Se presume que motivaron la compra de dispositivos con reconocimiento facial por $2.500 cada uno. Se usan como cámaras comunes, que cuestan $1.000.
Las 119 cámaras de reconocimiento facial que adquirió el Municipio de Quito con un costo de $2 millones no cumplen su función. Se trata del proyecto «Ojos de Dios», que se plasmó a través de tres contratos.
Cada unidad tiene un valor aproximado de $2.500. Estos aparatos debían servir para identificar a un presunto delincuente o persona desaparecida en la ciudad, como parte de una estrategia de seguridad.
Sin embargo, los dispositivos terminaron como cámaras de vigilancia comunes, cuyo valor no supera los $1.000.
Los aparatos no están anclados a una base de datos del ECU911 ni la Fiscalía ni la Policía ni mucho menos al Registro Civil, por lo que no realizan el reconocimiento facial para lo que fueron adquiridas, denunció Fernando Morales, concejal de Quito.
Este no es el único hecho irregular que se desprende de la compra de estas cámaras de vigilancia.
En los hechos previos y posteriores para la adquisición de los equipos hay indicios de actos ilegítimos que comprometerían al alcalde de Quito, Jorge Yunda; a su hijo, Sebastián Yunda; su sobrino, Cristhian Hernández Yunda, así como a funcionarios y allegados.
Operativos para identificar hechos de corrupción
La Fiscalía General del Estado ejecutó la madrugada de ayer 18 allanamientos en Quito y Guayaquil. Hasta el momento hay seis detenidos, entre ellos, Hernández Yunda, el empresario chino Yilong Wang (directivo de la Cámara Ecuatoriana China) y la esposa de este.
Además se intervino la Empresa Pública de Seguridad (EM Seguridad) y el domicilio de Sebastián Yunda.
Estas intervenciones son producto de un análisis de los chats personales de Sebastián Yunda, filtrados hace varios meses. En los mensajes se identifican patrones de acuerdos empresariales para que se suscriba el contrato.
Una investigación publicada por por portal de noticias Código Vidrio señala que la firma Andeantrade es mencionada en los chats entre Sebastián Yunda, su tío César Yunda, funcionarios municipales y dos empresarios chinos, que cabildeaban para que las cámaras fueran de la marca Hikvision.
El primer proceso de compra de 78 cámaras se firmó el 4 de octubre entre el Gerente de Emseguridad, Adrián Haro, y Mónica de Lourdes Díaz Tuguminago, representante legal de Andeantrade.
Poco después, el hijo del Alcalde alertó a su tío por WhatsApp que el valor fue cancelado.
Sebastián y César intensificaron las conversaciones con los empresarios chinos en donde hablaron del pago de comisiones y reuniones con proveedores de equipos tecnológicos.
Otras personas mencionadas
Mónica Díaz, quien firmó el primer contrato como representante legal de Andeantrade – resumió Código Vidrio- fue postulada por Megasupply para integrar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Municipio de Quito, en representación del sector productivo.
El 15 de mayo de 2020, Megasupply ganó el segundo contrato de Emseguridad para la provisión de 49 cámaras de reconocimiento facial y 76 fijas, por $1,1 millones. Adrián Haro, gerente de Emseguridad, firmó el acuerdo con Kléver Godoy Cevallos.
Información sobre la compra de cámaras
La Secretaría General del Concejo Metropolitano también manifestó su preocupación sobre el contrato de las cámaras.
A través de la Resolución N° 014-CSC-2021, Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, solicitó a la Secretaría de Seguridad y a la Empresa Pública de Seguridad (EM Seguridad) «toda la documentación relacionada con los procesos de adquisición de las cámaras de reconocimiento facial y softwares (…) así como toda la documentación de justificación y motivación que dieron lugar a que cada uno de los procesos se hayan ejecutado».
Este pedido, realizado durante la reunión del 21 de abril de 2021, obedeció a varias inquietudes presentadas por el concejal Santiago Guarderas.
La solicitud exigió también un informe a detalle de la cantidad de cámaras existentes, su funcionamiento y el número de las que se encuentran operativas.
Historial de irregularidades
Andeantrade es una firma que tiene un historial de irregularidades. Una de las primeras faltas cometidas en sus contratos se registró en 2019 y fue advertido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Después de ganar el contrato con Emseguridad, Sercop alertó que Andeantrade realizó una declaración errada dentro de un proceso de contratación.
En este caso se le suspendió por 60 días el Registro Único de Proveedores (RUP), impidiendo su participación en otro proceso.
Tras finalizar la sanción, la compañía volvió a ser observada por presentar un certificado con datos falsos en un proceso de compras públicas en la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil (ATM). Por ser reincidente, a Andeantrade le suspendieron de nuevo el RUP.
Otros procesos sospechosos
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) también fue intervenida este 2 de septiembre. Además se allanó la vivienda y empresa de Gerardo Espinel, amigo personal del Alcalde de Quito.
Stalin Raza, abogado de la empresa Geinco (propiedad de Espinel), aseguró que se dieron las facilidades para el operativo. Sin embargo -dijo- fue una «diligencia desproporcionada».
Estos procedimientos se relacionan con la supuesta triangulación de contratos en favor de Geinco.
El Municipio de Quito, Emseguridad y Epmaps difundieron un comunicado señalando que van a dar paso a todas las diligencias que cumpla la Fiscalía.
La Alcaldía de su lado recordó que el artículo 66 de la Constitución, en su numeral 18 reconoce y garantiza a las personas «el derecho al honor y al buen nombre, así como la presunción de inocencia. Y enfatizó que no existe hasta el momento ninguna resolución firme o sentencia ejecutoriada». (GCA)
El contrato de adquisición de cámaras de reconocimiento facial fue de $ 2 millones