecho a la protección de datos personales.