Nueve asambleístas de la Comisión de Fiscalización recomendaron censurar al excontralor Pablo Celi de la Torre. Mañana ingresarán el documento a la Presidencia del Legislativo.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó la noche de este 4 de agosto de 2021 para conocer la posición de los asambleístas respecto a la solicitud de juicio político al excontralor.
Esto luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, rechazará el pedido de prórroga para presentar el informe de juicio político. La razón: la notificación de ampliación de plazos fue enviada por la Comisión de forma extemporánea a la Presidencia de la Asamblea. Esto generó dudas y desconfianza de la Comisión.
Tras una hora de debatir sobre si la responsabilidad de enviar la notificación fue de la secretaría o del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que debió asegurarse que secretaría cumpla su función, los asambleístas empezaron a dar sus posición sobre cuáles causales se ajustan al juicio político de Celi.
Los asambleístas Fernando Villavicencio, Pedro Velasco, Marco Troya (Independientes); María Gabriela Molina, Comps Córdova y Roberto Cuero (Unes); y Soledad Diab (PSC) coincidieron en cuatro de las seis causales para recomendar la censura de Celi.
Mientras que la asambleísta Ana Belén Cordero (Creo) y el legislador Bruno Segovia (Independiente) apoyaron tres de las seis causales. Se distancia de mayoría al considerar que no se logró probar la extralimitación de funciones en el CNE y la interferencia en el proceso electoral, respectivamente.
Las posiciones de los legisladores de la Comisión de Fiscalización serán enviadas este 5 de agosto a la presidencia de la Asamblea Nacional que deberá convocar al pleno del Legislativo para censurar o archivar el juicio político a Celi. (MC)
Las causales aprobadas son:
Incumplimiento de funciones
La Contraloría General del Estado es el ente encargado de auditar a las empresas públicas y privadas que trabajen con recursos públicos. Sin embargo, a criterio de los asambleístas Celi no cumplió este fin. No habría determinado las responsabilidades administrativas y penales en contra la empresa Odebrecht, lo cual impidió ejecutar posibles reparaciones a favor del Ecuador.
Contratos HDC Producciones
El excontralor Pablo Celi de la Torre debía garantizar que se cumplan los requisitos para la firma de contratos con empresas. No obstante, violó la Ley que rige a la Contraloría del Estado al adjudicar un contrato de publicidad en favor de la empresa HDC Producciones de Daniel Salcedo.
Los asambleístas señalaron que la información y testimonios recolectados evidenciaron que Celi no verificó los términos de referencia del contrato y el haber delegado esta función a otra persona, no le exime de responsabilidades.
Extralimitación de funciones en el CNE
A criterio de los asambleístas, el excontralor Celi se extralimitó en sus funciones al recomendar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la eliminación de cuatro partidos políticos, cuando no tenía competencia.
Interferir en la función electoral
Para los asambleístas, la solicitud del excontrarlor Celi de ingresar al software del proceso electoral 2021 constituye un intento de interferencia en el CNE, más allá de que no lo haya logrado. Ninguna autoridad ni persona tiene la competencia de realizar una auditoria en medio de un proceso electoral, precisaron los asambleístas.
Causales desechadas
- Arrogación de funciones del excontralor desde el momento de asumir el cargo de contralor subrogante en reemplazo de Carlos Polit.
- Los casos de desvanecimiento de millonarias glosas por el cual está siendo investigado en el caso Las Torres.
Esto debido a que no era competencia de la Comisión de Fiscalización establecer la legalidad o no del nombramiento y porque hay un proceso de investigación abierto por el caso Las Torres.
Dato:
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, informó que se remitirá a la Fiscalía General del Estado el registro de decenas de funcionarios y ex funcionarios de la Contraloría General del Estado para que se inicie una investigación penal.