A finales de agosto de 2024 no se apagarán todos los pozos petroleros del ITT. En lo que resta de este año, en el mejor de los casos, se cerrarán 10 de un total de 246 pozos. Sin embargo, Ecuador comenzará a sentir el empobrecimiento, la falta de producción y de ingreso de dólares frescos. No existen propuesta reales para reemplazar la producción y los ingresos del ITT. Su desmontaje completo podría tomar hasta 13 años.
Hasta 13 años podría tomar cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, y el resultado de la consulta popular de agosto de 2023, donde se ordena que se deje de explotar el bloque petrolero ITT, se cierren todos los pozos, se desmonte toda la infraestructura y se deje el terreno como si nunca hubiera existido actividad extractiva.
Dejar de explotar el ITT no solo provocará que el país sea más pobre, debido a que se reducirá la producción o la riqueza que se genera cada año; sino que también se dejarán de percibir ingresos frescos del exterior que ayudan a aumentar la masa monetaria e inyectan liquidez para que, al menos, se mantengan los niveles de créditos en la economía.
A continuación, se detallan las claves para entender el mal negocio que representa para los ecuatorianos cerrar el ITT:
1.- Para el viernes 30 de agosto del 2024 está previsto que inicie el apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos petroleros en el ITT.
Sin embargo, este proceso será largo y costo, según el informe sobre los impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto del cumplimiento de la consulta popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del bloque 43 ITT, elaborado por el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT y presentado a la Corte Constitucional.
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En el mejor de los casos, apagar todos los pozos tomará hasta el 31 de diciembre de 2029, es decir, algo más de cinco años. Es completamente inviable hacer esto en un año como ordena el dictamen de la Corte Constitucional.
En 2024, se prevé el cierre de 10 pozos, con ayuda de dos torres de reacondicionamiento, dependiendo de la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y las autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas.
Desde 2025 hasta 2028 se prevé el cierre anual de 48 pozos y en 2029 44 pozos para terminar con la operación del bloque.
Según el informe remitido por el Gobierno de Daniel Noboa, para el proceso de cierre de pozos se requiere de torres de reacondicionamiento para la instalación de varios tapones y el tiempo de intervención para el cierre es de 14 días de operación y 1 día de movilización entre pozos.
Actualmente existen 261 pozos de los cuales, 246 pozos son perforados con 8 reentradas y 1 abandonado, 6 exploratorios y que deben ser intervenidos para realizar el cierre.
«Lo que significaría aproximadamente 7,5 años si se utilizase 1 torre de reacondicionamiento y 5 años 5 meses si se utilizarían 2 torres (en función al presupuesto disponible)», puntualiza el documento enviado a la Corte Constitucional.
En este contexto, de acuerdo con Carlos López, ingeniero petrolero, el país deberá preocuparse de gastar para dejar de producir mientras lo que se necesitaría es producir más para tener más ingresos y generar más empleo.
» Nos estamos dando un tiro en el pie justo cuando más necesitamos ingresos frescos de dólares, que vienen vía exportaciones (incluida la petrolera) y el endeudamiento. El Banco Central ya estimó que el país dejará de percibir $$12.039 millones de ingresos netos hasta 2043, es decir, más de $1.200 millones al año», acotó.
A eso se suman los costos de desmontar todo y dejarlo como si nunca hubiera existido explotación petrolera.
2.- En el documento remitido por el Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional, se establecen tres escenarios para el cierre de los pozos del ITT.
-Uno con declinación natural, que implicaría 13 años para el cierre
-Otro con una declinación anticipada de la producción petrolera a 5 años
– Un tercero con declinación anticipada a 4 años.
Si se opta por cualquiera de las dos opciones de declinación anticipada, a 4 0 5 años, el el impacto económico del cierre del Bloque 43-ITT va desde los $3.171 millones hasta los $4.544 millones.
Pero, el Gobierno de Noboa sugiere que la declinación natural, donde el cierre de los pozos tomaría hasta 13 años, es la menos costosa y perjudicial para el país.
«La propuesta de reducir progresivamente la producción del Bloque 43-ITT con declinación natural del campo, presentada por Petroecuador, genera una brecha positiva para las finanzas públicas. Efectivamente, en el escenario con la declinación natural de la producción hasta el año 2037, la pérdida de ingresos en el periodo septiembre 2024-diciembre 2029, asciende a $2.198 millones »
Y de ahí vendrían otras acciones para completar el abandono total del área petrolera ubicada en el Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.
Los estudios y actualización de la licencia ambiental se iniciaron en septiembre de 2023, tras los resultados de la consulta popular, y se extenderán hasta 2025.
3.- Entre enero y julio de 2024, aún antes de que se empiecen a cerrar los pozos del ITT, los ingresos petroleros al Presupuesto General del Estado (PGE) cayeron más del 15%. Así, pasaron de $991 millones entre enero y julio de 2023 a $838 millones entre enero y julio de 2024.
La baja producción petrolera, con el aporte todavía del ITT, contribuyó a que, incluso con el aumento de impuestos, se registrara un déficit real (más gastos que ingresos) de más de $1.300 millones, según un reporte del Observatorio de la Política Fiscal.
En este escenario, de acuerdo con Raúl Álvarez, economista y consultor en el sector petrolero, recalcó que la salida del ITT, aunque se haga de manera paulatina, generará un golpe en el bolsillo de los ecuatorianos, en la calidad de los servicios públicos y en las posibilidades de inversión.
» En los próximos 5 años, el déficit público podría aumentar hasta en $2.275 millones adicionales. Es decir, se tendrá $2.275 millones menos para obras, mejoramiento de servicios y gastos prioritarios como salud y educación. Además, en promedio, el ingreso de los ecuatoriano se reducirá en casi $7 cada mes», acotó Álvarez.
4.-Según la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Mogollón, el Gobierno de Noboa prepara un ambicioso plan con el que busca aumentar la producción petrolera de Ecuador, a través de una inversión privada por $41.500 millones en los próximos años.
Esto incluye la ronda de los bloques petroleros 16 y 67 ($300 millones); ronda suroriente ($20.000 millones); y ronda Offshore ($12.000 millones), entre otros.
Sin embargo, la atracción de inversiones está seriamente golpeada por la falta de políticas claras y ahora por el cierre de un bloque petrolero productivo (ITT). Álvarez recordó que no existe precedente a nivel mundial de cerrar un campo petrolero que está en plena expansión y producción.
» En el país no están actualmente ninguna de las grandes empresas petroleras a nivel mundial y las inversiones se siguen yendo a otros destinos de la región. Ecuador ni siquiera sale en la planificación de la expansión en América Latina de las grandes petroleras para los próximos años», aseveró.
El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, incluso ha llegado a anunciar que se busca concesionar el campo Sacha hasta finales de 2024; pero Ecuador es visto como una economía con poca, e incluso en algunos casos, nula seguridad jurídica. El cierre del ITT complica aún más el panorama, aunque se lo haga de manera paulatina hasta en 13 años.
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5.- Para compensar la pérdida de la producción petrolera del ITT y la no llegada de alrededor de $1.200 millones anuales de dólares fresco a la economía (exportación de crudo), se debería plantear alternativas en donde se genere nueva producción (que aumente el PIB del país) y que genere divisas para que exista más circulante.
Sin embargo, desde sectores como los Yasunidos, avalados por una decena de economistas, lo que se ha propuesto es «ahorcar» más a los pocos que producen formalmente y pagan impuestos en el país para, de manera contable y fiscal, cubrir la brecha de ingresos en el Estado; pero sin generar más riqueza.
Así, entre otras medidas, se establece la reducción del gasto tributario (que en más del 70% va a beneficios sociales como IVA 0% en alimentos básicos); impuesto al patrimonio permanente para sociedades y personas naturales; incremento de la tasa de impuesto a la renta para grupos económicos; focalización del subsidio al gas de uso doméstico; e impuesto vehicular.
Como ya ha analizado LA HORA, si se mantiene un Estado que debe sobre regular a los privados para financiarse (esto incluye los impuestos), el resultado, de acuerdo con Matthew Carpenter-Arévalo, emprendedor ecuatoriano-canadiense, es un mercado laboral y una economía mayoritariamente informal.
“Por eso, cuando vemos lo que sucede en Argentina, más allá de lo que piensas de Milei como persona, es difícil no estar de acuerdo que la sobre regulación asfixia la creación de empleo y, por ende, profundiza la pobreza”, dijo a través de su cuenta de X.
Además, Carpenter-Arévalo añadió que, en una economía, la capacidad de un gobierno de extender beneficios sociales depende de la capacidad productiva del país. Cuando el gobierno sobre regula la actividad económica, lo empuja al sector informal.
Así, lo que supuestamente no se paga en los servicios públicos, realmente se paga con creces en la forma de informalidad, bajo crecimiento, ineficiencia y burocracia. (JS)