Expertos internacionales piden a Guillermo Lasso vetar la ley que quiere imponer el correísmo.
El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobado por una mayoría de la Asamblea, liderada por el correísmo, no solo recibe cuestionamientos en el país, sino a escala internacional.
La exRelatoría de Protección de Derechos a la Libertad de Opinión y Expresión alerta que el proyecto de minoría carece de mecanismos de protección a periodistas, y que se intenta dar a la Defensoría del Pueblo un papel de mediador de los temas que se publican en los medios, cuando su función es defender a los ciudadanos frente al poder del Estado.
Santiago Cantón, director del Programa del Estado de Derecho del Diálogo Interamericano con sede en Washington, consideró que si el objetivo era tener una ley moderna de comunicación, lo único que han logrado es retrasarla 200 años en lugar de tener una norma futurista. “Claramente es un retroceso grave en un momento en donde la libertad de expresión en el Ecuador y en la Región está siendo muy amenazada”, señaló.
Cantón agregó que la posibilidad de que se incorporen sanciones penales por el ejercicio de la libertad de prensa, y que a esto se añada la censura previa, o plantear la opinión como algo que debe ser sancionado, lleva a una clara violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Ecuador es adscrito.
A criterio de Cantón, lo que “abiertamente” y “manifiestamente” hizo la Asamblea es ir en contra de la Convención de Derechos Humanos que exige a los estados adecuar su legislación interna a la normativa.
Las consecuencias
Cantón enumeró que la primera consecuencia “grave” será la afectación a la libertad de expresión y, consecuentemente, la democracia y el Estado de Derecho. “De eso no hay ninguna duda”, advirtió.
Además, a escala internacional, se envía un mensaje “también muy grave” de que la Asamblea no cree en la libertad de expresión, lo que puede afectar no solo a quienes ejercen el periodismo, sino a los ciudadanos en general.
En los casos de afectación a las libertades, el Estado podría pedir a la Convención acciones urgentes como solicitar la visita al país de Pedro Vaca, Relator de la Libertad de Expresión. “El Estado está obligado a cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos; el Ejecutivo representa al Estado, por lo tanto, el Presidente (Guillermo Lasso) podría vetar los artículos que sean violatorios a la Convención”, sugirió.
‘La salvajada más grande’
Frank La Rue, exrelator para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, consideró que en el proyecto se incluyen instrumentos para silenciar y limitar a una prensa que debe estar libre de condiciones, y sin ningún tipo de autorización ni censura previa, como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Para este especialista, eliminar la opinión es la “salvajada más grande”, porque la libertad, como lo menciona el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es el derecho a la libertad de opinión y expresión.
“Este es un triángulo que va en secuencia: se busca información, se crea pensamiento, se desarrollan y se explican opiniones y estas se manifiestan. Así se debe entender la libertad de expresión que en el fondo se traduce como acceso a la información”.
El día que una ley diga que se deje de opinar, en el fondo lo que se dice es que deje de pensar, lo cual es absurdo. “Esa es una tontería y la vulgaridad más grande”, expresó LaRue.
Para el experto, es momento de que en Ecuador se revise la ley. Cree que el camino es que el presidente de la República, Guillermo Lasso, la vete y la envíe a la Asamblea para que una nueva comisión rehaga los textos garantizando que el trabajo periodístico no tenga injerencias.
Texto con problemas
En el texto también se evidencian problemas de “mala interpretación” de derechos humanos.
Para LaRue, uno de los grandes desafíos de la democracia en el mundo, pero particularmente de América Latina, es cómo combatir la corrupción y el nepotismo. Desde los actos irregulares de los Panamá Papers, hasta el caso de Odebrecht, recordó.
Por ello -dijo- si no se logra frenar iniciativas como la Ley de Comunicación se impondrán los gobiernos corruptos y estados con instituciones que se van corrompiendo poco a poco.
En ese caso, el periodismo libre se vuelve una base fundamental de defensa de la democracia que no permite la corrupción. “Este es un momento decisivo para Ecuador, por lo que es importante que la sociedad levante su voz con el presidente Lasso para que se corrijan esos errores”. (SC)
Iniciativa de sectores populistas
La Rue atribuyó estas iniciativas a sectores populistas que, en su estrategia de hacer política, tratan de vender una imagen a la población y crear ficciones a través de controlar la información, pero especialmente tratan de silenciar las críticas.
Los presidentes populistas, no solo de América Latina, sino del mundo entero han construido su imagen a través de redes sociales. “Buscan crear imágenes ficticias de sí mismos para convencer a la población con sus ofrecimientos”.
Consideró que un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) también sería una alternativa eficaz, aunque la acción más rápida y expedita sería un veto por la responsabilidad implícita del Presidente de la República, si quiere ser visto como defensor de los derechos humanos. El Ecuador ha pasado por un periodo muy tenso por lo que es momento de reafirmar los valores de la democracia, indicó.
Frank LaRue
“Lo normal es que, si un Presidente observa una ley que no es efectiva en tema de derechos humanos y ante lo cual está obligado por la Constitución y los tratados internacionales, se vete la ley, la devuelva a la Asamblea y se rehagan los textos aplicando el mecanismo de consulta hacia la sociedad”