Por la organización de la primera y segunda vuelta presidencial de 2023, Finanzas aún adeuda $13 millones. También hay un saldo de $7 millones pendiente por cancelar al IGM.
Todavía con una deuda estatal pendiente de $20 millones de los últimos tres procesos electorales, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) empiezan a hacer los cálculos de los recursos que le representarán al país la organización de la consulta popular anunciada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y en caso de que las once preguntas sean calificadas por la Corte Constitucional (CC).
Según José Cabrera, vocal del CNE, el organismo está operativamente listo y el personal capacitado para organizar la consulta popular, y un posible referendo (sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional). Los montos estimados para organizar la consulta bordearían los $50 y $55 millones.
Luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y la promulgación en el Registro Oficial, el CNE tendrá 15 días de plazo para convocar a la consulta, y 60 días para ejecutar el proceso electoral.
Por lo tanto, cualquier contratación de bienes y servicios, como la importación del papel, debe darse en el menor tiempo posible, señaló Cabrera.
Sin embargo, en una declaración que Cabrera dio hoy, 4 de enero de 2024, reveló que, por concepto de los comicios seccionales, y primera y segunda vuelta presidencial de agosto y octubre de 2023, respectivamente, el ministerio de Finanzas adeuda $13 millones que son requeridos para canelar a funcionarios del CNE que se contrató para estos procesos, a proveedores y medios de comunicación. A esto se suma un saldo pendiente pr pagar de $7 millones al Instituto Geográfico Militar (IGM). (SC)
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