El ministro de Economía, Pablo Arosemena, defendió la iniciativa del actual Gobierno frente a los jueces de la Corte Constitucional.
Este 6 de junio de 2023, se desarrolló la audiencia para iniciar el trámite del primer decreto ley emitido por Guillermo Lasso luego de la muerte cruzada.
Ese decreto, que incluye una reforma tributaria para bajar el pago del impuesto a la renta para más de 98% de los contribuyentes, fue defendido por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante una audiencia pública con la presencia de todos los jueces de la Corte Constitucional (CC).
Uno de los principales temas de debate estuvo relacionado a si la reforma tributaria tiene carácter de urgente en materia económica.
Al respecto, el ministro Arosemena detalló cinco razones que le dan ese carácter de económico urgente a esa iniciativa de ley:
1.-Inyectamos dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas ($196 millones) para contrarrestar una potencial desaceleración económica.
2.- Contribuyentes evidenciarán menor descuento del Impuesto a la Renta en su rol de pagos desde el mes siguiente.
3.- Se simplifica el sistema tributario para pequeños emprendedores que no pagan un impuesto justo. Se genera progresividad.
4.- Se beneficia a 340.000 familias, medio millón de microemprendimientos, 100.000 transportistas urbanos y 500.000 artesanos.
5.- Se cierran huecos discrecionales que debilitan el sistema tributario. Se implementa impuesto a los Pronósticos Deportivos y se elimina exención de IVA para espectáculos públicos.
Arosemena recalcó que “es urgente este proyecto para no detener la senda de reactivación de la microeconomía”.
Por su parte, Daniel Lemus, viceministro de Finanzas, puntualizó que la misma Corte Constitucional ordenó que se cambie el sistema de pago de impuestos para los negocios populares dentro del Régimen de Negocios Populares y Microempresa (Rimpe).
Ese cambio debe estar vigente desde el 1 de enero de 2023, por lo que la aprobación del decreto ley con la reforma tributaria es imprescindible.
“Tomaría tiempo que se posesionen las autoridades hasta noviembre y luego que se establezcan las nuevas comisiones. Es muy riesgoso esperar, porque el nuevo sistema ya debe estar vigente el 1 de enero“, concluyó.
La Corte Constitucional no tiene plazo para dar un dictamen definitivo, el cual puede demorar hasta dos semanas más.
El próximo jueves 8 de junio de 2023, a través de otra audiencia pública, se tratará el segundo decreto ley de Lasso sobre inversiones en zonas francas. (JS)