Los procesos legales abiertos en contra de Jorge Yunda están en los ámbitos electoral, constitucional y penal.
La disputa legal y política por la alcaldía de Quito aún no se define. El proceso avalado por la Comisión de Mesa, conformada por los concejales Santiago Guarderas, Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma, fue impulsado el 22 de abril de 2021 por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.
Ese fue el punto de partida que dio paso a procesos legales de defensa, por parte de Yunda, y de denuncias en su contra, por parte de integrantes del Concejo Metropolitano y de personas ajenas a la estructura municipal.
Hasta este 26 de agosto son 5 los procesos abiertos que debe enfrentar la primera autoridad de la ciudad.
Proceso 1
El 26 de agosto de 2021 se tenía que llevar a cabo la audiencia en la que el juez Ángel Torres iba a tratar la denuncia presentada por Santiago Guarderas en contra de Jorge Yunda por una supuesta infracción electoral muy grave. Esta quedó suspendida debido a que la defensa de Yunda logró recusar a Torres.
Guarderas acusa a Yunda de no haber cumplido la sentencia del TCE que ratificaba su remoción del cargo por parte del Concejo Metropolitano.
Ahora será el pleno del TCE el que se encargue de resolver este proceso. Hasta que ello suceda la referida audiencia se mantendrá en suspenso.
Procesos 2 y 3
Las denuncias fueron presentadas por separado. El 14 de julio, Jéssica Jaramillo, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito y el 6 de agosto, Sara Serrano, en representación del Cabildo Cívico del Centro Histórico de Quito.
Las denuncias hacen referencia al incumplimiento por parte de Yunda a la decisión del TCE de ratificar su remoción del cargo. La decisión del TCE fue publicada el 1 de julio y fue parte de la absolución de consulta que el propio Yunda solicitó al máximo ente de justicia electoral del país y ratificó que el proceso cumplió con todas las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).
En un principio la audiencia estaba pactada para el 27 de agosto, pero, tras la acumulación de causas, se postergó para el 2 de septiembre.
Tras un intento de recusación al juez Arturo Cabrera, la tarde del 25 de agosto no se dio paso a la misma por “improcedente” por lo que este proceso sigue en marcha y se realizará en la fecha antes mencionada.
Las sanciones para este tipo de incumplimientos se encuentran en el artículo 281 del Código de la Democracia que establece destitución del cargo, suspensión de los derechos políticos o de participación y multas económicas. Sin embargo, la decisión que se adopte también puede ser sujeto de apelación.
Proceso 4
Nuevamente Santiago Guarderas aparece en escena. El 10 de agosto interpuso ante la Corte Constitucional (CC) una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que le devolvió el cargo a Yunda el 30 de julio.
Los jueces constitucionales Karla Andrade, Ramiro Dávila y Agustín Grijalva fueron los designados por el pleno de la CC para que estudien si este proceso es admitido o no.
En caso de ser admitido el trámite, el pleno de la CC deberá analizar la pertinencia de darle prioridad o no. Si no es así, el caso demoraría meses en ser tratado.
Juristas coinciden que la decisión que tome la CC pondrá punto final a la disputa de la alcaldía de Quito.
Proceso 5
Para el miércoles 29 de septiembre la Corte Provincial de Pichincha fijó la fecha para el inicio del juicio en el que está involucrado Jorge Yunda y 13 personas más por presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas rápidas PCR para la detección de la Covid-19.
Wilson Lema (ponente), Fabián Fabara y María Guerra son los integrantes del tribunal de la Sala Especializada de los Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito que tratarán el tema.
Por este caso, en el que a Yunda se le colocó un grillete electrónico, también están involucrados Lenín Mantilla, exsecretario de Salud, Juan Vinelli, gerente de la empresa Salumed S.A, Ximena Abarca, actual secretaria de Salud y Linda Machucha, ex coordinadora técnica de la secretaría de Salud.
El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas privativas de libertad por el delito de peculado que van de 5 a 13 años de cárcel. (AS)