Para el Estado ecuatoriano, los hechos denunciados no caracterizan una violación a ningún derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aceptó a trámite y declaró admisible el pedido de investigación de presuntas violaciones a los Derechos Humanos del capitán de Navío de la Fuerza Naval (sp), Rogelio Viteri Ungaretti.
En noviembre de 2001, Viteri denunció supuestos actos irregulares flagrantes que habrían cometido los jefes de Estado Mayor de las tres ramas de la Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación), durante negociaciones viciadas en la contratación de los seguros de aeronaves militares en la sede de la agregaduría de Londres, consta en la resolución de la CIDH de 11 páginas.
Sanciones por denunciar
En el informe de la Comisión, aprobado el 22 de julio de 2015, incluye una versión del oficial -hoy en retiro-donde alega que mientras se desempeñaba como agregado naval y de defensa en Reino Unido (en agosto de 2000) denunció al embajador en ese país información confidencial sobre supuestos actos de corrupción en la administración de recursos públicos por parte de las Fuerzas Armadas.
Y, señaló que en virtud de esta denuncia había sido víctima de sanciones disciplinarias, arrestos, remoción del cargo, privación del salario, obstaculización de ascenso, puesta en disponibilidad y baja militar.
La CIDH concluyó, por ejemplo, que el reclamo del peticionario guarda relación con la falta de protección de un empleado público que expone información que podría evidenciar graves irregularidades en la administración pública o hechos de presunta corrupción, y que alega ser víctima de represalias como consecuencia de su denuncia.
“Ante estas posibles violaciones será necesario examinar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de las obligaciones generales de adoptar las disposiciones de derecho interno…”, agrega la CIDH en su reporte de admisibilidad.
Respuesta del Estado
Por su parte, dentro del proceso, el Estado a través de la Procuraduría General, solicitó que la petición sea declarada inadmisible y argumentó que el peticionario acudió a la CIDH “sin haber interpuesto, ni agotado los recursos de jurisdicción interna y sin demostrar la razones por las cuales estos eran inefectivos para resolver su situación jurídica”.
Asimismo, para el Estado, los hechos denunciados no caracterizan una violación a ningún derecho consagrado en la Convención Americana, e invocó la Constitución vigente desde el 2008 que incorpora una garantía de ejecución de sentencia denominada “acción de incumplimiento”. “Esta acción constituye un recurso adecuado tendiente a brindar a los ciudadanos, mecanismos adicionales de tutela de sus derechos fundamentales que podrían y deberían ser agotados por el señor Viteri como requisito previo para acceder a la CIDH”.
El Estado opinó, además, el hecho de que este recurso no estaba disponible al momento de presentar la petición no impide “de ninguna manera” que Viteri lo agote en la actualidad para obtener una “justa satisfacción a sus pretensiones sin necesidad de acudir a instancias internacionales”. (SC)
Ascenso simbólico
Juan Pablo Albán, uno de los abogados de Viteri, explicó que en caso de que la CIDH determine que hubo violaciones a los Derechos Humanos, se deberían adoptar “varias medidas de satisfacción”.
Mencionó, por ejemplo, un pedido de disculpas públicas al exoficial a quien no se le permitió culminar su carrera militar, que se le reconozcan los salarios, un ascenso simbólico, etc.
La defensa de Viteri prepara nuevos argumentos de fondo para entregar a la CIDH, y el Estado tiene 4 meses para presentar sus alegatos.
“Cuando un caso es declarado admisible implica que la denuncia satisface todos los criterios formales y que los hechos planteados constituyen violaciones a los Derechos Humanos. Si el Estado no cumple las recomendaciones que le haga la Comisión, el caso podría ir a la Corte Interamericana”, agregó Albán.
El dato
EL DATO En agosto de 2000, Viteri fue designado agregado Naval y de Defensa en la embajada de Reino Unido.